Por: Luis Carvajal Basto
No se nos puede olvidar que con este van dos contralores distritales en serie destituidos y sancionados por la Procuraduría, ambos ternados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. ¿Con estas sanciones seguirá funcionando el carrusel? Nada hace esperar que no sea así, a menos que se apruebe una reforma legal.
Hay que decir que la Procuraduría actuó de manera pronta y cumplida, como los ciudadanos pedimos a los organismos de control y justicia, aunque la corrupción en Bogotá no comienza, pero esperamos que al menos a estos niveles en que la sal se corrompe, termine, con este episodio.
La estructura del carrusel comienza con las nominaciones. No ha tenido mucho cuidado ni tino el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al seleccionar a los dos últimos Contralores. Su actuación queda, además, en entredicho si se considera que, de acuerdo a denuncias del Concejal Carlos Galán, la esposa de quien fuera Presidente del Tribunal en el momento de la elección era visitante asidua del Contralor Moralesrussi y resultó favorecida con contratos millonarios en el IDU, episodio que ahora la justicia deberá resolver. Los más interesados en que esto se aclare deben ser los magistrados de ese Tribunal.
La Contraloría General de la República ha debido asumir funciones de la distrital para casos específicos que la opinión ha conocido. Sí tenemos en cuenta lo ocurrido con el Contralor anterior a Moralesrussi, también sancionado y destituido, ¿no podría el actual Concejo solicitar que se evalúen por ese organismo los actos de ese Contralor?
Queda una mancha muy grande sobre la administración de Luis Eduardo Garzón quien debería solicitar que sus actos sean escrutados por la Contraloría General, teniendo en cuenta que el Contralor distrital que le correspondió, antes de serlo era su amigo personal y gerente de sus campañas políticas. ¿Empezaría el carrusel en la administración Garzón, la misma que en sus últimas horas de gobierno adjudicó los contratos de la fase tres de Transmilenio? Garzón tiene la palabra.
¿Qué garantías tendremos de que el mecanismo de la corrupción y las mafias en la política de Bogotá que hace girar al carrusel dejará ahora de funcionar? Urge una actualización del Estatuto Orgánico de tal manera que los contralores sean elegidos por voto popular en fechas diferentes a las de Alcalde y Concejo. De no ser así, los concejales seguirán escogiendo a quien controla la administración y los Alcaldes, a cambio de puestos y contratos, seguirán determinando las actuaciones de las coaliciones mayoritarias que eligen al mismo Contralor, con los resultados que ahora conocemos. La opinión, en general, desconoce la influencia del alcalde en la elección de contralor, la cual es definitiva.
Los ciudadanos aspiramos que se sancione a los corruptos pero es urgente detener el carrusel. Esperamos que el gobierno nacional, en cabeza del Ministro del Interior, se ocupe de lo que ocurre en Bogotá presentando en el congreso la respectiva reforma legal.
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