sábado, 10 de julio de 2010

¿Cuándo almorzamos?


Por: Luis Carvajal Basto
Los funcionarios deben cuidarse de las invitaciones, pero el debate público sobre el llamado “cartel de la contratación” en Bogotá, nos coloca ante una discusión sobre los límites del lobby frente a la Ley. Existen unos parámetros éticos y morales, pero también legales.

Persuadir a otros acerca de las bondades o ventajas de un producto o proyecto que representa un interés, parece una gestión apenas natural e indispensable en la sociedad contemporánea. Está en los fundamentos de la publicidad, por ejemplo. Promover o promoverse se considera un acto legítimo.

Durante muchos años, empresarios, gremios y ciudadanos del común, se han pronunciado frente al Congreso o los gobiernos para proteger o promover sus intereses en el proceso de formación de las Leyes. En Colombia, se recuerdan casos notables, como el de Javier Hoyos, el famoso “Senador 103”, quien por años defendió los intereses de Bavaria y de los consumidores de cerveza con éxito, no permitiendo el alza de sus impuestos.

Las diferencias entre un “lobista” que defiende un interés particular y de quienes pretenden defender el general, funcionarios públicos y entes de control, son del cielo a la tierra. El primero pertenece a la esfera privada, los otros son funcionarios con un desempeño reglado: la Ley explica lo que pueden y no pueden hacer. Ese mismo hecho, hace inútil la excusa de la insuficiente reglamentación del lobby o cabildeo, para explicar algunas conductas.

¿Es un delito o un atentado a la moral y a la ética que un funcionario de control asista a un desayuno? Pues en principio no parece, pero el asunto se complica si tiene carácter privado, si quien lo convoca es un concejal que participó en el proceso de selección del funcionario y si el tercer participante es un contratista cuestionado por el incumplimiento de sus obras.

De acuerdo a lo que se conoce eso es lo que ha ocurrido en el caso del contralor de Bogotá con uno de los señores Nule. La diferencia, otra vez, es que se trata de servidores públicos con impedimentos y obligaciones de Ley. La discusión de si el contralor conocía que iba a encontrarse con uno de sus “controlados” o si se trató de una encerrona de la concejal que invitó, resulta irrelevante luego de conocerse la grabación que implica al congresista Molano y a él mismo.

En todo esto, salvo por la veeduría que ejercen los medios, estas conductas pasarían desapercibidas para una ciudadanía que, como la de Bogotá, paga puntualmente sus impuestos, pero no vigila lo que se hace con ellos. La transparencia es uno de los fundamentos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Antes del auto avalúo y la recuperación de las finanzas de la ciudad, en la Administración de Jaime Castro, la gente no pagaba impuestos, entre otras razones porque dudaba del destino que se les daba.

Por eso llama la atención el silencio de la Alcaldía frente a este asunto, de la veeduría Distrital y del secretario de hacienda, quien debería ocuparse, también, de lo que hacen con la plata que recauda.

La culpa no es del lobby, sino de los corruptos .Las normas y leyes de que disponemos son suficientes para castigarlos. Entre otras, “Cuando almorzamos” es una expresión muy bogotana que se usa para hacerle el quite a un compromiso jarto. No tengamos temor de utilizarla para sacarle el cuerpo a especímenes de cuello blanco que viven como estrato 25 y hacen invitaciones, por cuenta de los impuestos que pagamos.

sábado, 3 de julio de 2010

Ladrones y bufones


Por: Luis Carvajal Basto
La denuncia de Caracol que implica a un congresista y al Contralor de Bogotá, ratifica la función de los medios en las democracias modernas para detener excesos de las ramas del poder. Lo ocurrido obliga a reflexionar sobre la responsabilidad del tribunal que nominó a los dos últimos Contralores. El Liberalismo debe demostrar que no concede patentes a corsarios.

Estamos enterándonos los ciudadanos que el llamado carrusel no comienza con los contratos públicos: en realidad, termina con ellos. Muchas veces se convierte en botín de ladrones, que comienzan su actividad promoviendo candidaturas de quienes disponen de los presupuestos públicos o los controlan para luego “cobrar” el favor.

En el caso del contralor de Bogotá la postulación está a cargo de los tribunales. Los dos últimos han surgido de un proceso de selección del Administrativo de Cundinamarca, ente que postulo para contralor de Luis E. Garzón a quien fuera el gerente de su anterior campaña a la presidencia. Se dirá que no existían impedimentos legales. Éticos y morales, todos. Sobre el desempeño y la gestión de ese contralor, los hechos son conocidos.

La selección de contralor la decide la coalición mayoritaria del concejo.También define quien será personero. Esos concejales, quienes deben ejercer el control político sobre la Administración, tienen una responsabilidad tan grande como la de los Magistrados que postulan inicialmente la terna. La citación en este caso a los implicados, es lo menos que pueden hacer, pero debemos recordar que en el pasado debates similares han terminado poco menos que en nada.

Extraña en este caso que el tribunal no se pronuncie como cuerpo, sobre los delicados hechos que involucran al candidato que seleccionó, como tampoco lo hizo con el Contralor anterior. La ciudadanía espera que lo haga.

Quienes se ven involucrados en escándalos de corrupción generalmente adoptan la estrategia de dilatar y posponer; a que la veeduría que ejercen los medios baje la guardia, a que del asunto no se ocupe la opinión para “manejarlo”, a que los robos contra el patrimonio de todos queden impunes.

Vale recordar lo que ocurrió la semana que pasó cuando un tribunal del Partido Liberal citó a los comprometidos para "escucharlos” (al parecer la grabación no es suficiente).Ninguno asistió. No han sido suspendidos ni sancionados.

En contrario, llama la atención que el señor Molano acudió por cuenta propia a la Corte Suprema para solicitar que se le investigara. Como si no existiera la denuncia pública de la cadena Caracol. Como si millones de colombianos no hubiésemos escuchado la grabación que le compromete y que se podría asimilar a una involuntaria confesión o una cátedra de presiones y trampas. Más parece una burla y desafío a la ciudadanía y a la Corte.

¿Se convertirá esta denuncia en un “periódico de ayer”? La Corte Suprema, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el concejo y el tribunal del Partido Liberal tienen ahora la responsabilidad y la palabra.