lunes, 28 de noviembre de 2011

Después de las marchas estudiantiles



Por: Luis Carvajal Basto

¿Por qué es necesaria una reforma al marco legal de la educación superior?

El tema de escasez de recursos, objeto de estudio de la economía, se ha situado en el centro de la discusión en el proceso de reforma, lo que es natural si tenemos en cuenta que dos tercios de la población en edad de estudiar están por fuera del sistema, convirtiendo, de alguna manera, a los estudiantes en marchantes “privilegiados”.
La discusión ha sido propicia para cuestionar matices del gasto público, como la parte de ingresos que gastamos en combatir el narcotráfico y el conflicto interno y replantearnos si está llegando el momento de transferir algunos puntos del PIB, dedicados a otros menesteres, al sector educativo. Es lo que dicen muchas pancartas que portan los estudiantes que  recuerdan como se ha abierto  una caja de pandora,  con limitaciones y  sesgos ideológicos o políticos,  que a nadie deben extrañar.
No hemos visto pancartas condenando la evasión o  pidiendo la modernización del sistema de impuestos, que es de donde salen los recursos y, muy pocas, la corrupción o las maneras en que se los roban. Vale reconocer que en estos casos, la iniciativa ha sido toda del gobierno, preocupado legítimamente porque la plata no alcanza.
Por estar centrados en el tema de recursos, hemos dejado de lado otros importantes, como que la educación superior no es una isla con respecto a la sociedad, el mundo y el mismo sistema educativo.
Llama la atención que, en el discurso de los estudiantes, se escuchen pocas reflexiones acerca de la manera en que el sistema debe recoger los cambios tecnológicos, situándose, por el contrario, muchas veces en contravía, al menospreciar la formación técnica y tecnológica e ignorar y descartar, casi por principio, la incorporación de nuevas tecnologías que maximizan los recursos   y permiten acceder, en tiempo real, a lo último del conocimiento , a su difusión y aprendizaje de forma sencilla , económica y, a veces, lúdica.
Un concepto “revolucionario”, sin duda es la masificación de internet o el derecho de todos los ciudadanos a su acceso. No deberían, por ejemplo, concederse  nuevas licencias de construcción, si no se  garantiza el acceso a la red. Extrañamos pancartas.
La incorporación de nuevas tecnologías reduce los tiempos para fortalecer áreas como matemáticas y bilingüismo, existiendo estudios en profundidad que confirman su rendimiento por encima y complementando actividades presenciales, lo cual permite potenciar  la infraestructura educativa. Estos criterios son ciertos y útiles para los estudiantes, siéndolo también para la capacitación de docentes. Podría ser un punto de partida para consensuar cualquier reforma.
La modernización del marco legal de la educación superior es una necesidad, si se observa solamente desde el punto de vista de la agregación de nuevas tecnologías y la manera en que la sociedad, las unidades productivas  y las formas de acceder al conocimiento se han transformado.
Una mirada al concepto de calidad nos confronta de nuevo con la realidad y el rumbo de la sociedad, sin descartar el problema grave de cobertura que tenemos. Son sinónimo de calidad laboratorios, prácticas, currículos adecuados, buenos salarios  y alta  formación de  docentes,  intercambios  etc. Pero también los son, pertinencia y perfiles profesionales. En esa dirección, los gremios, sindicatos y  asociaciones científicas pueden incorporarse mejor al sistema educativo. Su participación debe reglarse ¿Será privatización?
La quimera del emprendimiento tiene límites y luego de años de esfuerzo de las familias no podemos continuar ofreciendo como realización  profesional apenas expectativas o desempleo. Un salario mínimo profesional real garantizado es un reclamo apenas legítimo que debe incorporarse en una reforma educativa. También, sin menoscabo de la autonomía universitaria,  reglas  actualizadas, mejor  remuneración y  condiciones de trabajo dignas para los docentes universitarios, en centros públicos y privados, que deben estandarizarse y reglarse mediante Ley. A trabajo igual, salario igual. 
Una vez abierta esta “caja de los truenos” en que se ha convertido el proyecto de reforma a la educación superior, lo que sigue, sin perjuicio de las marchas estudiantiles que, debemos reconocer, han sido menos violentas, más divertidas y, publicitariamente, más productivas, es la reglamentación y mecanismos para consensuar  lo que sea posible  sacando  adelante una reforma indispensable.
Los estudiantes han logrado atraer la atención pero estamos en la hora de escuchar sus propuestas en positivo, ojalá  inteligentes, realizables, creativas y receptivas. Estamos, justamente, en el momento en que marchar no es suficiente.

lunes, 21 de noviembre de 2011

Tarjeta roja para tres gobiernos



Por: Luis Carvajal Basto

La crisis actual lleva nuevos protagonistas al manejo de esos estados, pero atención: se está transformando también la democracia.

Con la derrota del PSOE en España, a manos de los conservadores del PP, van tres gobiernos que “caen” en las últimas semanas en Europa, luego de Grecia e Italia. Todo parece indicar que el efecto dominó,  el que “tumba” presidentes, seguirá próximamente en la Francia de Sarkozy, quien, según las encuestas, sería reemplazado por F. Hollande, candidato socialista. ¿Qué será lo que ocurre cuando, independientemente de su color político y las fórmulas aplicadas para resolver problemas similares, el común denominador es la impopularidad, el desgaste y la pérdida de credibilidad en los gobiernos?

Por supuesto que existen diferencias de matices, pero los problemas son, básicamente, los mismos: desempleo, desajuste de ingresos y gastos del estado o deuda e inconformidad, debiendo añadirse una dosis grande de desencanto, frustración e indignación que ha surgido como un problema global y no encuentra respuesta en los partidos políticos. En un mundo interconectado, la cosa es tan delicada que un gobernante irresponsable en Grecia, al convocar un referendo nacional, un asunto de “soberanía”, puso al mundo patas arriba.

La palabra de moda es, otra vez, desconfianza, pero no solo de los ciudadanos del común hacia los gobiernos sino de los inversionistas y empresarios que ha puesto a las bolsas en todo el mundo en un movimiento oscilante, a veces diario, dependiendo de los anuncios que se hagan. Podemos llamarle, en adelante, el efecto yoyo de esa desconfianza y el cual genera, entre otras cosas, grandes utilidades a los especuladores que aciertan en el funcionamiento del “modelo”.

Si algo es cierto en esta situación, es que ha sido la falta de intervención del estado  responsable de la burbuja financiera que está en el origen de la actual crisis. Sin embargo, no lo recuerdan así los electores que en España han votado, mayoritariamente, una propuesta que, claramente, está en favor del adelgazamiento del gobierno y la reducción de su capacidad de injerencia.

Puede ser que los ciudadanos del común no se encuentran suficientemente informados y no saben cosas como que el desempleo en España está relacionado con el crecimiento económico y el empleo en China y que muchos empresarios, que no le creen al gobierno y reclaman menos reglas, prefieren encargar sus producciones en un país en que la mano de obra es barata, las normas ambientales laxas y la productividad, así como las utilidades, alta.

En gracia de discusión, pongamos que el nuevo gobierno logra disminuir los controles ambientales, las reglas estatales y los salarios al punto de generar empleos comparables con los de su competencia China: ¿Aceptarían los españoles una forma de competitividad basada en empleos precarios? Resulta difícil esperar un incremento de su propia productividad a niveles comparables con las ventajas que obtienen  al producir en Asia o por encima de ellos, para ofrecer  mejores salarios, así que lo que se puede esperar, hacia el futuro, es el aumento del desencanto y los indignados. La paradoja es que un Rajoy casi sin proponer, demolió a unos socialistas que, desde el gobierno, casi sin gobernar, no fueron consecuentes con su propio discurso.

Ayer, el columnista Moisés Naim recoge una fórmula que por difusa, no es menos interesante, como punto de partida para detener o, al menos, entender este difícil momento: sugiere globalizar la política y hacer más locales las finanzas. El asunto no es tan simple porque están comprometidos las instituciones  y el régimen político, incluyendo los medios para ejercer la política. Una pancarta en las recientes movilizaciones en España, sintetiza bien la cosa dice: “plazas, urnas, votos, redes, tic´s”. Se está transformando la democracia. Diríamos que, de hecho y como consecuencia del desarrollo tecnológico, la política da pasos, o saltos, hacia su globalización.

Una situación parecida a la de España, afronta el presidente Obama en los Estados Unidos, quien lucha para no entrar en la lista de damnificados en esta época de desbarajuste para los gobiernos ¿Cuánto tardaremos para darnos cuenta  de que sin unas reglas mínimas en la globalización son los ciudadanos del común, en todas partes, primeros y últimos perdedores? No es solo un problema ideológico, es uno de administración, aunque quienes votan no se den por enterados, por estar ocupados buscando un empleo, ni la mayoría de partidos, por invertir sus esfuerzos, casi exclusivamente, en acceder a los presupuestos públicos, mientras la credibilidad del sistema político, el andamiaje institucional y las economías se derrumban.

lunes, 14 de noviembre de 2011

Estudiantes y papayas



Por: Luis Carvajal Basto

La reaparición del movimiento estudiantil en Colombia se puede deber a un sin número de razones, sin descartar la manera inercial en que el problema fue escalando hasta llegar al propio Presidente.

Si necesitábamos una lección acerca  de la complejidad de la terea de gobernar, un buen ejemplo es lo que ocurre con las protestas estudiantiles: no estaba en  las agendas, los presupuestos, los planes de desarrollo, los de reforma del Estado etc., pero tampoco en el proyecto de Ley  que sirvió como motivo de discordia. Al igual que muchos otros problemas de gobierno resulta difícil preverlos, reglarlos por anticipado o modelarlos matemáticamente. En ellos, la incertidumbre es alta  y es seguro que a la propia ministra jamás se le ocurrió que el problema terminaría prácticamente desbordándola, debiendo el Presidente intervenir.
No está en discusión quien  tiene la razón, estando claro que si dos tercios de la población en edad de estudiar no pueden acceder a la  educación superior, al gobierno corresponde buscar la manera de que puedan hacerlo, en un escenario en que el límite son los recursos disponibles. Pero ese no es solo un problema del gobierno sino de la sociedad en general y también de los mismos estudiantes. Por otro lado, existe consenso   en que la Ley 30, como muchas otras cosas en el sector educativo, requiere  actualización. Una Ley de educación superior es, en realidad, una oportunidad inmensa para debatir, de manera propositiva, los problemas del sector y también sus posibilidades. Un motivo de integración en lugar de uno de discordia. Una ecuación  sencilla puede ilustrar la dimensión del asunto: los cambios en veinte años  de expedida la Ley deberían ser, al menos, iguales al tamaño de las reformas necesarias.
¿Debe derivar un debate de ese tipo en una confrontación? No necesariamente. Tenemos ejemplos en el pasado reciente, como los surtidos con los planes decenales de educación. Una primera lección es que sin al menos un ejercicio de análisis prospectivo, teniendo en cuenta actores e intereses, ni este gobierno ni ninguno debería embarcarse en un tema tan sensible. Ni hablar de la participación y la búsqueda anticipada de consensos.
La  llegada de una ejecutiva de éxito en el sector empresarial al ministerio fue una buena idea del gobierno del presidente Santos. Por años se ha reclamado una mejor vinculación entre el sector privado y la Universidad, para “sacar” a esta de su enclaustramiento y conectarla con una realidad cambiante que define perfiles profesionales, currículos, contenidos  y, también, empleos. Sin embargo, los temas del sector educativo  son más complejos e involucran a un movimiento estudiantil que hoy puede estar y mañana no, pero en ningún caso se puede desestimar que es, un poco, lo  que reclaman los estudiantes.
No se puede culpar a la ministra de “resucitar” al movimiento estudiantil, por las mismas razones por las que  no tiene una connotación negativa que los estudiantes se movilicen, que son las mismas por las que el presidente ha dicho que si fuera estudiante les  acompañaría. Pero no se puede negar que, aparte del talante democrático del alto gobierno, que ha observado con un sentimiento paternal las marchas, hemos tenido algo de ingenuidad en el proceso de convocatoria para discutir la reforma, lo que tampoco descalifica su necesidad e importancia.
Que el movimiento estudiantil trascienda el escenario educativo no es una posibilidad sino un hecho cumplido, luego de la intervención del presidente, con un elemento adicional: salvo por los políticos de oficio que llegaron o trataron de llegar a la marcha del jueves no en Transmilenio sino en paracaídas, pareciera que este no es un tema de los partidos y movimientos, ampliando una brecha entre los ciudadanos y los instrumentos que proporciona la democracia para saldar las diferencias de opiniones e intereses, es decir, la política, que, lamentablemente, es entendida por muchos solo como el acceso y distribución de los presupuestos públicos.
En síntesis, en las marchas, en el origen del asunto y en la metodología utilizada para convocar y ambientar la reforma,  pueden faltar consensos e ideas  en positivo para mejorar nuestro sistema educativo, nada que no se pueda resolver, pero nadie puede negar que se sirvieron generosas porciones de papaya.

lunes, 7 de noviembre de 2011


Bogotá y el nuevo alcalde

Por: Luis Carvajal Basto

Podríamos recordar ahora, sin los apasionamientos propios de la competencia electoral, que se trata es de administrar una inmensa ciudad y no de hacer discursos.

Gustavo Petro llega a la alcaldía en un momento crítico de su administración, atribuible no solo a los escándalos de corrupción conocidos y a los que falta por conocer, sino a la obsolescencia de su marco legal y de gestión: el estatuto orgánico, expedido por el presidente Gaviria en la administración de Jaime Castro,  está por cumplir 20 años, periodo en que su presupuesto pero también sus problemas se multiplicaron.
Con esa norma, que otorgó rango Constitucional a la administración de la ciudad y definió su especificidad territorial, se hicieron cosas importantes para facilitar su gobierno, estabilizar sus finanzas, reglar sus relaciones con la nación y hasta recoger sus basuras dando un estatus firme a la descentralización y a la participación ciudadana en la gestión pública, a través de veedurías,  presupuesto y competencias a las localidades.

Entonces Bogotá era una ciudad que comenzaba a salir de una crisis diferente a la de hoy: recordemos que un número importante de concejales y el mismo alcalde se encontraban en la cárcel y sus finanzas eran un desastre. Estaba arrancando apenas el auto avalúo que partió en dos, para mejorar, la historia de nuestra hacienda pública. Después de ello, la ciudad tuvo recursos y los bogotanos se acostumbraron a pagar impuestos.

Hoy, se puede afirmar que el estatuto orgánico cumplió su cometido para superar ese difícil momento pero se quedó corto ante las necesidades de la ciudad y las nuevas formas de corrupción. También son preocupantes el estancamiento de una descentralización inconclusa y la escasa participación de la ciudadanía en la gestión pública, en forma de muchísimas actividades que pueden desarrollar las comunidades organizadas, y en su control, a manera de efectivas veedurías ciudadanas.

Los anteriores no son asuntos ideológicos sino de administración ¿Alguien cree todavía que la ciudad se puede seguir gobernando, exclusivamente, desde el palacio Lievano? Ni siquiera el IDU está en capacidad de hacer seguimiento a sus obras, de manera eficiente, con el actual esquema. Otro tanto ocurre con inmensos recursos, que podrían potenciarse administrándolos mejor, y con un control independiente y eficiente, luego de dos contralores destituidos y un personero que, en lugar de defender a los ciudadanos, pasa agachado   y ha debido buscar quien le defienda.

Pero también tenemos las circunstancias políticas  que dicen que Petro ganó con apenas el 32% de los votos, en una ciudad en que la participación estuvo un 8% por debajo del promedio nacional, y sus progresistas serán  minoría en un concejo  en que el voto en blanco obtuvo el 18% de los sufragios obtenidos por todos los concejales. 300.000 electores no encontraron en el abanico quien les representara. Hereda el alcalde un patrimonio negativo en el balance político de las fuerzas de “izquierda” y  no acredita experiencia en asuntos de gobierno, un espacio diferente al legislativo y  a ganar elecciones.

La primera tarea del nuevo alcalde es consolidar la legitimidad política de su victoria y la segunda, ocuparse de conformar un equipo con credibilidad  y una coalición mayoritaria antes que lo haga una oposición que aun no le aparece. Esos serán sus primeros problemas de gobierno. La elección de personero y contralor serán una prueba en que, además, conoceremos su verdadero talante.

Pero si le queda tiempo, el factor más escaso en los gobiernos democráticos, con termino fijo y conteo regresivo, se esperaría que el nuevo alcalde se ocupe de los asuntos estructurales de administración en la ciudad y lidere, con el apoyo del gobierno nacional, una actualización de su estatuto orgánico que no puede ir sino en la dirección de desarrollar la descentralización y participación de la gente, tal como lo ordena nuestra Constitución, sin que se cumpla. Claro qué, por otra parte, es la única forma de que esta metrópoli funcione.