El tamaño de la oposición

Por: Luis Carvajal Basto

Se definirán este domingo la magnitud real de la oposición y la situación interna de dos partidos.

A falta de una encuesta en profundidad, no existen elementos de análisis que permitan prever lo que puede ocurrir este domingo en relación a los candidatos que obtendrían mayorías. Ello no quiere decir que las consultas pierdan importancia.

El Liberalismo y el Polo no han transmitido un discurso programático y han hecho girar sus campañas y cuñas en uno anti reelección. Es decir, por voluntad propia, han convertido las consultas en un termómetro frente a una nueva reelección.

El clima político se va a medir teniendo en cuenta los niveles de participación y las preferencias por candidatos. Para ello son fundamentales los antecedentes que le colocan retos al Partido Liberal y al Polo. Para el movimiento Mira, en cambio, todo va a ser ganancia.

El Liberalismo oficial tiene el reto de superar resultados de anteriores consultas. La que ratificó los estatutos en el 2000, 2500.000 votos y la de las presidenciales anteriores, 2.460.000.Si se tiene en cuenta que el censo electoral es ahora de 29.000.000, una votación “aceptable” debería ser al menos del orden de 2.900.000, sumados los diferentes candidatos.

Debe tenerse en cuenta que el transfuguismo hizo arribar al partido Liberal muchos concejales, que los cuerpos locales se juegan este domingo, que bastantes Conservadores participarán, por la cercanía histórica del candidato Pardo con ese partido, lo que haría prever una votación aún mayor; lo contrario, significaría una derrota que podría ocasionar un relevo en el congreso de final de año.

Ya se escuchan voces que cuestionan y deslegitiman, por anticipado, los resultados si son inferiores a las expectativas, como el pre candidato Alfonso López, quien dijo que si el ganador no saca una ventaja contundente no se le debe entregar la dirección del partido.

El Polo, por su parte, tiene el reto de superar los resultados de 2005 cuando obtuvo 1090000 votos. Está claro que los 2600.000 de Carlos Gaviria en las presidenciales recogieron mucho de sectores tradicionalmente Liberales que consideraron “inútil” votar por Serpa. ¿Se repetirá este domingo? No parece probable.

Por el contrario, parece seguro que en ese partido se definirá el pulso entre la “izquierda” tradicional de Gaviria y la de “opinión”, ahora encarnada por Petro.¿ Apoyará este a Gaviria si pierde? O se irá con los trillizos, adonde su amigo Lucho? Mucho dependerá del volumen de votación y de las diferencias.

Las consultas definirán también quien tiene hoy más votos en la oposición, entre el Liberalismo oficial y el Polo. Esto será importante en la conformación de las alianzas para enfrentar al Presidente Uribe, si es candidato, o al de la actual coalición. Vale decir que la llegada de Nohemí Sanín al Conservatismo, con una clara agenda anti reelección, hace factible una próxima ruptura en ese partido.

Estas consultas se realizan en un ambiente político poco claro, por la incertidumbre en la participación en las presidenciales de quien es sin duda el mayor elector: Álvaro Uribe. A pesar de ello servirán también para establecer, junto con el volumen real de la oposición, si la conducta de los electores se asimila al comportamiento mediático, en el cual el Liberalismo oficial parece sacar ventaja sobre el Polo en los últimos meses.

Posdata: Al tiempo que conservadores participaran en la consulta Liberal, muchos Liberales lo haremos en Blanco o no votaremos. La “abjuración” “anti” que debieron hacer los precandidatos es una forma de poner cortapisas a la Libertad, esencia y razón de ser de nuestro partido.

El “partido” de la Corte

Por: Luis Carvajal Basto

La devolución de la terna es un veto y otro “desafío” al fuero Presidencial. La Corte ha tomado una clara postura política, afectando la gobernabilidad y no solo la Justicia. Es una acción reservada a los partidos.

Si llamáramos en Colombia las cosas por su nombre, hace rato la Corte Suprema ha debido reconocer que un roce normal entre las ramas del poder se ha convertido en una posición de principios, con solidaridad de cuerpo incluida, en el ejercicio de la oposición.

La conducta del gobierno, la del Congreso y la de la misma Corte, es diferente a la de sus funcionarios si se trata de mantener o simplemente evaluar el desempeño de las Instituciones. Nadie objeta la acción de la corporación para juzgar y condenar personas que infringen la Ley, con ropaje de congresistas, funcionarios etc.

La devolución de la terna mantiene la interinidad en la Fiscalía y coloca el punto más alto en esta pugna en que ha elegido como contradictores al Gobierno y al Congreso. Debe tenerse en cuenta que el sistema que se cuestiona, sin decirlo, es el mismo que ha permitido elegir todas las altas cortes, incluida la Suprema; el que establece la Constitución. Para este caso, el artículo249 instituye que la elaboración de la terna es una función restringida al Presidente.

¿Qué quiere decir la Corte al devolverla? ¿Está descalificando a los candidatos o entrometiéndose en una esfera reservada al ejecutivo? O, dilatando el proceso al que está obligada expresamente? En términos reales es así y la de dilatar también es una actitud más propia de políticos que de jueces. Es, por cierto, la misma estrategia que la oposición ha asumido en el congreso frente al referendo.

La postulación por parte del ejecutivo que establece la Constitución no es caprichosa y tiene que ver con la armonía que debe existir entre los poderes ejecutivo y judicial, para que la capacidad de acusar y juzgar no dé lugar a exclusivos monopolios ni se distorsione el necesario equilibrio que muchas veces se invoca.

Probablemente sin proponérselo, la Corte Suprema está dando la razón a las voces que se escuchan desde el congreso solicitando otra instancia para el juzgamiento de sus miembros. Se está deslegitimando a sí misma. La interferencia en la elección de fiscal, sin que existan impedimentos legales observables, es intervención política.

Y ese no es el espíritu de la Constitución, ni siquiera el de una versión exegética de esta, lo cual nos llevará por el camino de buscar la conciliación de este tipo de interpretaciones, cargadas de ideologías e intereses, es decir políticas, en la Corte Constitucional que tendrá más trabajo añadido al de resolver la Constitucionalidad del referendo ¿y mientras tanto?

Esta “movida” deja en evidencia que algunos miembros de las altas cortes “coquetean” con el mundo político. Es el caso de ex magistrados como Carlos Gaviria o José Gregorio Hernández que han dejado esa huella en su ejercicio como jueces. Es de esperar que la Corte Suprema reflexione, que conductas o aspiraciones individuales no alteren el desempeño de un cuerpo que además de honorable, que lo es, debe ser imparcial y apolítico y no solo serlo sino parecerlo. Lo contrario ratificaría que la política ha cambiado tanto que ahora se ejerce desde “el partido de la Corte”.

¿Estado sin opinión?

Por: Luis Carvajal Basto

Es una dicotomía falsa contrastar el concepto de Estado de opinión con el de Estado de Derecho. Tampoco se puede gobernar o acceder al gobierno (hacer política) desconociendo a la opinión pública.

La opinión, producto de una sociedad informada, es el coco de los dictadores en las sociedades contemporáneas. Su proceso de formación, siendo complejo, reconoce a la ciudadanía la capacidad de tener criterios, sentimientos o emociones sobre diferentes asuntos, cosa que no gusta a quienes creen conocer de antemano lo que piensan y quieren las personas.

Sin que la Ciencia Política tenga los niveles de precisión de las exactas, dispone de Herramientas que le van permitiendo aproximarse cada vez mejor a las “verdades” de los sujetos y objetos que estudia. Una muy usada, las encuestas, no para “predecir”, sí para “medir”.

Esto, porque una encuesta bien realizada está desde hace bastante fuera de discusión. No se puede gobernar con base en encuestas, pero tampoco se aconseja hacerlo, aunque se puede, sin ellas.

El Estado de opinión no es una forma de organización de la sociedad diferente al de derecho. Es uno que toma en cuenta el sentir de la ciudadanía como insumo para sus decisiones y “medir” el éxito o fracaso de sus políticas públicas. Todo esto en el marco de las Leyes, pero sin desconocer el sentir ciudadano y su voluntad, a veces cambiante.

Reyes y dictadores gobernaron sin tener en cuenta a la opinión. La democracia, basada en ella, permite que los ciudadanos escojan entre diferentes proyectos de gobierno. Resulta elemental conocer las reglas que determinan su formación para acceder al gobierno.¿ A alguien se le puede ocurrir que para gobernar no?

Los formadores de opinión son fundamentales en democracia, en cuanto expresan diferentes formas de interpretar los asuntos de interés público. Pero eso es diferente a que sus opiniones sean acatadas. Es algo similar a lo que ocurre con los medios.

Estudios realizados en diferentes lugares del mundo (también nuestra Constitución), adjudican a estos (incluida la red) las funciones de formar, informar y recrear, limitando su papel a establecer una agenda de temas que se presenta a la opinión pero que también la interpreta.

Para decirlo de manera sencilla su alcance llega hasta a decir “en que” pero no “que” pensar. Debe tenerse en cuenta que opiniones y medios no son el factor exclusivo ni determinante en las decisiones electorales de las personas. Apenas uno más. La pregunta de la revista Cambio en su última edición, acerca del divorcio entre columnistas (La mayoría contra la reelección) y opinión (64% a favor según última encuesta de invamer y subiendo) es “inocente” y no hace sentido.

Tampoco lo hace, acusar a este gobierno o a cualquiera de tener en cuenta a la opinión pública para gobernar. A menos que se quiera usar tal acusación como insumo político. Sería tan inútil como acusarle por “escuchar a la gente” perdiendo doblemente quien acusa.

¿Lo que yo quiero es lo que quiere la gente? ¿Cómo hacer converger mi propio interés con el de todos o la mayoría? Esta no es una pregunta para Rousseau, quien la respondió, sino para quienes hacen política o la analizan solamente con sus propios deseos. Quien gobierna bien, gana. Quien además lo hace con la opinión, acierta.

Posdata:

La corte Suprema cambia su jurisprudencia el mismo día que se define la reelección en el Congreso; a continuación este discute un proyecto de Ley para que a sus miembros no los juzgue la Corte. Si esto sigue ¿Quién dirá la última palabra?¿Será útil saber quien se deslegitimó primero?

¿Vale todo contra el referendo?

Por: Luis Carvajal Basto

La Corte Constitucional no es el Congreso, pero las presiones para que no atienda la solicitud de millones de colombianos que firmaron por el referendo, apenas comenzaron, como ocurrió allí, y tienen el mismo objetivo: presionar o dilatar una decisión.

Las triquiñuelas para ganar o perder tiempo hacen parte hace siglos de las estrategias parlamentarias. A eso han jugado sectores de la oposición para impedir que sea votado y que las mayorías se expresen. De eso se trata.

Pero han pasado cosas peores, desde la coincidencia entre los cambios de jurisprudencia de la Corte Suprema y las capturas y allanamientos a congresistas el mismo día de la votación del referendo, hasta la deformación de la verdad por parte de medios tradicionalmente objetivos.

¿Se habría perjudicado la Justicia si demoran unas horas esas medidas para no intimidar a los congresistas? ¿No se perjudicó más dejando en el ambiente el mensaje de una clara intervención en política? Porque la Corte debe saber que una cosa es el congreso como Institución y muy otra las conductas de sus miembros.

Quienes por años hemos sido lectores de la revista Semana quedamos desconcertados con lo que viene ocurriendo, desde el editorial que fijó postura frente a la reelección, rompiendo una tradición. La semana anterior tituló, a propósito de Bariloche “Colombia aislada”. Además de la declaración final que se explica en sí misma, millones de Colombianos vieron que Colombia no solo sigue en Unasur, sino que el respeto a sus decisiones soberanas fue explicito por la mayoría de Presidentes, como es apenas natural.

¿Aislada de quien? ¿De los Estados Unidos, con quien se firmó el acuerdo?, De la Unión Europea de Sarkozy, Merckel y Zapatero?¿ De los BRICS, incluido Brasil cuyo congreso condenó recientemente, los excesos de Chávez?¿De China y Japón, con quienes tenemos excelentes relaciones y acuerdos vigentes? ¿ o será de la ciudadanía de los países Andinos, en los que según una encuesta reciente, Uribe es más popular que sus contradictores?

Que políticos y politiqueros usen temas de Estado para conseguir sus intereses no es una práctica saludable en ninguna democracia, pero que hagan lo mismo un medio tan importante y respetado y nuestra Corte Suprema, debe colocarnos en alerta para lo que se viene con el referendo en la Corte Constitucional.

Las reglas con que se deslegitima un derecho ciudadano son agredidas sin pudor, empezando por el respeto a los fueros, el de expresarse y participar de los ciudadanos y el fundamental de las mayorías. Aterran llamados claros a transgredirlas, como el que hace el ex Ministro Hommes, ahora calificado vocero anti- referendo, en su última columna, según el cual “No es el momento para ser complacientes con la democracia a la colombiana, ni con la voluntad de las mayorías, sino que hay que pasar de alerta amarilla a alarma roja”.

¿Cuál será la versión de democracia más acorde con los deseos de personas como el ex Ministro?¿Cuál en la que la soberanía popular la ejerzan minorías o predestinados como él mismo?´ ¿y si no es con las mayorías, cuál es la interpretación “correcta” con la que debemos ser complacientes? ¿La “alerta roja” incluye presionar a la Corte Constitucional, como lo hace, a descalificarla, como lo han hecho ya otros o “apenas” a denostar de ella por anticipado, por si acaso reconoce los derechos de millones de ciudadanos que firmaron?

En medio de tanta turbulencia en el ambiente, la Corte Constitucional debe pronunciarse y lo menos a que podemos aspirar los colombianos, firmantes y no firmantes, es a que se respete, de todas las formas y maneras, su fuero. Quienes no quieren una votación, además de un fallo adverso, se conformarían con que fuese extemporáneo. La Corte y el país lo saben.