Ortega quiere más

Por: Luis Carvajal Basto

Las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, según las cuales San Andrés y Providencia también pertenecen a ese país, confirman que el fallo de La Haya es inaplicable.

Las palabras de Ortega son una amenaza pero también una advertencia: algo como decir que si Colombia no lo aplica inmediatamente nos puede ir peor. Ya sabemos que lo mismo ocurriría si lo hiciéramos, lo cual confirma que sus pretensiones pasan por una plataforma continental extendida con 200 millas de mar.
La respuesta de Colombia, hasta ahora, no ha excedido la formalidad de los canales diplomáticos y el derecho, sin descuidar un natural ingrediente político: se trata de obtener tiempo para actuar y restarle presión a lo que, evidentemente, es un fallo incomprensible que además se ha producido en un año preelectoral. Colombia, en verdad, no ha expresado la manera en que el fallo se acatará pero tampoco que no lo va a hacer, lo cual es perfectamente posible.
Este caso es un ejemplo, uno más, de la “desactualización” de un orden jurídico internacional establecido en la posguerra, confrontado con las realidades de la globalización. Sin que implique tomar partido frente a la intervención en Siria, la misma semana anterior, para recordar un evento cercano, el presidente Obama debió consultar a los gobiernos europeos acerca de la necesidad de una respuesta a presuntas atrocidades del régimen Sirio, ante la imposibilidad de hacerlo en el consejo de seguridad de Naciones Unidas, lugar donde los intereses de Rusia y China bloquean cualquier iniciativa. La renuencia de los gobiernos y la opinión pública en Europa y algunos tropiezos en el parlamento norteamericano han impedido, hasta ahora, los bombardeos, pero no el consejo de seguridad.

La realidad política internacional suele superar, ahora muy de seguido, lo que sugieren unos preceptos teóricos e Instituciones construidos en la década de 1940 que, muchas veces, ya no resultan suficientes. Con ello no se trata de incitar a la barbarie siendo, apenas, un reconocimiento de sus limitaciones. Los Estados Nacionales, por estos días, deben recurrir, con frecuencia, a respuestas de corte pragmático, teniendo en cuenta su evidente debilidad que tiene origen en la pérdida de credibilidad en la política y en las dificultades presupuestales. En casi todas partes los ciudadanos no quieren pagar impuestos pero requieren todo tipo de soluciones por parte de un Estado debilitado.

Si asumimos la situación con realismo debemos reconocer que, salvo por el fallo, para Colombia las circunstancias externas no son tan complejas como las internas: El gobierno de Nicaragua tiene un bien ganado prestigio de expansionista y pendenciero que, por ahora, le da réditos en la situación política interna, pero ha motivado también reclamos de Costa Rica y Panamá, sus habitualmente tranquilos vecinos.

Las expectativas de Ortega deben estar fundadas en la solidaridad de los países del Alba con los cuales se puede llevar sorpresas, dados los vínculos históricos, económicos, comerciales etc. de Colombia con Venezuela y Bolivia. En un hecho de diplomacia positiva, la semana anterior, por ejemplo, Colombia negoció con Venezuela exportaciones por más de 600 millones de dólares, a pesar de sus dificultades cambiarias y de pagos. No parece tampoco que la misma Cuba esté dispuesta a “entrometerse” a fondo en unas diferencias entre terceros.

Pero Ortega conoce de las diferencias políticas internas en Colombia, que han ocasionado desidia en la política exterior, y se aprovecha de ellas. Existen, sin duda, “responsables” del fallo, pero no parece el momento indicado para iniciar un juicio de irresponsabilidades. Si Ortega aprovecha nuestra circunstancia preelectoral y el momento de las negociaciones de Paz, no podemos “ayudarle”. Nuestra respuesta no puede ser más que una de Estado y resultaría incomprensible que actores políticos, en otro acto de canibalismo electoral, siguieran usando el fallo para ganar protagonismo o abrirse camino en las próximas elecciones.

Herejesyluis
Posdata: La noticia según la cual la asamblea de San Andrés sugiere reclamar la costa de mosquitos, perteneciente a Colombia hasta 1830 y lugar en que, por cierto, sus habitantes viven, lamentablemente, en peores condiciones que nuestros compatriotas, es una consecuencia de la actitud desaforada del presidente Ortega.

Santos: todo por la Paz

Por: Luis Carvajal Basto

Luego de los paros y una mala encuesta, el presidente, con el revolcón ministerial, reafirma su rumbo social hacia la Paz. Pero el nuevo gabinete no es, y no podía ser, una respuesta a esa encuesta.

De acuerdo con lo que ocurre en Colombia por estos días, medido por la última encuesta, podría parecer que reelección y proceso de Paz son incompatibles. El ambiente de pesimismo que van dejando los paros se  ha notado; también la tardía reacción de los ministros que fueron cambiados y la percepción de la gente, dejando en el aire la pregunta de si será su propia reelección el precio a pagar por el presidente para conseguir la Paz.

La mala situación de nuestro campo está fuera de discusión, así como la falta de respuesta del Estado, un acumulado histórico que compromete varios gobiernos, a los problemas del agro. Si bien los campesinos no han logrado constituirse en un interlocutor unificado y no es factible pactar acuerdos con cada grupo que realiza bloqueos, también lo es que no tenemos una idea cierta de la magnitud de esos problemas porque no hemos podido realizar un censo agropecuario, la primera herramienta de utilidad en este caso. No disponemos de una medición reciente de la realidad  que valide y sugiera políticas.

Lo que ha llamado la atención es la “gavilla” que, dada su uniformidad, todos a una, se ha armado, en la práctica, contra el gobierno y el proceso de Paz, lo que haría parecer  Paz y reelección como objetivos incompatibles. La respuesta de Santos fue un gabinete regional, capaz y con experiencia, sintonizado con la Paz, dejando en el ambiente que  la antepone a la misma reelección. Pero eso sería una lectura equivocada, partiendo, como se hace, de un presupuesto falso, según el cual las circunstancias actuales se mantendrán hasta las elecciones.

La respuesta presidencial parece fuera de cálculos electorales, pero ni los más enconados opositores anticipan la reacción de la opinión a los resultados de un proceso en que el presidente se ha jugado del todo, mientras recibe varapalos, por encima y por debajo de la mesa, de sectores que han compartido gobierno tanto como de sus detractores  políticos y de las FARC, que también bloquean las vías, dejando al gobierno como un emparedado. Para el presidente es el peor de los mundos, pero eso será hasta que se firmen los acuerdos o el proceso se cancele y  sustituya, como quieren muchos, por la opción puramente militar. En los dos casos las agujas de las encuestas girarían.

El  renovado  equipo de gobierno tiene muy poco tiempo para conseguir sus dos principales objetivos: reelección y éxito en el proceso de Paz. Las elecciones se acercan y vale recordar que, en política electoral, pasado y futuro son, apenas, insumos del presente. De nada vale denunciar la gavilla que trata de poner de acuerdo a quienes le culpan de todos los problemas  acumulados del país en todos los tiempos (San Andrés, situación del campo, empleo, inseguridad etc.). Aquí lo que cuenta  es la verdad que la opinión, que votará y refrendará los acuerdos, si los hay, considera. Para ello, el gobierno debe pasar de “padecer” la agenda, de la que la opinión se ocupa, a proponerla, situarse a la ofensiva y no solo como atajador de paros y ataques que, por estos días, le llueven.

El  reto inmediato que debe afrontar  es la respuesta a los pequeños campesinos garantizando precios de sustentación a sus cosechas (¿Un IDEMA público-privado?) como cuota inicial de una nueva política agraria y atender de manera competente las  reclamaciones de los Maestros, enfatizando el talante social de sus políticas. El segundo es comprender que  aunque la Paz tenga sus más inmediatos efectos en las regiones, el escenario electoral de 2014 lo definirán las grandes mayorías urbanas, incluidas las que no encuentran representación en el Congreso. Es a ellas a quienes debe explicarse (porque no la han padecido tanto como nuestros compatriotas del campo) que esta guerra, narco, absurda y fratricida, no puede durar para siempre y que eso está por encima de egos, intereses personales y otras  consideraciones.

@herejesyluis

Otro si: Sabemos que el futbol tiene sus propias reglas, pero el penalti que se inventó el árbitro en el último minuto del partido Millos-Chicó fue un “asalto” del que pudimos ser testigos, en vivo y en directo, millones de televidentes.

Papas explosivas

Por: Luis Carvajal Basto

¿El campo colombiano era diferente antes de los TLC? El “limbo” político a meses de elecciones.

Colombia ya no es un país predominantemente rural salvo por la extensión (94%) de sus campos sub utilizados (23% de la tierra laborable). En ellos sobreviven  menos del 20% de nuestros compatriotas (en 1938 era el 70% y en 1993 el 31%) que generan el 12% de lo que producimos. Ese campo, por décadas, ha sentido, en primera persona, el impacto de narcotráfico y violencia que han propiciado, en muchas regiones del país, una reforma agraria invertida con el desplazamiento  forzado de millones de compatriotas y la concentración violenta de gran parte de la tierra.

Pero, históricamente, la mala situación  de los pequeños campesinos no puede imputarse a los TLC. “El paro agrario no lleva doce días sino cincuenta años” dijo, con razón, Aurelio Iragorri, el funcionario del gobierno que le ha puesto la cara. Esa mala situación, vale recordar, sirvió como argumento para el nacimiento de las FARC y el E.L.N en los 50s y 60s y, más tarde, de los paramilitares. Por otra parte, aunque durante ese periodo el nivel de vida de nuestros campesinos ha mejorado, indiscutiblemente, ya era pobre en las épocas del peso devaluado, lo cual impide endosarla a su revaluación.

Desde un punto de vista práctico ¿Podrá competir esa pequeña producción campesina, detonante de los paros, con importaciones de productos más competitivos y/ o subsidiados? Sin TLC no lo hacía y ahora depende más de su capacidad, la del gobierno y empresarios del campo para adaptarse a nuevas tecnologías, productividad, vías, insumos etc. No se trata solo de normas para limitar importaciones que solo incrementarían el contrabando en ausencia de competitividad.

¿Podemos dar marcha atrás a los TLC? Difícilmente. Pero claro que se pueden aplicar salvaguardas, garantizar la compra de la pequeña producción campesina (¿Resucitar al IDEMA?) y aplicar su letra menuda hasta donde sea posible. ¿Es deseable? No parece, porque la globalización no es una opción sino un hecho tecnológico, económico y político aunque los coreanos del norte digan lo contrario. Otra cosa es la necesidad de estructurar, desde el gobierno y con la gente, un nuevo modelo agrario que nos haga más competitivos. De nada sirve añorar una  estructura agraria pre capitalista.

Por otra parte, atentos a la amenaza de enfermedad holandesa, vale la pena intentar sumas y restas. La importación de alimentos y otros bienes beneficia, aunque no sea en pleno paro popular decirlo, por la vía de la reducción de costos, a la población en general. Permite controlar la inflación y reducir los precios de la producción interna. Debemos tener en cuenta que Estados Unidos y Europa están apenas saliendo de una recesión que no durará para siempre.

No se trata de un discurso político o una propuesta ideológica. Hace más de doscientos años en el parlamento inglés se produjeron los primeros debates sobre el tema hasta que David Ricardo lo resolvió, a favor del comercio, con la demostración matemática de su teoría de las ventajas comparativas que hasta hoy se mantiene, científicamente, imperturbable. Otra cosa es la necesaria  intervención del Estado y  la particularidad de nuestros tratados: aunque el equipo negociador ahora  guarde silencio, muchos piensan que los TLC significan Todo Lo Cedimos. ¿Será?

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Como era de esperar y lo anticipamos desde esta columna  el pasado 14 de julio, la proximidad de las elecciones comienza a generar reacciones en los sectores económicos y políticos. Muchos quieren valorizar sus acciones por encima de “su precio de mercado”. Aprovechando la coyuntura del paro agrario, sectores políticos; camioneros; Concejales y hasta el alcalde Petro, quien anunció ruptura de relaciones con el gobierno luego de la reacción del ministro de vivienda ante el POT por decreto y ahora usa ruana, tratan de sacar su parte.

Mucho de lo que ocurre, incluido el paro, tiene que ver con la indecisión del gobierno frente a la reelección que le ha colocado, y con él al país, en un limbo político que, difícilmente, puede esperar hasta noviembre. Para empezar, un gabinete que está en mora de ejecutar, de acuerdo con la contraloría, gran parte de su presupuesto  y  ha dejado escalar un paro de la manera en que este lo ha hecho, no parece el más indicado para una reelección de unas políticas o del mismo presidente. Parece llegada la hora de anunciar la reelección o de no hacerlo. Lo ocurrido con el paro da una idea de las cartas que se van a jugar en las presidenciales, papas explosivas incorporadas.

@herejesyluis

Otro sí: en Democracia nadie debe asustarse por la expresión de sectores que históricamente no lo han hecho o no han podido hacerlo por la amenaza de narcos y violentos. Son formas de participación  que no excluyen el ejercicio de la autoridad, cuando se desbordan tratando de pasar por encima de los derechos de todos. El mismo presidente Obama, en el homenaje a Luther King la semana pasada, recordó que “debido a que marchaban, América llegó a ser más justa". Otra cosa es el oportunismo que financia vándalos a “$30.000 por lanzar pedradas” como dijo un alcalde.