lunes, 25 de abril de 2011

Rumorología


Por: Luis Carvajal Basto

Algo anda mal cuando al interpretar los sucesos políticos el análisis se reduce a reproducir comentarios o a ofrecer versiones de ellos y no a estudiar sus efectos y el real acontecer de nuestro país.

Cuando creíamos superadas las épocas del análisis político reducido a la “manzanilla”, es un claro retroceso que muchos opinadores se dejen llevar por “teorías” que se construyen en cafés y peluquerías.

La rumorología, contrario a lo que comúnmente se afirma, no alcanza estatus de ciencia. Apenas es una técnica que se encarga de hacer un inventario y modelar los detalles de la comunicación no formal, la cual adquiere importancia en ausencia de información suficiente. Ello no niega su papel en el funcionamiento de organizaciones y también en las percepciones de la gente las cuales terminan influyendo en sus preferencias políticas.

Sin profundizar en los fundamentos éticos que pueda tener quien usa el chisme como argumento de campaña para llegar al gobierno o ejercerlo, verdaderos objetos de estudio de la Ciencia Política, puede decirse que es un elemento adicional , entre muchos, que tiene efectos en la imagen que construimos acerca de instituciones y personas. En el proceso de percepción. Ese es su alcance.

En la Colombia contemporánea, al igual que en muchos países en proceso de maduración institucional, los sucesos políticos no siempre se mueven por causes debidamente reglados, lo cual aumenta el poder de desinformación mediante cotilleos o chismes. Eso ocurre, para citar un caso, con la conformación de los gabinetes ministeriales y los altos cargos que perteneciendo a la discrecionalidad de los Presidentes, de alguna manera representan, o deberían representar, a las fuerzas políticas, aunque no solo a ellas en un periodo de crisis de los partidos y en el que la opinión pública es cada vez más importante.

Seguramente esa es la razón para que, apenas comenzando el gobierno Santos, ministros como Germán Vargas o Rodrigo Rivera recibieran los embates de sus presuntas “contrapartes”, uno por ser crítico del ex Presidente Uribe y el otro por ser su amigo. A falta de información suficiente, estos ministros se han convertido en trompos de poner de sus malquerientes, sin mediar un análisis objetivo de su gestión, sea la que fuere. Los elementos de evaluación, generalmente, son actitudes gestuales o comentarios a los cuales se les adiciona la respectiva dosis de interés particular de parte de quienes los interpretan. Sin el sustento adecuado, quedan a nivel de chismes.

Lo que procede no es un análisis del tipo “quien dijo qué”, objeto más bien de las conversaciones de algunas señoras en las peluquerías, si no uno que, por ejemplo, se pregunte acerca de la solidez de la coalición de gobierno y de si el Uribismo perdurará dentro de ella. A propósito, interpretando al Presidente Santos, a quien frecuentemente le toca pedir que no le busquen peleas con Uribe, se puede afirmar que claro que cabe la seguridad democrática, la que ayudó a elegir al mismo Santos, la que continúan respaldando los partidos de la coalición y los ciudadanos, mayoritariamente.

Pero del mismo modo en que se esperaría que la madurez académica e institucional del país nos permitiera informarnos con más análisis objetivos y hechos ,que con comentarios con interés de parte, sería deseable que el Twitter del ex Presidente Uribe se ocupara más de los indudables avances del país durante su gobierno o proponiendo salidas a los problemas actuales y menos de la defensa a priori de funcionarios sindicados de corrupción, los cuales tampoco pueden ser exculpados por anticipado sin un juicio transparente y justo, exento de presiones políticas, de revanchismo y, por supuesto, de chismes.

lunes, 18 de abril de 2011

Metro sí, pero no así


Por: Luis Carvajal Basto

El debate acerca de la conveniencia del metro para Bogotá muestra a los actuales candidatos a la Alcaldía desconectados de la realidad. Las preguntas que debemos hacernos, luego de definir el diseño apropiado y el esquema de financiación, son del tipo ¿Tenemos la capacidad de ejecutarlo sin traumatismos comparables con los que ha padecido la ciudad con obras mucho más pequeñas como la fase tres de Transmilenio? O ¿Vamos a contratar una mega obra como esa sin tomar medidas para erradicar la corrupción? O ¿A cuánto ascenderán los sobrecostos y quién los va a pagar?

Un sistema de movilidad con armonía entre diferentes los sistemas de transporte, incluido Transmilenio, metro y cable aéreo, en sectores como Ciudad Bolívar, es la respuesta apropiada a las necesidades crecientes de Bogotá. En eso todos parecen estar de acuerdo. El costo de la primera línea o el bajo número de pasajeros que inicialmente movilizará, contrario a lo que expresan algunos candidatos, no puede ser un obstáculo infranqueable. Los expertos coinciden en que como contraprestación, el mantenimiento es mucho más bajo y también, en su madurez, el costo por pasajeros movilizados y la eficiencia en los tiempos de transporte.

La financiación tampoco es un problema: En las condiciones de Colombia hoy ,cualquier entidad o país se compromete con el proyecto, en cuanto las finanzas del Distrito están suficientemente saneadas, desde la administración Castro, como para ser una atractiva prenda de garantía, tanto que el ex Presidente Ernesto Samper hace pocos días presentó un estudio en el que se demostraba que la ciudad, por su cuenta, tiene el musculo financiero para desarrollar el proyecto, aun cuando el gobierno del Presidente Santos se ha mantenido en su compromiso de cofinanciarlo.

Pero es que los problemas no están en la conveniencia, necesidad o en la consecución de recursos sino en la contratación, administración y ejecución de uno de los proyectos más grandes, sino el más, de la ingeniería en Colombia. Luego de lo visto este año y sin mirar hacia atrás, se puede decir que en las condiciones de la ciudad hoy su implementación sería, cuando menos, caótica.

Bogotá no tiene, en este momento, la madurez administrativa requerida para desarrollarlo ni su esquema institucional permitiría que pudiéramos dormir tranquilos mientras nos endeudamos. Las herramientas para administrar la ciudad, como el estatuto orgánico, están desactualizadas y en crisis como se ha visto.

El concejo distrital, ya no está en las juntas directivas de las empresas públicas, pero ha escogido contralor y personero con una fuerte influencia de los últimos alcaldes a quienes deberían controlar. Una necesaria reforma debe permitir que los entes de control sean elegidos por voto popular en fechas diferentes a las elecciones de Alcalde y Concejo.

Por otra parte, ha quedado claro el fracaso del actual esquema de contratación. Con lo que tenemos, nada hace pensar que el proyecto del metro escapará a lo que ha ocurrido en Bogotá y en el resto del país con los carruseles de la contratación. ¿Cuánto costaran los sobrecostos y las demandas en un proyecto de esta magnitud? ¿Cuantas décadas tardaremos en terminarlo? ¿Tendremos que irnos a vivir a otra parte mientras tanto?

Necesitamos poner la casa en orden antes de amoblarla. Este debate no trata solamente de la conveniencia del metro.

lunes, 11 de abril de 2011

¿Nos sirve este TLC?


Por: Luis Carvajal Basto

El acuerdo con el gobierno norteamericano es un logro de la política exterior de Colombia pero también una inmensa responsabilidad que pondrá a prueba nuestra capacidad de desarrollar ventajas competitivas. Vale recordar que las exportaciones han venido creciendo sin TLC.

El TLC, como toda ampliación de mercados, es una oportunidad que desarrolla el principio de la especialización y puede generar ganancias a los dos países, un gana-gana, como lo demostró matemáticamente hace siglos uno de los padres de la economía, David Ricardo , ratificado por el auge del comercio mundial en esta era global en que autonomía e independencias nacionales no son sinónimos de enclaustramiento o aislamiento, los cuales caben solamente en discursos interesados, politizados o ideologizados para la galería.

Después de la justificación económica, están las conveniencias políticas que han tenido en vilo nuestro acuerdo con los Estados Unidos. El interés manifiesto de la administración Bush se estrelló con el discurso demócrata, entonces en ascenso. El Presidente Obama fue el más duro opositor al tratado, fustigado por los sindicatos norteamericanos que, en un país que alcanzó índices de desempleo del 20% en algunos estados, hicieron lo que hacen los sindicatos: defender el trabajo de sus asociados.

El giro de la administración Obama puede explicarse tanto por el esfuerzo de la diplomacia colombiana como por los intereses estratégicos de los Estados Unidos que deben anteponerse a su puja política interna. Es el reconocimiento a un aliado al que además, esperan incrementar sus ventas en un billón de dólares al año, como lo explicó el mismo Obama. No son incompatibles intereses de Estado y buenos negocios.

Pero los condicionamientos del gobierno norteamericano a la firma del tratado no son solo una mano de barniz para matizar la dura oposición de sectores demócratas. La defensa de los derechos laborales y el respeto a la vida no pueden ser cuestionados en ningún escenario. La paradoja consiste en que el mundo y los mismos Estados Unidos, se encuentran invadidos por productos fabricados en países como China, en que los mínimos de la OIT que nos reclaman, no se cumplen y tampoco los ambientales que ponen en riesgo a las personas y al planeta.

Más allá, puede afirmarse que el actual esquema productivo mundial se basa, precisamente, en una deslocalización internacional de la producción que sitúa una parte fundamental de esta en países que no cumplen esos mínimos. Casi todas las grandes empresas han establecido o trasladado sus plantas productivas a China en cuanto las restricciones laborales y ambientales en los países de origen “encarecen” la producción. Es lo que hacen firmas europeas y norteamericanas.

En un extremo, la aplicación de las normas exigidas por los Estados Unidos puede incrementar la elaboración de productos para el mercado colombiano, por parte de los empresarios que ya lo hacen, en la misma China generando desempleo en Colombia. Con el agravante que factores de competitividad como la infraestructura de vías, el precio de los combustibles y el altísimo costo de los fletes internos, por ejemplo, “sacan” a nuestra producción del mercado, para no hablar de la baja calificación de los trabajadores.

En este punto, conviene recordar que sin TLC pero con APDEA y con el comercio con Venezuela embolatado, por razones políticas o porque no nos pagan, nuestras exportaciones en los dos primeros meses del año crecieron a la increíble cifra del 33% en los dos primeros meses de este año. La cosa no es tan compleja: costo-beneficio o sumar y restar. ¿Nos dará más el TLC que lo que nos va a “quitar”? Alistémonos para ser más competitivos. Lo demás es cuento chino.

lunes, 4 de abril de 2011

El saqueo del Estado


Por: Luis Carvajal Basto

Lo que se conoce del escándalo Nule deja en evidencia un modelo para robar al Estado en las narices de todos ¿Cómo se detiene?

El gasto público ha quedado en entredicho, luego de conocerse detalles de los procesos de contratación. Por lo observado, la corrupción no hace diferencia en niveles de gobierno, política o regiones.

Lo que está en crisis es la misma contratación pública. Los pliegos de condiciones, en muchos casos, se conocen con anterioridad o se hacen a medida de algún oferente; por encima o por debajo de la mesa se construyen alianzas o sociedades transitorias, temporales o de papel, con beneficiarios escogidos por anticipado; si la regla es el oferente menos costoso, se propone barato para ganar ,luego se negocian nuevas adiciones y se chantajea con la parálisis de las obras, dado que los anticipos se gastan en las propinas a funcionarios corruptos; las interventoras guardan silencio y no asumen responsabilidad.

Los entes de control muchas veces se corrompen, como en Bogotá, o no actúan en tiempo real, lo hacen ex post y de manera selectiva, dejando la impresión de que se trata de mostrar algún resultado o castigar a competidores de interesados influyentes. Cuando los contratistas incumplen o no les pagan lo que quieren, demandan y, las más de las veces, ganan. Tienen muy buenos abogados. Ese es el modelo. Lo han venido desarrollando por años y se mueve como un carrusel que no para de girar. Lo más triste es que los verdaderos responsables y gurús de este “negocio” rara vez se conocen por la opinión. Es un mal endógeno de la contratación pública. Nadie puede creer que sancionando dos o tres ladrones dejará de funcionar.

¿A qué horas desaparecieron dos billones de pesos según cifras de los representantes de la sociedad civil? ¿Se institucionalizaron los negociados? ¿Queda aun algún proceso “limpio” de contratación? ¿Por cada corrupto sancionado, cuantos quedan impunes? Son las preguntas que nos hacemos todos, pero, las que nos deberíamos hacer son del tipo ¿Nos damos cuenta que es el dinero que pagamos por impuestos? La corrupción no deja cumplir la función de redistribución propia del Estado, la cual queda en un discurso. ¿Eso justifica que la gente y los empresarios legales dejen de pagar de manera justa sus tributos? o ¿Cuál es el límite y el costo social e institucional de la pérdida de legitimidad de los gobiernos, por el mal uso y ejecución de esos recursos?

Las respuestas dependen de la seriedad con que asumamos la situación, comenzando por reconocer su gravedad. Es difícil entender, luego de lo conocido, que el carrusel continúe funcionando como si tal. ¿Será que nos estamos acostumbrando a que nos roben?

Después de los Nule y de miles de millonarias demandas que ha debido pagar el Estado, es decir, nosotros los contribuyentes, y las que pagaremos, ha quedado claro que la Ley 1150 y el actual esquema de contratación, no funcionan .Los ladrones le tomaron la medida y antes que preocuparnos por otra reorganización de competencias y recursos, urge un estatuto de contratación de emergencia que ponga freno a las bien identificadas y actuales formas de corrupción. ¿Qué estaremos esperando?