lunes, 30 de mayo de 2011

¿Uribe líder de los verdes?


Por: Luis Carvajal Basto

La puja entre Mockus y Peñalosa por el control del Partido Verde o la candidatura a la Alcaldía de Bogotá, se empieza a parecer a la del Polo antes de los retiros de Garzón y Petro. ¿Estaremos en un periodo en que cada dirigente quiere tener su propio Partido?

El recientemente fundado Partido Verde afronta su segunda gran prueba luego de subir como palma y caer como coco en las presidenciales, cual ola. Se atribuye a la influencia del ex Presidente Uribe y a su apoyo a la Alcaldía de Peñalosa su actual confrontación interna.

Para el análisis, es lamentable que en la balanza solo se puedan poner los que se revelan como intereses personales. Pero es la historia de los Verdes, un Partido que basado en la imagen de figuras públicas provenientes de diferentes latitudes, ha querido hacer un nicho en la opinión de las grandes ciudades con relativo éxito. No ha tenido una propuesta ideológica o política que permita su diferenciación y, si es que lo tiene, no se conoce un discurso ambiental que lo ponga a tono con las corrientes verdes Europeas. Su historia es la experiencia personal de sus protagonistas cuyas apariciones públicas, por estos días, no se refieren a una plataforma contra los efectos del cambio climático, a las inundaciones que nos afectan, si no a sus controversias internas en vísperas de elecciones.

Así que nadie debería sorprenderse si resulta que las ambiciones personales terminan acabando con un partido cuyo mayor patrimonio han sido precisamente ellas. Si de principios tratara el asunto, resultaría difícil comprender como han podido coincidir y convivir el pragmatismo, a veces privatizador a ultranza, de Peñalosa con la trayectoria sindicalista e izquierdista de Garzón y los dos con el simbolismo Mockusiano.”Si Mockus quiere ser candidato, que hable” expresó uno de sus voceros.

Que las “nuevas” manifestaciones políticas, como los Verdes o el Polo, acaben por reproducir los problemas y vicios que criticaron en los Partidos tradicionales, tampoco debería extrañarnos: sus integrantes no son arcángeles sino dirigentes ya curtidos en la arena pública de nuestro país. La misma en que se mueven todos los políticos.

Pero no por ello puede dejar de registrarse como un hecho negativo que no se consoliden nuevas formas de expresión política cuando no han sido suficientes, para muchos, los partidos históricos. La demostración de egos que están dando los verdes se parece a otras que hemos observado en el pasado.

Parecerían tener razón quienes consideran que en una sociedad mediática no son importantes partidos ni programas sino la imagen de los candidatos, lo cual convierte a la política en un asunto unipersonal. Las reformas políticas encaminadas a establecer responsabilidad institucional no son suficientes para contrarrestar el transfuguismo, que en el fondo es una forma de engañar al elector.

Los defectos que encuentra hoy el ex Alcalde Mockus a la candidatura Peñalosa, es decir su Uribismo, debieron ser observados en el pasado cuando se ofreció a cuidarle los tres huevitos en las presidenciales. Así que no parece el sapo del Uribismo de los Verdes el que a Mockus le cuesta tragarse sino el de su propio ego, el cual parece de mayor tamaño. Porque si se retira de ese partido, sin que el Presidente Santos se pronuncie por candidato alguno y luego de escuchar las declaraciones de Garzón y Fajardo, estaríamos a un paso de que sucediera lo increíble hace apenas pocos meses: el Ex presidente Uribe ejerciendo la jefatura del debate del candidato Verde. Quien lo creyera.

lunes, 23 de mayo de 2011

La protesta española


Por: Luis Carvajal Basto

Miles de personas, de manera espontanea, han ocupado lugares emblemáticos de las principales ciudades para presentar un mensaje pacifico anti política tradicional, contra la corrupción y por una democracia que han llamado "Real". ¿Están las respuestas a sus preguntas en manos del gobierno de Zapatero o de cualquier otro en un mundo globalizado?

De entrada, podría parecer una competencia entre dos formas de practicar la política: la que realizan partidos tradicionales como el PSOE, el PP, izquierda unida o CiU y la que se convoca a través de las redes sociales que no quiso votar en las elecciones del domingo pero si manifestarse a la manera de un abstencionismo activo, lo cual es una novedad en un país desarrollado aunque coincida con el año en que África explotó.

Desde América la demanda de democracia real parece chiste en un País que conserva la Monarquía más democrática y Constitucional que se conozca. Luego, en serio, pedir que los políticos no roben, que a la población se presten los servicios adecuados, que los partidos interpreten el sentir de la gente y que a los jóvenes profesionales se les reconozcan empleos dignos y acordes con el esfuerzo y la inversión realizada por ellos y sus familias, podrían servir para un plebiscito que, aquí o en cualquier parte, millones firmarían.

Las diferencias con las protestas africanas son todas, comenzando por que mientras allí los manifestantes son asesinados por las dictaduras, en España están permitidas, sino promovidas, Constitucionalmente. Si su democracia fuera débil no se podría ni pensar que se permitieran tumultos en la puerta del sol, la plaza de Cataluña o en Valencia y mucho menos coincidiendo con un momento de elecciones, pero el mensaje de que algo anda mal, está presente.

La crisis económica mundial ha golpeado duramente a nuestra Madre Patria. El desempleo se ha mantenido, ya por un largo periodo, en niveles del 20% de lo cual los populares le echan la culpa a Zapatero como si Aznar no hubiera sido huésped, hasta hace relativamente poco, de la Moncloa o la representación del PP en el congreso de los diputados no se hubiese dedicado a torpedearle en lugar de colaborar en construir una política de Estado, anti-crisis.

Entre otras cosas, si de algo se puede sindicar a Zapatero no es de abstenerse de liberar más a un mercado, por tiempos bandera de los populares que colapsó producto de su anarquía, como lo expresó claramente el Presidente Obama, sino todo lo contrario: no aplicó de manera contundente la receta según la cual el Estado debe intervenir a fondo para subsanar los fallos de un mercado que, a falta de reglas, enloqueció.

Así que superando el oportunismo del Partido Popular, que ha querido tomar la protesta como suya para convertirla en un pretexto electorero, se deben buscar las razones de la crisis y el desempleo, también más allá de las fronteras de España. ¿Cuántos puestos de trabajo habrá perdido un País con normas ambientales decorosas y costosas para cederlos a aquellos que no las tienen y cuya producción es más barata?, ¿Cuántos a manos de aquellos con salarios infinitamente más bajos que los insatisfechos mileuristas?

Sin duda, la vacilante política económica de Zapatero fue castigada en las elecciones del pasado domingo sin que ello signifique que el PSOE perdió por anticipado las generales como ocurrió hace tres y cuatro años. Tampoco se puede pensar que la protesta es una crisis del régimen político en cuanto la participación electoral, del orden del 74% en elecciones de Congreso, ha superado históricamente los tumultos. Pero ha quedado un mensaje claro: la democracia Española, al igual que muchas otras en el mundo, debe hacer clic en la tecla “actualizar”.

lunes, 16 de mayo de 2011

Presidente: hay que bajar la gasolina


Por: Luis Carvajal Basto

Aun cuando el Ministerio de Minas es inexplicablemente reticente y algunos congresistas demasiado optimistas, no son solo razones económicas las que se deben considerar.

Con el galón de gasolina corriente acercándose a $9.000, el debate sobre ese precio llegó a las calles de Bogotá en forma de marchas y al Congreso de la República. El de la gasolina es un precio de referencia importante que no solo toca los bolsillos de quienes poseen vehículos. Tiene que ver con los salarios y las utilidades. En Colombia, de manera absurda, es frecuente afirmar que el Estado no puede financiar a esos propietarios, cuando en realidad ocurre lo contrario.

Una cifra cercana al 30% del precio son impuestos mientras las utilidades de Ecopetrol son superiores al 100% de los costos de producción. A este punto se despeja una primera incógnita acerca de quién financia a quien. La sobretasa que cobran los municipios atempera las responsabilidades de la Nación y mejora el flujo de caja de entidades con insuficiente control, al punto que un tercio de los Gobernadores en los últimos años han sido sancionados. ¿Quién controla los millonarios recursos de la sobretasa?

Mientras que compramos solo el 40% del crudo que utilizamos, el precio interno se fija con base en el internacional. Así, las luchas por la democracia en el norte de África han afectado nuestras tanqueadas. Debe tenerse en cuenta, para cualquier análisis, que en Colombia estamos llegando a una producción de 900.000 barriles por día, un 80% de incremento si tomamos como base la producción de comienzos de 2007 la cual pronto duplicaremos.

Si bien es cierto que una reducción del precio interno de la gasolina afectaría las cuentas del Ministerio de Hacienda y los dividendos de Ecopetrol, también lo es que mantenerlos artificialmente altos, como ocurre ahora, con relación a los costos de producción, podría desencadenar graves problemas, como ocurrió recientemente con el paro camionero. Una de las premisas del buen gobierno consiste en ser siempre proactivo y anticiparse.

Así que podrían considerarse elementos de política pero no solo de precios sino la que se refiere al interés del Estado. Resultaría populista, como dicen algunos funcionarios, bajar los precios artificialmente pero es injusto y peligroso mantenerlos, de manera irreal, altos como está ocurriendo ahora, si se tienen en cuenta los niveles y costos de la producción interna.

La idea de cambiar la fórmula hace ver esta como una discusión de tipo técnico cuando en sentido estricto no lo es. Para consideraciones económicas puede tomarse en cuenta, como ejemplo, que el precio en los Estados Unidos es de cuatro dólares, inferior al nuestro, y ha comenzado a bajar mientras aquí solo hablamos de tratar de moderar las alzas. Ese precio de referencia, en un país con unos niveles de ingresos muy superiores a los nuestros, demuestra la debilidad del discurso del Ministro de minas según el cual hemos subido “poquito” desde que comenzó la crisis en África. Así mismo, resulta inexplicable que si el precio favorece nuestras exportaciones esto solo beneficie a Ecopetrol, como también lo es que el único producto de importación cuyo precio no ha bajado con la devaluación del dólar sean los combustibles.

El Gobierno debe considerar que si bien le resulta difícil desprenderse de una parte de los ingresos que recibe por impuestos y dividendos, ese costo es inferior al que resultaría del impacto político que ha comenzado a tener un problema en ascenso que, entre otras cosas, toca la imagen del Presidente y el gobierno. Nadie entendería que el precio interno aumente tanto a medida que nos vamos convirtiendo en un importante productor, como viene ocurriendo desde 2007, en que se ha incrementado más de un 33 % pasando de $6.200 a $8.400.

lunes, 9 de mayo de 2011

La crisis de Bogotá


Por: Luis Carvajal Basto

¿Cómo llegamos hasta aquí? Los responsables irresponsables.

Con el Contralor detenido, el Alcalde suspendido, el Concejo en entredicho, en vísperas de denuncias anunciadas que comprometerían a sus miembros, y una sombra inmensa sobre la contratación, lo menos que puede cualquiera es preguntarse cómo fue que llegamos hasta aquí.

Y las respuestas no son complejas: la corrupción, la misma que ha permeado al sector de la salud y en general los contratos públicos en toda Colombia y que, no podemos olvidar, ejecutan privados, ha podido más que el marco legal y los mecanismos de control de gestión.

Pero es el argumento de ineficiencia o desidia en el que se ha basado la procuraduría para sancionar al Alcalde, sentando de paso un precedente en la historia de la gestión pública en Colombia. Las encuestas respaldan la determinación quedando la duda de si su sustento es jurídico o político, viniendo de un procurador oportuno y eficiente pero con fama de godo ultra que no se ha interesado en controvertir.

En cuanto al conjunto de normas que regulan el funcionamiento de la ciudad, en particular el estatuto orgánico luego de 20 años, está claro que ya es obsoleto y debe, cuando menos, ser actualizado. Al contralor no lo puede continuar eligiendo un Concejo cuya coalición mayoritaria es claramente influenciada por los Alcaldes a quien, en teoría, deberían controlar.

En relación a las circunstancias políticas debe observarse que a la sanción de la Procuraduría le antecedió una de la opinión que observó el desbarajuste de sus vías y se aterró, gracias a los medios, de la inercia administrativa y los escándalos de corrupción. No hemos visto en Bogotá una pugna política y parece más bien una de contratistas insatisfechos que hasta ahora ningún partido ha cobrado por una razón sencilla: casi todos hacen parte de la coalición que ha gobernado. Aquí queda otra lección muy importante: en una sociedad informada la gobernabilidad no la garantizan solo los partidos y cada vez es más importante la opinión.

Observando el devenir de la ciudad nadie puede, sin embargo, asombrarse por lo que hasta hoy hemos conocido: no es mera coincidencia que la corrupción se instalara con tanta comodidad en una ciudad que reeligió no solo los esquemas sino al Partido de Gobierno, el Polo, que es ahora el gran perdedor y no pudo escapar de los vicios y la influencia de la “vieja política” que algunos suponían debería superar.

Esa fue una oportunidad perdida para las fuerzas llamadas, por costumbre, de izquierdas que tendrá consecuencias en el alineamiento político de los ciudadanos en las elecciones venideras. ¿Quién ocupará el espacio electoral que deja el Polo en Bogotá? Algunos que fueron, o participaron en los gobiernos anteriores, quieren volver.

Muchos deben pensar que si esa era la esperanza de transformación, las cosas cambiaron, pero para empeorar. El asunto empezó en la administración Garzón que le dejó a Moreno gran parte del presupuesto comprometido, incluyendo la fase tres de Transmilenio, un contrato billonario. Con unos ingredientes curiosos: el ex Alcalde Garzón, contrario a lo que ha sucedido con Moreno, no puede ser investigado por el Polo por que ahora es verde y puesto que al comenzar el escándalo del carrusel dijo que no era responsable de lo que hubiese firmado la ex Directora del IDU, hoy detenida. Como si la administración y las responsabilidades fueran una carrera de relevos. Dijo que no había firmado los contratos, como tampoco lo habrá hecho Samuel Moreno quien ha sido sancionado, en una demostración de que la Justicia no actúa a veces con el mismo rasero o por lo menos, no simultáneamente.

Más recientemente, sin embargo, Garzón se ha contradicho al señalar en entrevista a Semana que “Este proceso de contratación no fue producto de la improvisación, sino parte de un cronograma…” reconociendo, por el contrario, que conocía y sabía.

No es pues casual que Bogotá llegara al lugar en que se encuentra, pero tenemos esperanzas: En entrevista al Espectador ayer, Gustavo Petro ha calificado a Garzón, con quien abandonó la nave Polista antes de su hundimiento, como “uno de los mejores Alcaldes de Bogotá” y el mismo ex Alcalde ha manifestado que “Quiero mostrar que todos los políticos no son iguales, que no todos están hechos a imagen y semejanza del negocio y que la política es la máxima expresión del altruismo”, seguramente el mismo de los Nule y el de los dos últimos contralores de la Ciudad, ambos sancionados, incluido el que le correspondió a su administración. Claro que no son todos iguales, definitivamente hay unos mas ineptos, chistosos y avispados que otros, aunque de gestión pública, ética y responsabilidad, muy poco.

Les va a quedar difícil, más a Garzón que a Petro, desprenderse de sus responsabilidades, políticas y de diversa índole, en el caos a que llegó la ciudad.

La elección de un nuevo Alcalde dará la oportunidad de exorcizar las conciencias de los electores y, de pronto, de los partidos, pero no es una garantía de que superaremos la crisis. Sabemos si, que inseguridad, corrupción y restablecimiento institucional serán los temas de la campaña que se avecina. ¿Seremos capaces de escoger gobernantes más eficientes que embaucadores, oportunistas y no solo mediáticos?

lunes, 2 de mayo de 2011

El gasto público: ¿con problemas de salud?


Por: Luis Carvajal Basto

Nada más fácil que hacer promesas a los ciudadanos e incluso convertirlas en leyes. Pero después ¿de dónde salen los recursos? ¿cómo se utilizan?

Gobierno y Congreso debieron resolver la semana anterior un dilema frecuente en la administración pública: continuar haciendo leyes que traducen las garantías de la Constitución confrontadas con la realidad de los ingresos del Estado.

Las Leyes implican compromisos que luego los gobiernos deben cumplir. También la de sostenibilidad fiscal que parte del principio de la realidad de sus ingresos y gastos. Las opciones para mejorar los ingresos no son muchas y seguramente las más importantes sean aumentar las tasas de impuestos mediante reformas a la tributación; los volúmenes recaudados, por un aumento en la actividad económica, o la reducción del gasto público, haciéndolo más eficiente o reduciendo los niveles de corrupción.

Los parlamentarios expresan el interés de las regiones y, como es natural, demandan obras y recursos. Pocas veces ellos o las gobernaciones y municipios presentan propuestas para mejorar los recaudos. Estiman que son medidas inconvenientes, políticamente. Parece peor y más desgastante para sus propios intereses, sin embargo, hacer promesas que no se pueden cumplir.

Para los Partidos con asiento en el congreso el dilema es mayor y muchas veces se relaciona con sus principios, como es el caso del Liberalismo Colombiano ahora que hace parte de la coalición de gobierno. El papel del Estado como garante de derechos y redistribuidor de ingresos en la perspectiva del bienestar general y el de los ciudadanos, choca con la realidad de las finanzas públicas. Una cosa son los discursos y otra las posibilidades reales. En el camino de aterrizar las ideologías no queda más remedio que un poco de pragmatismo, sobre todo si se trata de administrar recursos escasos.

En este escenario, sin embargo, existe un espacio inmenso para mejorar nuestras finanzas: la eficiencia en los recursos que se gastan y la reducción de los niveles de corrupción.

Un caso para observar con cuidado y como ejemplo es el de la salud, sector que maneja millonarios recursos. La semana anterior la superintendencia de industria y comercio presentó un informe según el cual catorce EPS, seguramente las más importante del país, aumentaron sus ingresos de manera irregular mediante el procedimiento de cobrar servicios que no prestaron y que negaron “de manera concertada y sistemática” a la gente. Con un agravante: derechos negados se convierten en demandas que aumentan los gastos del sector judicial. Estamos hablando de cifras billonarias comparables con cualquier reforma tributaria.

De nada sirven, como en este caso, las Leyes de salud o las reformas que desarrollan la Constitución, si en el camino los recursos se “refunden “o no se utilizan de manera debida.

Otro caso para analizar, esta vez desde el punto de vista de la eficiencia, es el del Fondo para la atención de emergencias, que ha debido asumir el reto inesperado del invierno, el cual está en manos de un ejecutivo eficiente y probado en el sector privado que a pesar de su buena voluntad y de contar con un esquema que en teoría debería funcionar, se ha encontrado con la paquidermia y las particularidades del sector público afectado, como es natural aunque no deseable, por intereses y presiones políticas. Aquí también tenemos Constitución, Leyes, decretos y buena voluntad del gobierno, pero la cosa no anda.

En los dos casos se puede observar la participación de “operadores” del sector privado lo cual nos invita a reflexionar sobre la utilidad de la privatización como fórmula mágica. Además nos explican que no solo aumentando impuestos o haciendo leyes viviremos mejor.

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