Por: Luis Carvajal Basto
La gestión pública y el buen gobierno deberían tener en nuestro país unos mecanismos mínimos para lidiar con la diversidad política que establece la Constitución desde la descentralización. Estos existen, pero no son suficientes. Alcaldes y gobernadores, con frecuencia, recurren a los oficios de intermediarios para acceder a los recursos de la Nación y relacionarse “mejor”.
La situación se explica tratándose, en muchos casos, de personas que han ganado una elección que les habilita pero no les califica para desempeñar esos cargos. Las más de las veces saben ganar elecciones pero no gobernar.
El caso de Bogotá es un punto aparte. El tamaño de su población es superior a la de más de 80 países y por Constitución su normatividad es especial. El Distrito Capital se ha regido por un estatuto que, requiriendo actualización, ha permitido la gobernabilidad en la más grande ciudad de Colombia. La que más produce y tributa pero no siempre la que más recibe, en proporción a su tamaño.
El metro y las nuevas líneas de Transmilenio han requerido el concurso, la cofinanciación y garantía de la Nación, lo cual es apenas natural. La capacidad de gestión de la ciudad ha quedado en entredicho al conocerse detalles de la manera como se adjudicó la fase tres de Transmilenio, para citar un caso. Ni hablar de la de ejercer control cuando la Contraloría General ha debido asumir competencias de la Distrital.
Pendientes, como estamos, de una Ley de ordenamiento que al desarrollar la Constitución actualice los regímenes de las entidades territoriales, incluido el Distrito Capital, las relaciones de gobierno entre nación y distrito requieren unos niveles de interlocución que no dependan de las coyunturas políticas o de que el Alcalde se entere por los medios de situaciones y recursos que afectan a ocho millones de bogotanos y viceversa.
La diversidad de los temas de gobierno y su complejidad, en una democracia en construcción y consolidación institucional como la nuestra, permiten la existencia de zonas grises que afectan la gestión, en detrimento del servicio que reciben los ciudadanos. Un ejemplo de ello es la “intromisión”, hasta ahora “exitosa” del Vicepresidente Garzón, quien a veces asume la vocería de algunos Ministerios y del mismo Presidente.
El buen Gobierno ha sido una consigna del Presidente Santos. Los Bogotanos nos sentiríamos mejor tratados si los esquemas, recursos y políticas públicas que se refieren a Bogotá, encontraran un interlocutor específico en el gobierno nacional. Los problemas de seguridad, corrupción, desplazamiento y violencia urbana que afectan a la ciudad, lo ameritan.
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