A demoler llaman

Por: Luis Carvajal Basto

Ahora cuando se ha revelado, como nunca antes, la fractura entre el país político y el real y el desprestigio del congreso pareciera tocar techo, se proponen las salidas de siempre para una situación excepcional o se busca convertirlas en oportunidad política.

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Se necesitó del escarnio público, con motivo de la fracasada reforma a la justicia, para que comprendiéramos la magnitud del desgate de nuestras instituciones. No se trató de un “campanazo de alerta” si no de una alarma de emergencia o caos, ante la cual hemos tenido respuestas que van desde el propósito de auto reformarse, expresado por el congreso mediante la creación de una comisión interpartidista, hasta la necesidad de cambiar de nuevo la Constitución, suponiendo que la del 91 ya no es suficiente. Entre tanto, el ámbito judicial permanece imperturbable, como si tal.

Las más de las voces que se escuchan expresan el cálculo político del día a día, como se ha hecho costumbre, mientras muy pocas parecen interesarse por el deterioro institucional, sin darse cuenta que estamos recorriendo, otra vez, la misma ruta que nos trajo hasta aquí: reformar la Ley 5, escuchar a los representantes de una gaseosa “sociedad civil”, que no ha delegado “funciones” y propiciar una nueva e insuficiente reforma política.

Quienes esto proponen seguramente lo hacen convencidos de sus efectos sin percatarse que parten de los mismos supuestos equivocados, según los cuales la política se reduce a la actividad parlamentaria y el congreso es un espacio diferente a los mismos partidos. Se necesita de una buena dosis de ingenuidad y un “algo” de irresponsabilidad para creer que con un foro, reformando el reglamento interno del congreso o consiguiendo un chivo expiatorio, como el secretario general del senado, el asunto queda resuelto. Para “chivos”, la docena de ex presidentes de los congresos sancionados y las decenas de parlamentarios, en sus momentos adalides y ahora en la cárcel. Y las cosas siguen igual, para no decir peor.

Nuestra Constitución establece unos mecanismos de participación que no han sido desarrollados. La descentralización se realizó sin considerarlos, quedándose en competencias y recursos y dejando el espacio libre a la corrupción. Sin participación de los ciudadanos el mandato constitucional queda “cojo”, por lo que nadie debería extrañarse del surgimiento espontaneo de oleadas de malestar ciudadano como las que hemos observado, que no sienten representación en el régimen político.

El desprestigio del congreso no puede explicarse, tampoco, sin observar la opaca actuación de los partidos, convertidos en clubes parlamentarios para cumplir apenas formalidades. La relación entre partidos y gobiernos es resentida por los mismos parlamentarios que se declaran perdedores por el “costo” de la intermediación. La pérdida de credibilidad en los partidos se puede explicar, en gran parte, por ese reduccionismo que no considera la participación, sobre todo, de nuevos protagonistas de una escena fundamentalmente urbana que no en encuentra, en la oferta política, formas de expresión electorales ni de otro tipo.

La satanización de la política se puede explicar con facilidad: la revelación de sus relaciones con narcotráfico, violencia y corrupción podría ser suficiente y comparada con la irresponsabilidad en el proceso de expedición de Leyes, esta resulta un “mal menor”. Pero existen dos consideraciones adicionales: el congreso ha “funcionado” en el país que somos y no en el que deberíamos ser y, por otra parte, es el único que tenemos.

Arriba de otras consideraciones, debemos asumir que siendo la política el escenario natural de confrontación de todo tipo de intereses e ideas, desafortunadamente cada vez más las primeras que las últimas, su pérdida de credibilidad conviene menos a quienes tienen esperanzas en el papel del Estado como promotor del bienestar y el progreso de las sociedades y reductor de los desequilibrios. La política es, quiérase o no, la manera como se resolverán las esperanzas y frustraciones de todos. ¿De qué otra manera se zanjara la diferencia? Colombia ya comprobó la esterilidad de la violencia.

Por eso, aunque congreso y partidos no asuman conciencia de su papel, lo que corresponde es restablecer la confianza en las instituciones que nos ha costado tanto construir, siendo mejor que demoler la Constitución , defenderla y desarrollarla, aunque a veces añoremos más a Bolívar que a Santander por cuenta de nuestras particulares circunstancias. Peor que la mala política es la imposibilidad de expresarse que promueven las dictaduras y cambiar las costumbres políticas es un camino más complejo que hacer un estudio de imagen para determinar la percepción sobre nuestro congreso, expedir otra Ley o convertirlo en objeto de burlas, pero es el único posible.

@herejesyluis

Posdata: la baja en la tasa de interés, aunque tardía, es una buena señal a la economía y un paso en la dirección correcta. 

Colombia:El Gobierno se desgasta

Por: Luis Carvajal Basto

Con un acumulado de errores sucesivos, que coincide con el inicio de una legislatura incierta, el presidente se aproxima a la mitad de su mandato.

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En uno de sus mejores periodos en su desempeño económico, Colombia ha revelado un innegable deterioro de su andamiaje institucional, lo cual es diferente, aunque se cruza con él, al desempeño del gobierno. No son imputables a su que hacer la pérdida de credibilidad en la política, medida en la baja calificación del congreso y el liderazgo político, los problemas sin resolver por centurias con las comunidades indígenas, ni la crisis de la justicia, por ejemplo, pero la percepción de la ciudadanía no es indiferente a la actitud que observa, como apenas reactiva o errores inocultables de parte del equipo del presidente Santos.

El desgaste gubernamental pudo observarse en las masivas movilizaciones estudiantiles ante un evidente error o “papayazo” en la búsqueda de consensos, comunicación e información, de parte del gobierno, ante una indispensable reforma educativa. Un episodio similar al presentado, tiempo después, con los errores en el procesamiento de la inaplazable reforma a la justicia que “terminó” de manera tan desafortunada.

La situación presentada con las comunidades indígenas es bien diferente: a nivel nacional, estas representan apenas el 2% de la población del país pero la Constitución les confiere una jurisdicción especial y desde muchas partes del mundo se considera nuestra legislación en la materia como una de las más avanzadas de América. En el país real, sus reclamos por ampliación de resguardos y recursos se confunden con problemas que padecen todos los colombianos, con un agravante: la presencia activa del narcotráfico y las organizaciones guerrilleras.

Los hechos del Cauca, amplificados por los titulares de periódicos y noticieros del mundo, en los que se observa cómo gobierno y guerrilla son tratados en igualdad de condiciones por parte de los indígenas, revela por lo menos candidez, desarticulación y falta de sentido de oportunidad en un equipo de gobierno que, de nuevo, apenas reacciona y no pareciera actuar de manera conjunta en un terreno en que no valen excusas. El consejo de ministros celebrado en Popayán, era una oportunidad para mejorar las relaciones con las comunidades indígenas pero terminó convertido en un florero de Llorente.

Para completar este difícil momento, comienzan a aparecer señales negativas en la economía: a la caída en las licencias de construcción (-28% en el periodo enero-mayo), se suman los resultados de la encuesta publicada por la ANDI, según la cual la producción industrial creció 2.2% en el periodo enero-mayo, un 35% apenas del desempeño mostrado el año anterior. Los argumentos para detener el encarecimiento del crédito no han sido escuchados por la junta directiva del Banco de la República, que continúa actuando como si la inflación se situara en un país diferente al de la evolución de la economía. En este campo, no se ha observado una exposición gubernamental convincente que consiga reducir las tasas de interés y frenar la revaluación.

De otra parte, el comienzo de la nueva legislatura está signado por un ambiente de incertidumbre ante la fracasada reforma al justicia, con un gobierno que, en aras de la gobernabilidad, procurará mantener sus mayorías lo cual conseguirá con alguna dificultad, y un congreso en su peor crisis de credibilidad ante la opinión pública. Con un ingrediente adicional: se empiezan a definir las alineaciones de cara a las presidenciales de 2014.El trámite de Leyes indispensables, como la reforma tributaria, pasará por un parlamento preocupado más por la propia reelección de sus miembros y las presidenciales que por su evidente desgaste institucional.

En el contexto descrito, puede decirse que la unidad nacional ha funcionado y probablemente lo seguirá haciendo en el ámbito parlamentario, pero el presidente no ha conseguido que su equipo funcione de manera eficiente. Queda la sensación de una actitud errática o, por lo menos, tardía frente a problemas como los señalados, desconociéndose los desarrollos de un asunto en ascenso como es el de la crisis en la salud. Con la declaratoria de oposición por parte del Uribismo, parece llegada la hora de una reformulación del estilo de gobierno y un remezón de fondo en un gabinete ministerial que no ha recogido el desgaste fácilmente observable en las encuestas y que hasta ahora va por cuenta de la imagen del presidente.

@herejesyluis 

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España: ¿una democracia intervenida?

Por: Luis Carvajal Basto

Cuando el jefe de gobierno de un país soberano se queja por falta de Libertad.

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Son tiempos difíciles para la democracia en todo el mundo. A la crisis financiera se ha añadido la fiscal de los gobiernos. En un escenario así, el tránsito hacia la unidad política de Europa parece hoy un hecho tan probable como su colapso.

La imposición de fuertes recortes a España, por parte de la Unión Europea a instancias del gobierno alemán, ha sido asumida por el gobierno español de manera vergonzante: primero, negando tal imposición y tratando de presentar el rescate como una responsabilidad del sector financiero y no del gobierno; ahora, cuando ha debido implementar las exigencias, quejándose por falta de Libertad para decidir la rebaja de salarios, el aumento del IVA y la reducción del tamaño del Estado. ¿Qué significa todo esto?, ¿Se trata, en verdad, de una intervención en el régimen político, en su soberanía?

La realidad es que desde la creación del FMI, en la posguerra, los límites de las decisiones soberanas de los Estados, más en las naciones en desarrollo, comenzaron a desdibujarse: el auge del comercio mundial y la búsqueda de un sistema global de cambios confiable, dieron lugar a las recomendaciones de política que en muchos países convirtieron la estabilidad fiscal en un objetivo situado antes que el bienestar, a corto plazo, y el gasto social. Con esos antecedentes, las exigencias de la Unión Europea al gobierno de España no deberían sorprender a nadie, menos si se considera que hace parte de un proyecto que comenzó con una zona de libre comercio y un arancel externo común, pasando por la unidad monetaria, pero debería terminar, en algún momento, en la unificación política. Así ha sido concebido y diseñado.

Así las cosas, el señalamiento de lo que ocurre, como de una “democracia intervenida”, se convierte en uno de mala política, para el consumo interno, que desconoce la perspectiva europea tanto como los cambios económicos en la globalización que no han encontrado su contraprestación política e institucional. Si algo ha revelado la crisis financiera es que la forma de organización de gobiernos e instituciones resulta insuficiente para corresponder a las nuevas realidades de la estructura productiva y los mercados globales.

El ejemplo de Europa pone en evidencia una de las mayores paradojas de la época: España, como los demás gobiernos de la Unión, no tiene autonomía monetaria pero la Unión Europea tampoco tiene la capacidad de controlar los ingresos y gastos de los gobiernos, sus instrumentos de política y los impuestos. En síntesis, los países ya no son tan soberanos, pero Europa todavía no es Europa.

En este periodo de transición hacia la unidad política o el colapso, los esquemas y los políticos locales ofrecen sus “últimas” batallas, lo cual es apenas natural si se considera que los gobiernos son elegidos nacionalmente lo cual ha constituido, hasta hoy, la esencia de un régimen político que necesita, urgentemente, actualizarse. Es en ese escenario que el presidente del gobierno ha debido reconsiderar sus promesas de campaña, de la misma manera que su antecesor debió hacerlo. A los dos les “sorprendieron” las características de la globalización que adelantaron la hora de las definiciones y el momento de cruce de caminos en que se encuentra Europa.

Para quienes, a mediados de los setentas, la salida institucional de la dictadura franquista se solucionó apenas parcialmente con la ambigüedad de una monarquía Constitucional y la “sorpresa” de un Rey democrático, esta debe ser una oportunidad para reivindicar un régimen político, como la democracia, que tiene que ver más con la Libertad, la equidad y el Estado de bienestar que con el tamaño. Parece llegada la hora de más democracia y más Europa. Desde todas partes del mundo estamos, expectantes y un poco ansiosos, observando el desenlace de un proceso que podría definir el rumbo de la humanidad en estos tiempos.

@herejesyluis

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Entre Santos y Uribe...

Por: Luis Carvajal Basto

Mientras el país apenas comienza a reconocer la crisis institucional que ha revelado la fracasada reforma a la justicia, arrancó el debate presidencial de 2014.

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Así es la política. Aunque sea de mala calidad, como pasa ahora en Colombia y en muchas partes del mundo. La dirigencia parece poco preocupada por el desgaste institucional que han generado los choques políticos y de trenes que han tocado techo en el momento en que nuestra democracia, luego de años de esfuerzos, se declarara incapaz de procesar problemas urgentes de la sociedad, como hemos observado con el entierro de tercera que tuvo el acto legislativo. ¿Desgaste? Podría calificarse como parálisis institucional.

La reflexión acerca de lo que nos pasa, se realiza al compás de los tiempos electorales. Poco interesa que los partidos, el congreso y la misma justicia no le merezcan confianza a más del 70% de los ciudadanos, como lo han podido medir las últimas encuestas. Así, al calor de la pasión o los intereses de la política del día, asumimos un debate que debería ser profundo, serio, calificado y, sobre todo, abierto a la opinión, más allá de la exposición mediática.

Pero es en este escenario y no el que muchos sueñan, que se nos adelantó el año pre electoral: uno en que el congreso ha demostrado su incapacidad pero seguirá produciendo leyes y los políticos buscando los votos suficientes para hacerse al gobierno, aunque la fisura entre ellos y los partidos con la opinión pública se siga convirtiendo en una inmensa grieta que amenaza nuestro edificio institucional.

Así las cosas, asistimos la semana anterior a las primeras escaramuzas de las presidenciales de 2014, con la noticia oficial de la ruptura de la coalición que llevó al presidente Santos al gobierno. La presentación de una propuesta programática independiente por parte del ex Presidente Uribe la ha protocolizado.

Sin sesgos ideológicos, está claro que el mismo ex presidente fue el principal elector de esa coalición, aunque no lo esté tanto que pueda endosar sus votos nuevamente y menos a un candidato tan identificado con la “derecha” extrema como el ex ministro Londoño, de activísimo corte conservador y ultra. Nadie debe llamarse a engaños: una cosa es la crisis de los partidos y muy otra los sentimientos partidistas, que siguen y seguirán vigentes en el temperamento y las costumbres políticas de los colombianos. En cualquier caso está definido que el Uribismo jugará, con nombre propio, a la recuperación del poder.

Por otro lado, el presidente Santos será candidato a la reelección o presentará uno que parecería ser el ahora poco locuaz ministro Vargas Lleras. Independientemente de variables como la sintonía entre congresistas y gobierno hacia el futuro, el presidente debería conocer que gobernabilidad es diferente a elecciones en 2014 y que, en general, los políticos de oficio se inclinarán hacia quien tenga más posibilidades de ganar. La clave de la conducta política, también de los congresistas con miras a las elecciones de 2014, la tiene, sin embargo, la opinión pública llamada “independiente” que identifica a Santos, Uribe y Vargas Lleras como pertenecientes a la misma franja. En síntesis: más allá de lo que pueda ocurrir con cada uno de ellos, dividirán sus votos.

Este fenómeno ha sido observado por los llamados sectores de izquierda que han contratado una encuesta encontrando hallazgos “reveladores”: el 28% de los colombianos, según ella, votaría por un candidato de izquierda y las preferencias las encabezan Angelino Garzón, quien paradójicamente podría ser además candidato del Uribismo pero estaría incapacitado por problemas de salud, la ex alcaldesa Clara López y Luis E. Garzón, ahora cercano al gobierno Santos. Aunque la encuesta tenga detalles que pasan desapercibidos, como que la firma encuestadora es relativamente nueva y la encuesta se realizó solo en las principales ciudades, no deja de mostrar la importancia que en 2014, con la ruptura en la coalición de gobierno, tendrá una tercería.

En estas circunstancias es perfectamente posible esperar que la actual ruptura institucional y la división en la coalición que triunfó en 2010, abran paso a una propuesta encaminada a aglutinar expresiones como la ola verde y la reacción de la opinión en el episodio de la reforma a la justicia: solo falta que encuentren un candidato de talla nacional, que no genere tantas incertidumbres y temores, para tener posibilidades reales de triunfar.

@herejesyluis

Posdata: mientras en todo el mundo, ante la situación de la economía, se rebajan las tasas de interés, en Colombia el Banco de la República insiste en mantenerlas altas. ¿Cómo “cuadra” eso y la revaluación del peso que incentiva, con la competitividad de las exportaciones y el dinamismo de nuestro mercado interno

Punto de quiebre

Por: Luis Carvajal Basto
El fracaso de la reforma a la justicia ha puesto en evidencia que la distancia existente entre el país político y el real es "cada día más grande". ¿Se adelantó el debate presidencial de 2014?


En medio del desbarajuste ocasionado por el devenir del proyecto de acto legislativo, destacan varios fenómenos que resulta imposible dejar de registrar. El más importante seguramente sea la incapacidad del sistema político para procesar los problemas de la sociedad, que es lo ocurrido con una ley que a ojos de todos los colombianos resultaba indispensable. Dos encuestas realizadas la semana anterior ratificaron que más del 70% de los ciudadanos no confían en el sistema judicial y sin embargo, luego de dos años de ir y venir, tira y afloje entre las diferentes ramas del poder, quedamos en lo mismo. Eso es muy grave.
Qué en el proceso siguen perdiendo las instituciones deja de ser un precepto teórico y se convierte en una realidad que ha podido ser palpada y medida mediante el mecanismo de encuestas: el congreso y la rama judicial con un desprestigio superior al 70%.La caída de los partidos políticos, a través de los años, merece una consideración aparte: superaron, entre todos, la barrera del 70% de opinión desfavorable, cifra similar a la de los ciudadanos que manifiestan no pertenecer a ninguno. En estas cifras están incluidos los movimientos que han aparecido más recientemente en la política colombiana, como el Polo y los llamados Verdes.
Para atenuar estas reveladoras cifras puede decirse que existe una crisis global de la política y los gobiernos, lo cual es verdad, pero el alcance del nivel de desaprobación de las instituciones en Colombia lo que muestra es una delicadísima pérdida de confianza en ellas, aun en un escenario en que los niveles de participación electoral, cercanos al 50% históricamente, resultan “aceptables” si se comparan con otras democracias, revelándose que la gente no está conforme pero tampoco participa de maneras diferentes al voto. Conclusión: la constitución de 1991 se ha quedado, en cuanto a los derechos políticos, en un discurso.
En el episodio de la reforma, la opinión se ha expresado a través de los medios ejerciendo un punto inusitado de presión que no tiene precedentes y confirmando que nos estamos acercando a un punto de quiebre, entre la sociedad y las instituciones, del cual no podemos salir buscando oportunidades políticas tendientes a establecer mayorías electorales, en vista de la cercanía de las próximas elecciones presidenciales, que es como se observa a quienes han salido a promover el referendo revocatorio. ¿Alguien puede garantizar que, con su llegada al gobierno, las cosas cambiaran para mejor? Para no ir más lejos, Antonio Navarro gobernó en Nariño hasta diciembre y en Bogotá hasta hace unos días, sin mucho para mostrar: en las mismas encuestas el gobierno de Bogotá es el peor evaluado entre las capitales del país, luego de tres alcaldías del Polo-Progresistas.
La política de oficio no tiene en su mira los problemas institucionales o el divorcio entre ella y la opinión pública, tanto como los resultados electorales. Los congresistas, obviamente, se ocupan de sus electores regionales a fin de mantenerse y reelegirse, pero ¿Quién promueve los vínculos más convenientes entre esos intereses y el interés general? Deberían ser, en principio, los Partidos, que a través de los años, por no cumplir su función, han venido perdiendo credibilidad, legitimidad y votos.
De la manera en que está diseñado el sistema político, la función de los partidos consiste en tramitar las demandas y el interés ciudadano, por medio de la regla de mayorías, con las instituciones del Estado. Por defecto y complemento de ellos, existen en la Constitución otras formas de participación, que no se ejercen, trayendo como consecuencia sobreviniente la fractura entre ciudadanos e instituciones. Esa es la raíz de nuestras crisis que nos ha traído, peligrosamente, hasta el actual punto de quiebre.
@herejesyluis