Una ley que cambiará a Colombia

Por: Luis Carvajal Basto

La presentación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial cumple con un mandato de la Constitución, pero no es la panacea para resolver los problemas de costeños, paisas, llaneros.etc. Es una oportunidad para mejorar la gobernabilidad, la gestión pública y la participación ciudadana, pero tengamos cuidado con la politiquería que puede terminar afectando la unidad Nacional.

El proyecto de Ley es completo y bien intencionado. El gobierno, por la vía del traslado de competencias y recursos, quiere reorganizar el territorio, utilizando herramientas modernas de gestión como la prospectiva y la planeación que se basa en participación.

Comenzando apenas el debate, de los departamentos de la costa ya llegan voces de insatisfacción, que se consideran respaldadas por el voto Caribe, reclamando desde ahora un supuesto “conejo”. Se ha dicho que “Los gobernadores del Caribe, aspiran a la creación de una región como entidad territorial, con autonomía política y administrativa, con un gobernador regional, una asamblea legislativa y presupuesto propio."

Presentado así, podría ser más burocracia, si se considera que el estimado de esos gastos es superior a los 100.000 millones adicionales para una sola región, en un periodo de vacas flacas en las finanzas públicas y de necesidades fundamentales crecientes en Salud, educación, agua, vivienda etc. ¿Serán la pobreza, el desempleo etc. problemas regionales y será verdad que se superaran con una Ley, por importante que ella sea?

Pero el meollo del asunto no esta ahí. Tiene que ver con el sentido de oportunidad de la Ley y sus desarrollos en un País que aún sufre el impacto del narcotráfico y la violencia a unos niveles que hasta hace poco hacían dudar a muchos sobre nuestra viabilidad como Nación. Hemos conocido las diferentes formas en que los recursos públicos han sido utilizados como botín de caza de los violentos, asociados con politiqueros corruptos, en muchas entidades territoriales, sirviendo de combustible a la violencia. ¿Cómo haremos para que el problema no prosiga, ahora a escala regional?

El debate de la Ley pondrá sobre la mesa, naturalmente, actores y presiones políticas: Gobernadores, Alcaldes y Congresistas. Estos últimos, como lo dijo hace poco el presidente del congreso, sienten que han perdido protagonismo y su capacidad de gestión es mínima para responder a sus electores. Alguno más se quejaba de gobernadores que una vez posesionados se convierten en rivales políticos de los congresistas, sus competidores. ¿Cómo garantizaremos que la ciudadanía participará y ejercerá veeduría en la ejecución de recursos?

Pero lo que debe desterrarse de tajo en el debate es la utilización de la bandera de la autonomía regional como sustituto de respuestas efectivas en la gestión pública; la politiquería camuflada en aires folclóricos y cantos de sirena. Ya desde Bogotá se ha respondido que el centralismo “maluco”, del que se quejan muchos, hace que la capital tribute mucho más de lo que recibe, por ejemplo.

El gobierno nacional está armando un rompecabezas del que son piezas maestras la LOOT y la ley de regalías. Esperemos que quede bien, porque va a cambiar hasta el mapa.

¿Y la unidad en la política exterior?

Por: Luis Carvajal Basto

Puede ser que el Gobierno logre convertir el fallo de la Corte Constitucional, que deja en un punto muerto el convenio firmado con los Estados Unidos, en una oportunidad para superar, de nuestra parte y por ahora, sin menoscabo de nuestra soberanía y seguridad, las diferencias con Venezuela. Pero el objetivo es articular una política exterior que privilegie los asuntos de Estado con sentido estratégico. Por otra parte no es bueno el precedente creado para que el ejecutivo afronte situaciones excepcionales.

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El mundo cambió desde don Marco Fidel Suarez, pasando primero a uno bipolar y luego a uno multipolar. Los problemas no son los mismos. Hoy la agenda reemplazó las guerras frías por las comerciales y la discusión sobre dogmas ha cedido paso al pragmatismo frente a asuntos globales como cambio climático, drogas, terrorismo, proliferación de armas nucleares y propiedad intelectual.

No parece que estuviese en discusión si el principal aliado internacional de Colombia ha sido y son los Estados Unidos. Sigue siendo, además de nuestro principal socio comercial la “estrella resplandeciente” en el horizonte americano; el mercado más grande del mundo, la primera potencia económica y militar. Nuestras afinidades históricas van más allá y se relacionan con el sistema político: la democracia norteamericana como modelo y ejemplo de Libertad.

Vale recordar, sin embargo, que la Corte cumple la función de resolver controversias políticas mediante sentencias jurídicas. Es un organismo que, a diferencia de otros, tiene facultades, conocimiento y sentido político. La motivación de sus fallos recoge esos elementos y crea jurisprudencia para tratar eventos futuros.

El convenio firmado con los Estados Unidos es consistente con razones arriba mencionadas, pero no se puede negar que coincidió con un momento excepcional en que nuestro país se encontraba ante una seria amenaza. Inconcebible e indeseable pero no por ello menos cierta. Nos preguntábamos todos a qué horas el gobierno de nuestro hermano país pasaría de las amenazas verbales a las militares. No se puede olvidar la ostentación del exagerado armamentismo, la inexplicable invitación a la marina rusa a patrullar el Caribe y la voladura de puentes en la zona de frontera, todo eso al vaivén de los asuntos internos de Venezuela.

En un escenario global, con unos medios y tecnologías que también lo son, los asuntos de política interna y exterior se encuentran ligados como nunca antes. Pero Constituciones y Leyes no se actualizan tan rápido como las circunstancias reales. Menos en las democracias en que los cambios deben ser consensuados. Entretanto, respecto de temas fundamentales que exigen continuidad, el sentido de los asuntos de Estado debería sobreponerse a los avatares de política interna, sin prescindir de lo que ocurre con ella y con la de nuestros vecinos. Esa función la ha cumplido históricamente la comisión asesora de relaciones exteriores, que debería recuperar su importante papel.

Del réspice polum, de don Marco Fidel, que inspiraba nuestra política exterior en la luminosidad de la estrella del norte, pasando por el réspice similia, del ex Presidente López, que quiso dar preeminencia a países semejantes como los no alineados, hemos llegado al pragmatismo actual ;un momento en que las circunstancias políticas han colocado al ejecutivo en una perspectiva y a la Corte Constitucional en otra, tratando asuntos que no pueden prestarse a confusión y en que la unidad nacional es indispensable.

• Luis Carvajal Basto

Bomba y política

Por: Luis Carvajal Basto

El atentado a Caracol es también contra el gobierno Santos y el bien más preciado por todos los colombianos: nuestro derecho a ser Libres. Al igual que en el pasado, es hora de rodear al gobierno y las Instituciones, sin olvidar que quienes pusieron la bomba quieren que el país mire para otro lado.

En la Colombia reciente, la opinión ha votado consecutivamente por una forma de gobierno que le garantizó una respuesta a la imposición de los violentos. Al secuestro. Al caos. En 1998, el candidato Uribe necesitó poco más que la consigna de “Libertad y Orden” para conseguir el favor popular. Para muchos fue el momento en que Colombia se “derechizó”. Para otros ha sido la forma en que se garantizaron las Libertades para las mayorías. El rescate de la autoridad no perfecta, sí legítima.

¿El atentado quiere decirnos que estamos en el mismo lugar luego de ocho años de Uribe? Esa es una lectura adicional, aparte de la mordaza implícita que significa el objetivo escogido. Pero en democracia el terror no es un arma política, contrario a lo expresado por el vocero del departamento de Estado de los Estados Unidos. Lo es de intereses y expresiones minoritarias que pretenden doblegar a la sociedad sin contar siquiera con un mínimo respaldo popular.

Encontrar a los responsables del atentado es un asunto urgente de policía. En otra esfera funciona nuestra realidad política. El mensaje que trae la bomba significa que algunos se sienten excluidos del acuerdo promovido por Santos y tampoco se acomodan al rol de opositores. Su regla es que no acatan reglas, dejando una sola respuesta posible por parte de la sociedad y el gobierno: el uso de la autoridad para preservar los derechos de todos.

Pero ¿es eso lo que pretenden los promotores del atentado como lo expresan algunos? Puede ser, pero el asunto no es, tan sencillo. La pregunta de fondo es si nuestras Instituciones se encuentran preparadas para afrontar un nuevo embate terrorista, sin Uribe y la respuesta es, indudablemente, que como nunca antes, a pesar de lunares como el evidente desorden casi caótico de la rama judicial. Si aplicamos regla de tres a lo ocurrido con la elección de fiscal, contralor, nuevos magistrados Y Presidente de la Corte ¿Cuánto tardaremos en encontrar, Juzgar y castigar a los responsables del atentado?

No es un buen momento para discusiones filosóficas, pero tampoco para prescindir de ellas. Al gobierno corresponde actuar contra los responsables y seguir adelante con las reformas política, judicial, etc., en un ambiente plural en que todos opinen. El país no puede detener su marcha.

Retos políticos del nuevo Gobierno

Por: Luis Carvajal Basto

Comienza un gobierno que a invitado participar en él a partidos y movimientos diferentes al que postuló al nuevo Presidente.

Las mayorías en el congreso están por tanto aseguradas y no se observa, de parte de un Polo fragmentado y disminuido en su caudal electoral y unos Verdes que aun no haciendo parte de la coalición coinciden con ella en muchos aspectos e Historia, la manera como se pueda afectar la gobernabilidad.

La unidad Nacional sugiere que debemos estar unidos para afrontar retos que trascienden la mecánica política tradicional: Narcotráfico, violencia e inseguridad, empleo y la reciente amenaza, a veces verbal y a veces no tanto, por parte del gobierno del hermano y vecino país, complementan y, en ocasiones, sustituyen los objetivos de política del actual gobierno.

El nuevo presidente ha asumido en un momento en que, como nunca antes en el pasado, se han revelado nuevos actores políticos. Además del congreso, serán importantes en los próximos cuatro años, para conseguir los objetivos de gobierno, la política exterior y las cortes, cada vez más influyentes en la gobernabilidad.

En el congreso los temas, varios de ellos esgrimidos en campaña por partidos diferentes al suyo, están claros: la reforma judicial, las Leyes de primer empleo, víctimas, regalías, tierras y ordenamiento territorial, ocuparán el tiempo de los congresistas. También el estatuto de la oposición y un nuevo intento, esperamos perdurable, de reforma política.

Más allá, la institucionalización de las relaciones gobierno-congreso, estarán conducidas por el principio de relacionarse más con los partidos y menos con las solicitudes “al detal”, para hacer el ineludible trato, más transparente. Esa tarea hará indispensable, además de propósitos y estilo, una reforma política en profundidad.

El pragmatismo mostrado por el nuevo gobierno en el manejo de la política exterior, encuentra un escenario en que actores externos presionan decisiones de política interna, como en el caso de Chávez, al punto de provocar un dilema en los gremios entre comercio y dignidad, en el reciente pasado. El reto consiste en recuperar las relaciones comerciales manteniendo el respeto por los sistemas políticos de los países.

¿Será suficiente la reforma del sector judicial para armonizar entre y con unas cortes que ahora se expresan políticamente? Así debería ocurrir y el agua retornar a sus cauces entre poderes luego del episodio de la reelección.

Pero la agenda gubernamental en lo político incorpora dos Leyes que constituyen un verdadero desafío y una inmensa oportunidad: ordenamiento territorial y regalías. Alcaldes y Gobernadores son significativos actores con influencia también en el congreso y no solo en decisiones sobre una parte importante de los recursos públicos.

Si se tiene en cuenta que la descentralización, proclamada en la Constitución, se encuentra poco más que a mitad de camino y su desarrollo se ha convertido en un objetivo del gobierno entrante, el verdadero reto no consistirá tanto en redistribuir recursos como en armonizar competencias, facilitando el flujo de políticas, decisiones y gobernabilidad.

La modernización de la gestión pública, proclamada por el nuevo gobierno, hace indispensable que esta se extienda a ciudades y regiones. Difícil encontrar una ocasión mejor que la brindada por el debate y promulgación de estas dos leyes. Quizá sea este el mayor reto político del gobierno Santos en lo interno.

• Luis Carvajal Basto