Por: Luis Carvajal Basto
Este caso, coloca sobre la mesa un dilema no suficientemente reglado en la sociedad contemporánea: el derecho de la gente a informarse, confrontado con la seguridad de los Estados y su derecho de protegerse. Al final se revela la naturaleza política de asuntos que dejan de ser "privados".
Julián Assange ha sido solicitado en extradición por denuncias sobre abusos sexuales y no por filtrar información reservada que ha permitido al mundo conocer secretos de política internacional que comprometen personas, instituciones, países etc.
La lista de personajes públicos cuestionados, encarcelados y puestos “fuera de combate” en circunstancias parecidas, es larga. En el pasado reciente, casos como el del ex director del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Khan y anteriormente el del ex gobernador de Nueva York Eliot Spitzer, suenan parecidos. Se ha conocido que quien acusó a Strauss- Khan, una camarera, no pudo justificar depósitos de cientos de miles de dólares en sus cuentas bancarias y el caso comenzó a desmoronarse. Al señor Spitzer, también ex fiscal general, le acusaron de utilizar los servicios de una prostituta (¿Alguien las conoce?). Eso fue luego de que pusiera en evidencia excesos del sistema financiero que después terminaron en la crisis de 2008, de la que el mundo no ha podido salir. Ambos debieron renunciar.
La semana anterior, por ejemplo, el mismo Presidente Obama fue acusado, por parte de ex agentes vinculados con el partido republicano, de difundir información de la operación contra Osama Bin Laden. Esto ha ocurrido faltando semanas para la elección presidencial. Guardadas proporciones, son acusaciones parecidas a las que, tras bambalinas, se han efectuado contra Assange. Puesto en el dilema entre ocultar y publicar, Obama, demócrata como Spitzer, prefiere publicar, como Assange.
La situación de Assange confronta los sistemas judiciales de diferentes países e involucra otros, creando un verdadero enigma acerca de la manera como se resolverá. No parece que al Reino Unido le convenga invadir una delegación diplomática, pero tampoco que pueda salir de un pequeño recinto, como una cárcel, en este caso escogida por él.
Todos sabemos que en el juicio contra Assange se encuentran los intereses de personas y países afectados por sus denuncias y no por sus preferencias o actitudes sexuales. A eso no escapa el gobierno del Ecuador, con interés de recibirlo para garantizar sus derechos universales y un juicio justo, a la vez que amortigua, interna y externamente, denuncias crecientes contra la Libertad de prensa en ese país.
Aunque de manera hipócrita no se diga, la verdadera discusión que subyace en este caso es el derecho de los ciudadanos del mundo a informarse, consagrado en todas las constituciones democráticas, confrontado con el de los Estados a protegerse. ¿Cual predomina? Ambos son espacios vitales para la humanidad y su confrontación confirma que asistimos a un periodo de grandes transformaciones ocasionadas, fundamentalmente, por la revolución tecnológica. Hace poco nadie se soñaba que tantas cosas, como las reveladas por Assange, se pudieran conocer. La democratización de la información es inevitable y real en la sociedad del conocimiento.
Este caso, como tantos otros, se “resolverá” política y no jurídicamente. El mundo toma partido utilizando como filtro las preferencias e intereses de cada quien. Para sectores de América Latina, después de las Malvinas, Assange será un estandarte. Para los defensores de la Libertad de información, pasan a segundo plano las particularidades de su vida privada y los posibles delitos cometidos. Para sus contradictores, siempre han estado allí.
Aunque la bandera de Assange sea reivindicada por gobiernos cuestionados por su propia situación interna, coincidirán con ellos ciudadanos e instituciones para quienes es más importante la libertad de expresión y las de recibir y difundir informaciones que compartir escena con ellos. No se trata de cómo el asunto se politiza, pues es de hecho una cuestión, política, no resuelta que refrescará un debate necesario.
Es la política. La confrontación de intereses y toma de decisiones por medios públicos en un mundo en que ya nada es privado y en que las reglas de juego, después de la revolución tecnológica y la globalización, están por construir. Al final, nada ha cambiado tanto como para pensar que el “exceso” de información es perjudicial para las Libertades que defendemos y pregonamos todos. Hasta el juicio final, si es que llega, es y será la política, aunque la padezcamos y tengamos diferentes versiones sobre ella.
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