El acceso, en tiempo real, a la información y el conocimiento disponible, así como la posibilidad de interactuar con cualquier habitante del planeta, pueden ser algunas de las características más importantes de los saltos cualitativos que hemos vivido en los últimos decenios. Sus efectos en la economía y en nuestra forma de vida se sienten por todas partes, pero apenas comenzamos a familiarizarnos con su impacto.
El actual puede calificarse como un periodo de transición, también en la política. En la era de internet un ciudadano negro llegó a la Presidencia de los Estados Unidos y los egipcios se disponen, por primera vez en miles de años, a elegir un mandatario en democracia. Si bien nadie está en condiciones de anticipar lo que vendrá, sectores significativos como educación, la industria de medios y la prensa tratan de adaptarse a las nuevas realidades.
El acceso a internet y a las nuevas tecnologías es hoy un fundamento de la democracia, aunque hubiese “sorprendido” a nuestras constituciones e instituciones. El libre acceso a la información y al conocimiento, disponen ahora de la mayor herramienta que ha conocido la humanidad, convirtiendo su utilización en un asunto de principios y en un tema de Estado.
En ese escenario, y aunque no se considere tampoco en indicadores que miden la pobreza, el acceso a internet es un asunto de equidad. Existe correlación con crecimiento y bienestar. En Norteamérica un 80% tiene posibilidades de acceso, mientras que en Sur-américa apenas el 41%.En Colombia, con más de 6.000.000 de conexiones y una cifra superior al 50%, estas crecieron 2000% en el periodo 2000-2011, mientras que en Estados Unidos “apenas” lo hicieron en un 158%.Hay que decir que, en este caso, la brecha digital se reduce. También la desigualdad.
La industria de medios ha sentido el terremoto digital y existe una gran discusión acerca del futuro de los impresos. Una de las grandes preguntas, sin respuesta uniforme todavía, es la que se refiere al cobro por el acceso a las ediciones “en línea”. En Colombia, de acuerdo a informaciones conocidas, diarios como El Tiempo se alistan para a publicar en la red una edición similar a la impresa, efectuando la transición a una edición virtual a la que tendrán acceso quienes paguen.
La verdad es que si bien hemos tenido un aumento asombroso de ciudadanos y consumidores “en línea”, la pauta publicitaria no ha correspondido todavía, aunque se perfila en decidido ascenso: para el año 2010 significó tan solo algo más del 6% de la inversión publicitaria total y alguien debe financiar la actividad. Esta es otra brecha, una que el mercado se encargará de cerrar, pero mientras tanto, las empresas deben subsistir. Desde otras latitudes, y sirviendo como ejemplo, llama la atención que nuevas empresas virtuales como Facebook o Twitter adquieran valoraciones millonarias en unos pocos años.
La verdad es que si bien hemos tenido un aumento asombroso de ciudadanos y consumidores “en línea”, la pauta publicitaria no ha correspondido todavía, aunque se perfila en decidido ascenso: para el año 2010 significó tan solo algo más del 6% de la inversión publicitaria total y alguien debe financiar la actividad. Esta es otra brecha, una que el mercado se encargará de cerrar, pero mientras tanto, las empresas deben subsistir. Desde otras latitudes, y sirviendo como ejemplo, llama la atención que nuevas empresas virtuales como Facebook o Twitter adquieran valoraciones millonarias en unos pocos años.
En teoría y en el largo plazo, el modelo de financiación de la información no será muy diferente al que tenemos ahora: parte por los anunciantes, parte por los lectores. Ese “equilibrio” es una garantía de independencia y objetividad, pilares del funcionamiento del régimen democrático. Resulta difícil, en cambio, predecir lo que ocurrirá en el “entretanto”, al producirse una brecha entre quienes pueden pagar y quienes no lo pueden hacer, al no cumplirse, en la práctica, un principio de igualdad. La salida podrá parecerse a lo que ocurre hoy con la televisión, una abierta y una paga, donde los contenidos y la calidad tendrán mucho que ver.
A diferencia de lo que ocurre con el sector educativo, en el que el Estado interviene buscando equidad, invirtiendo con justicia ingentes recursos que siempre serán escasos, el derecho a informar e informarse no puede depender de los presupuestos públicos. El dilema está planteado.
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