Ortega quiere más

Por: Luis Carvajal Basto

Las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, según las cuales San Andrés y Providencia también pertenecen a ese país, confirman que el fallo de La Haya es inaplicable.

Las palabras de Ortega son una amenaza pero también una advertencia: algo como decir que si Colombia no lo aplica inmediatamente nos puede ir peor. Ya sabemos que lo mismo ocurriría si lo hiciéramos, lo cual confirma que sus pretensiones pasan por una plataforma continental extendida con 200 millas de mar.
La respuesta de Colombia, hasta ahora, no ha excedido la formalidad de los canales diplomáticos y el derecho, sin descuidar un natural ingrediente político: se trata de obtener tiempo para actuar y restarle presión a lo que, evidentemente, es un fallo incomprensible que además se ha producido en un año preelectoral. Colombia, en verdad, no ha expresado la manera en que el fallo se acatará pero tampoco que no lo va a hacer, lo cual es perfectamente posible.
Este caso es un ejemplo, uno más, de la “desactualización” de un orden jurídico internacional establecido en la posguerra, confrontado con las realidades de la globalización. Sin que implique tomar partido frente a la intervención en Siria, la misma semana anterior, para recordar un evento cercano, el presidente Obama debió consultar a los gobiernos europeos acerca de la necesidad de una respuesta a presuntas atrocidades del régimen Sirio, ante la imposibilidad de hacerlo en el consejo de seguridad de Naciones Unidas, lugar donde los intereses de Rusia y China bloquean cualquier iniciativa. La renuencia de los gobiernos y la opinión pública en Europa y algunos tropiezos en el parlamento norteamericano han impedido, hasta ahora, los bombardeos, pero no el consejo de seguridad.

La realidad política internacional suele superar, ahora muy de seguido, lo que sugieren unos preceptos teóricos e Instituciones construidos en la década de 1940 que, muchas veces, ya no resultan suficientes. Con ello no se trata de incitar a la barbarie siendo, apenas, un reconocimiento de sus limitaciones. Los Estados Nacionales, por estos días, deben recurrir, con frecuencia, a respuestas de corte pragmático, teniendo en cuenta su evidente debilidad que tiene origen en la pérdida de credibilidad en la política y en las dificultades presupuestales. En casi todas partes los ciudadanos no quieren pagar impuestos pero requieren todo tipo de soluciones por parte de un Estado debilitado.

Si asumimos la situación con realismo debemos reconocer que, salvo por el fallo, para Colombia las circunstancias externas no son tan complejas como las internas: El gobierno de Nicaragua tiene un bien ganado prestigio de expansionista y pendenciero que, por ahora, le da réditos en la situación política interna, pero ha motivado también reclamos de Costa Rica y Panamá, sus habitualmente tranquilos vecinos.

Las expectativas de Ortega deben estar fundadas en la solidaridad de los países del Alba con los cuales se puede llevar sorpresas, dados los vínculos históricos, económicos, comerciales etc. de Colombia con Venezuela y Bolivia. En un hecho de diplomacia positiva, la semana anterior, por ejemplo, Colombia negoció con Venezuela exportaciones por más de 600 millones de dólares, a pesar de sus dificultades cambiarias y de pagos. No parece tampoco que la misma Cuba esté dispuesta a “entrometerse” a fondo en unas diferencias entre terceros.

Pero Ortega conoce de las diferencias políticas internas en Colombia, que han ocasionado desidia en la política exterior, y se aprovecha de ellas. Existen, sin duda, “responsables” del fallo, pero no parece el momento indicado para iniciar un juicio de irresponsabilidades. Si Ortega aprovecha nuestra circunstancia preelectoral y el momento de las negociaciones de Paz, no podemos “ayudarle”. Nuestra respuesta no puede ser más que una de Estado y resultaría incomprensible que actores políticos, en otro acto de canibalismo electoral, siguieran usando el fallo para ganar protagonismo o abrirse camino en las próximas elecciones.

Herejesyluis
Posdata: La noticia según la cual la asamblea de San Andrés sugiere reclamar la costa de mosquitos, perteneciente a Colombia hasta 1830 y lugar en que, por cierto, sus habitantes viven, lamentablemente, en peores condiciones que nuestros compatriotas, es una consecuencia de la actitud desaforada del presidente Ortega.