Por: Luis Carvajal Basto
El Gobierno, el Congreso y la Rama Judicial se jugaran a fondo en la próxima legislatura. La propuesta de restablecer la inmunidad parlamentaria, aunque se anuncie su retiro, es un anticipo del clima que se vivirá en el Congreso.
Luis Carvajal Basto
La inmunidad parlamentaria es una figura que defiende a los miembros de los órganos legislativos de abusos o desbordamientos en que incurren los gobiernos en diferentes partes del mundo, generalmente, contra miembros de partidos opositores.
La inmunidad puede ser, en algunos periodos, una necesidad de la democracia que, sin embargo, tiene en todas partes prerrequisitos claramente establecidos como el respeto por los derechos, la Ley, y la consolidación de las instituciones. Tratándose de un debate centenario, existe suficiente ilustración y consenso acerca de que no se puede utilizar para evitar juicios en casos de corrupción, convirtiendo a los Congresos en refugio de bandidos.
En nuestro país el Congreso perdió la inmunidad precisamente por esas razones y no parece que luego de 1991, de los sucesivos casos de corrupción, podamos decir que doblamos la página y la restablecemos.
Ello no quiere decir que el actual Congreso sea igual a los anteriores pero tampoco que corrupción, parapolítica y narcotráfico sean episodios cerrados. Llama la atención que, en este caso, sea el Presidente del Congreso, miembro del Partido Conservador y de la coalición de gobierno, quien ha asumido la vocería de sectores que se manifiestan “asustados” y” amedrentados”.
Está claro que luego del desfile de congresistas por tribunales y cárceles resulta apenas natural que soliciten garantías, de la misma manera que la sociedad las exige sobre sus conductas .Estas no se refieren a su ejercicio político sino a las que otorgue el sistema Judicial. Si el proyecto de reforma a la Justicia contempla que la sala penal de la Corte Suprema actuará en dos instancias al juzgarles, se debe interpretar la solicitud de restablecer la inmunidad como una primera reacción de temor o insatisfacción.
Nadie puede decir que en Colombia el gobierno persiga al Congreso y menos cuando el Ministerio del ramo queda en manos de un académico y Humanista a toda prueba. El ruido proviene claramente de una prevención acerca de la politización de la rama judicial y una ruptura del equilibrio con el Legislativo que puede ser corregida.
Pero en este caso hay que decir que los antecedentes no juegan a favor de las pretensiones de este sector de congresistas y tampoco le ayuda su alicaído prestigio ante la opinión. ¿Quién ha sido responsable de que la comisión de acusaciones no funcione de manera adecuada? ¿Quien de las conductas de sus miembros? .Si el Congreso se hubiera propuesto auto destruirse no podía actuar mejor que como lo hizo en periodos que, desafortunadamente, todavía no podemos declarar superados.
De otra parte, el proyecto de reforma a la Justicia se ocupa de asuntos que el país no se puede dar el lujo de aplazar. La nominación de magistrados por las mismas cortes que los elegirán no parece afectar sino reafirmar la independencia de la rama; Tampoco, dejar en manos de la Contraloría general la postulación de candidatos a las contralorías territoriales, luego de lo ocurrido en Bogotá. La reglamentación elemental de la tutela es una necesidad sentida del sector y no se entiende la prevención con la propuesta de descongestionar los despachos judiciales valiéndose de personas de reconocido prestigio que temporalmente apoyen a la Justicia, como los notarios. Vale recordar la manera cómo actúan jurados en países como los Estados Unidos.
En el pulso que se viene los tres poderes tendrán que poner su parte con equilibrio y respeto mutuo, partiendo del principio según el cual dejar las cosas como si tal, el statu quo, no se ajusta a la realidad de la Colombia que tenemos y muchísimo menos a la que debemos ser capaces de construir. Pero no debemos olvidar que en los inevitables choques de trenes que se avecinan, o comenzaron ya, el Gobierno es casi neutral y el Congreso “juega de local”.
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