Por: Luis Carvajal Basto
Lo que se conoce del escándalo Nule deja en evidencia un modelo para robar al Estado en las narices de todos ¿Cómo se detiene?
El gasto público ha quedado en entredicho, luego de conocerse detalles de los procesos de contratación. Por lo observado, la corrupción no hace diferencia en niveles de gobierno, política o regiones.
Lo que está en crisis es la misma contratación pública. Los pliegos de condiciones, en muchos casos, se conocen con anterioridad o se hacen a medida de algún oferente; por encima o por debajo de la mesa se construyen alianzas o sociedades transitorias, temporales o de papel, con beneficiarios escogidos por anticipado; si la regla es el oferente menos costoso, se propone barato para ganar ,luego se negocian nuevas adiciones y se chantajea con la parálisis de las obras, dado que los anticipos se gastan en las propinas a funcionarios corruptos; las interventoras guardan silencio y no asumen responsabilidad.
Los entes de control muchas veces se corrompen, como en Bogotá, o no actúan en tiempo real, lo hacen ex post y de manera selectiva, dejando la impresión de que se trata de mostrar algún resultado o castigar a competidores de interesados influyentes. Cuando los contratistas incumplen o no les pagan lo que quieren, demandan y, las más de las veces, ganan. Tienen muy buenos abogados. Ese es el modelo. Lo han venido desarrollando por años y se mueve como un carrusel que no para de girar. Lo más triste es que los verdaderos responsables y gurús de este “negocio” rara vez se conocen por la opinión. Es un mal endógeno de la contratación pública. Nadie puede creer que sancionando dos o tres ladrones dejará de funcionar.
¿A qué horas desaparecieron dos billones de pesos según cifras de los representantes de la sociedad civil? ¿Se institucionalizaron los negociados? ¿Queda aun algún proceso “limpio” de contratación? ¿Por cada corrupto sancionado, cuantos quedan impunes? Son las preguntas que nos hacemos todos, pero, las que nos deberíamos hacer son del tipo ¿Nos damos cuenta que es el dinero que pagamos por impuestos? La corrupción no deja cumplir la función de redistribución propia del Estado, la cual queda en un discurso. ¿Eso justifica que la gente y los empresarios legales dejen de pagar de manera justa sus tributos? o ¿Cuál es el límite y el costo social e institucional de la pérdida de legitimidad de los gobiernos, por el mal uso y ejecución de esos recursos?
Las respuestas dependen de la seriedad con que asumamos la situación, comenzando por reconocer su gravedad. Es difícil entender, luego de lo conocido, que el carrusel continúe funcionando como si tal. ¿Será que nos estamos acostumbrando a que nos roben?
Después de los Nule y de miles de millonarias demandas que ha debido pagar el Estado, es decir, nosotros los contribuyentes, y las que pagaremos, ha quedado claro que la Ley 1150 y el actual esquema de contratación, no funcionan .Los ladrones le tomaron la medida y antes que preocuparnos por otra reorganización de competencias y recursos, urge un estatuto de contratación de emergencia que ponga freno a las bien identificadas y actuales formas de corrupción. ¿Qué estaremos esperando?
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