Paz, participación y autoridad

Por: Luis Carvajal Basto

El fortalecimiento del Estado no es uno de los puntos acordados en los diálogos pero es, claramente, uno de sus objetivos más importantes. Los problemas de Colombia no terminan con el fin de la violencia de las FARC.

En estos momentos se discute en La Habana sobre participación política. Sería un desperdicio que el análisis se redujera a la transformación de las FARC en movimiento político, teniendo tantas deudas el sistema político y los colombianos con la propia Constitución en esa materia.

La participación electoral, hace décadas, no supera los niveles del 50%.La ciudadanía poco se asocia y escasamente se expresa políticamente, es decir en el ámbito en que confluyen sus derechos y responsabilidades con los de todos: lo público. Los partidos, básicamente, reflejan expresiones e intereses parlamentarios ocasionando la reducción del espacio político al que transcurre en el congreso, ocasionando una ruptura entre la política y la opinión, fundamentalmente urbana. Los votantes, ese 50%, no toman cuentas a sus elegidos salvo en los certámenes electorales.

De otra parte, la ciudadanía poco se interesa por la ejecución y control del gasto público, los impuestos que paga, abriendo camino a la corrupción y a los carruseles. Las veedurías ciudadanas no son todavía una expresión colectiva perjudicando la descentralización que, sin participación, camina pero en una sola pierna. El pueblo o la “sociedad civil” organizada se mantienen ausentes de los asuntos colectivos y sería un engaño decir que se abstienen de hacerlo solamente por temor a algún tipo de represión o por simpatías con quienes han vetado la legitimidad del sistema político, como lo han diagnosticado por años. Es, más bien, un asunto cultural o de escasa familiaridad y desarrollo con las herramientas que proporciona la Constitución del 91.Para muchos, el Estado, el sistema político, son asunto ajeno.

Dicho de otra manera, se trata de conseguir que seamos, los colombianos, más ciudadanos, y dejemos de considerar lo público como algo que compete solo a los políticos o “a los demás”. Desde ese punto de vista, y si se tienen en cuenta la Constitución y la realidad política, las “partes” podrían declararse acordadas por anticipado. El tema de la participación no se agotará en La Habana aunque de allí puedan conseguirse elementos para un estatuto de la oposición que nos debemos.

En cuanto a la ampliación de los mecanismos de participación su reglamentación no será suficiente. La cultura participativa no trata solamente de decretos o reglas aunque tampoco pueda “madurar” sin ellos. Estímulos de todo tipo serán necesarios y también puede serlo, en un país en Paz, la obligatoriedad del voto.

En otro ámbito, la ciudadanía organizada puede encargarse no solo de hacer la veeduría sino la misma ejecución de una parte del gasto público. ¿Será que no pueden, por ejemplo, las juntas comunales, encargarse de reparaciones de pequeñas vías, parques, acometidas y algunos procesos en servicios públicos? O las asociaciones de padres, administrar y ejecutar algunos procesos del sector educativo y del entorno, infraestructura de los municipios incluida, de escuelas y colegios? Son maneras de “aterrizar” el abstracto discurso participativo.

Pero en lo que no podemos nuevamente equivocarnos es en dejar de perseverar en el fortalecimiento del Estado, comenzando por la solidez y el respeto que debe merecernos el ejercicio de la autoridad legítimamente establecida. El Estado es patrimonio de todos pero quienes más lo necesitan son los pobres y los sectores más vulnerables de la población. A nivel mundial, la crisis ha revelado dos grandes tendencias: la que propende por su minimización a ultranza y la que procura que continúe funcionando como instrumento para reducir los desequilibrios pero también para intervenir, en beneficio y coordinación con los asociados, en los desajustes y dinamización de la economía etc.

En una Colombia post conflicto necesitaremos más, y no menos, Estado. Más, y no menos, ejercicio y respeto de la autoridad. Problemas como pobreza, narcotráfico y la violencia asociada, desempleo, educación pertinente y corrupción, lamentablemente seguirán vigentes. ¿Quién más va a garantizar nuestros derechos y Libertades?