Por: Luis Carvajal Basto
La reaparición del movimiento estudiantil en Colombia se puede deber a un sin número de razones, sin descartar la manera inercial en que el problema fue escalando hasta llegar al propio Presidente.
Si necesitábamos una lección acerca de la complejidad de la terea de gobernar, un buen ejemplo es lo que ocurre con las protestas estudiantiles: no estaba en las agendas, los presupuestos, los planes de desarrollo, los de reforma del Estado etc., pero tampoco en el proyecto de Ley que sirvió como motivo de discordia. Al igual que muchos otros problemas de gobierno resulta difícil preverlos, reglarlos por anticipado o modelarlos matemáticamente. En ellos, la incertidumbre es alta y es seguro que a la propia ministra jamás se le ocurrió que el problema terminaría prácticamente desbordándola, debiendo el Presidente intervenir.
No está en discusión quien tiene la razón, estando claro que si dos tercios de la población en edad de estudiar no pueden acceder a la educación superior, al gobierno corresponde buscar la manera de que puedan hacerlo, en un escenario en que el límite son los recursos disponibles. Pero ese no es solo un problema del gobierno sino de la sociedad en general y también de los mismos estudiantes. Por otro lado, existe consenso en que la Ley 30, como muchas otras cosas en el sector educativo, requiere actualización. Una Ley de educación superior es, en realidad, una oportunidad inmensa para debatir, de manera propositiva, los problemas del sector y también sus posibilidades. Un motivo de integración en lugar de uno de discordia. Una ecuación sencilla puede ilustrar la dimensión del asunto: los cambios en veinte años de expedida la Ley deberían ser, al menos, iguales al tamaño de las reformas necesarias.
¿Debe derivar un debate de ese tipo en una confrontación? No necesariamente. Tenemos ejemplos en el pasado reciente, como los surtidos con los planes decenales de educación. Una primera lección es que sin al menos un ejercicio de análisis prospectivo, teniendo en cuenta actores e intereses, ni este gobierno ni ninguno debería embarcarse en un tema tan sensible. Ni hablar de la participación y la búsqueda anticipada de consensos.
La llegada de una ejecutiva de éxito en el sector empresarial al ministerio fue una buena idea del gobierno del presidente Santos. Por años se ha reclamado una mejor vinculación entre el sector privado y la Universidad, para “sacar” a esta de su enclaustramiento y conectarla con una realidad cambiante que define perfiles profesionales, currículos, contenidos y, también, empleos. Sin embargo, los temas del sector educativo son más complejos e involucran a un movimiento estudiantil que hoy puede estar y mañana no, pero en ningún caso se puede desestimar que es, un poco, lo que reclaman los estudiantes.
No se puede culpar a la ministra de “resucitar” al movimiento estudiantil, por las mismas razones por las que no tiene una connotación negativa que los estudiantes se movilicen, que son las mismas por las que el presidente ha dicho que si fuera estudiante les acompañaría. Pero no se puede negar que, aparte del talante democrático del alto gobierno, que ha observado con un sentimiento paternal las marchas, hemos tenido algo de ingenuidad en el proceso de convocatoria para discutir la reforma, lo que tampoco descalifica su necesidad e importancia.
Que el movimiento estudiantil trascienda el escenario educativo no es una posibilidad sino un hecho cumplido, luego de la intervención del presidente, con un elemento adicional: salvo por los políticos de oficio que llegaron o trataron de llegar a la marcha del jueves no en Transmilenio sino en paracaídas, pareciera que este no es un tema de los partidos y movimientos, ampliando una brecha entre los ciudadanos y los instrumentos que proporciona la democracia para saldar las diferencias de opiniones e intereses, es decir, la política, que, lamentablemente, es entendida por muchos solo como el acceso y distribución de los presupuestos públicos.
En síntesis, en las marchas, en el origen del asunto y en la metodología utilizada para convocar y ambientar la reforma, pueden faltar consensos e ideas en positivo para mejorar nuestro sistema educativo, nada que no se pueda resolver, pero nadie puede negar que se sirvieron generosas porciones de papaya.
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