¿Vicepresidente en campaña?

Por: Luis Carvajal Basto

El intercambio de declaraciones encontradas entre vicepresidente y ministro del Interior no parece un problema de interpretación jurídica sino las escaramuzas tempranas de las próximas elecciones presidenciales.

La suspensión de penas a los desmovilizados es una forma de reglamentar una decisión de gobierno que desde el comienzo no estuvo suficientemente reglada. A pesar de los problemas que de ello han sobrevenido, nadie puede negar que las desmovilizaciones interpretaron, en su momento, el sentir y las necesidades de un país que ha buscado la Paz por diferentes medios.

El gobierno del presidente Santos ha querido, como es natural, dar continuidad a una política que compromete no a un gobierno sino al mismo Estado. No se trata solamente de cumplir con las expectativas creadas o los compromisos adquiridos con los desmovilizados. Aquí se involucra la credibilidad de futuros acuerdos con los que aún persisten en utilizar la violencia.

El presidente ha declarado cerrado el contrapunteo entre el vicepresidente y el ministro del interior, pero ha quedado la duda acerca de las razones que motivaron la transformación de unas normales diferencias de interpretación entre compañeros de gobierno, en un debate público.

No es raro que los miembros de un gobierno tengan contradicciones. Como ejemplo, casi todos los ministerios las tienen con el de Hacienda. La cosa, por lo general, es que a ellos no les alcanza el presupuesto y al ministerio de la plata, tampoco. Tratándose de desacuerdos jurídicos los ministerios han solicitado, tradicionalmente, concepto a la secretaría jurídica de presidencia o, de ser necesario, al consejo de Estado. En este caso en particular las distancias entre los dos miembros del equipo de gobierno se hicieron, de ambas partes, entusiasmadamente públicas, lo que, en sí mismo, tampoco es tan negativo y habla del talante democrático del gobierno.

Pero existen temas de temas y este no es uno en que este o cualquier gobierno pueda darse el gusto de mostrar tantas discrepancias, porque compromete intereses superiores de Estado y ante los que debería actuar de manera coherente y unificada. De hecho, aparte de la opinión, una vez transformadas las decisiones en decretos deben someterse al control constitucional que se encarga de legitimarlas o no, transformando las instancias políticas o de gobierno en jurídicas. En el caso que nos ocupa, vale decir que una cosa es la democracia y otra el despelote, que es un poco la sensación que ha quedado y por lo que el presidente debió intervenir.

En cuanto a responsabilidades, resulta claro que Germán Vargas Lleras es el titular del interior y de Justicia. Es a quien corresponden las relaciones con el congreso y la rama judicial y no ha debido expresarse, como lo hizo, el vicepresidente sin previa consulta. El país le agradece sus gestiones por el TLC y la función de “bombero” que ha cumplido en diferentes áreas, pero lo menos que puede pedírsele es que coordine sus declaraciones con los titulares de las respectivas carteras.

Porque la percepción que queda, luego de tanta vitrina, es que el vicepresidente confunde las políticas públicas con las electorales, luego de sacar a relucir los nueve millones de votos obtenidos, diciendo, sin decirlo, que fueron más que el millón y medio de Vargas Lleras. Aún en ese escenario, debería considerar que una buena gestión no es necesariamente la más escandalosa o visible y que si lo que quiere es ser candidato en 2014, es demasiado temprano para jugar tantas cartas, valiéndose de su posición en un gobierno que apenas empieza.