Luego de un reconocimiento acerca de la solidez de la economía colombiana, la misión del Fondo Monetario Internacional ha sugerido una reforma tributaria que la gente no entendería sin medidas anticorrupción y eficiencia en la gestión del gobierno y las entidades que ejecutarán los recursos.
A diferencia de lo que ocurría en otras épocas, en que sus recetas se fundamentaban en las reducciones a ultranza de gastos e inversiones de los gobiernos, las sugerencias más importantes del fondo para Colombia se refieren a una ampliación del número de contribuyentes, y no de las tarifas de impuestos, para financiar gastos que se consideran indispensables para combatir “la pobreza, el desempleo y el trabajo informal”.
Seguramente son lecciones de la crisis mundial en que se reveló la ausencia de un Estado que debía propender por el interés general. También, el reconocimiento de que solo el aumento de los presupuestos públicos, del gasto de los gobiernos, ha permitido al mundo superarla.
Se entiende que es mejor la fórmula de conseguir recursos que la de reducir gastos, la cual aumentaría el desempleo. Algo parecido a lo que ocurriría si se aumentan repentinamente los niveles de impuestos. En un mundo en que los capitales fluyen casi libremente, se dirigen hacia donde encuentran mejores condiciones, es decir estabilidad y utilidades. Corresponde a los gobiernos transformar esa inversión en empleos y bienestar, pero sin espantarla.
En ese escenario, el argumento según el cual se deben conseguir recursos para las cajas de compensación sin aumentar los costos laborales, es decir sin que los paguen trabajadores ni empresarios, resulta completamente razonable, pero merece una mínima discusión. ¿Representan los beneficios que reciben seis millones de afiliados a las cajas, a los colombianos más pobres?, ¿Son estas un instrumento para combatir eficientemente la informalidad y la pobreza?;¿Luego de lo ocurrido con las empresas de salud ¿estarán debidamente fiscalizados tan millonarios recursos?
Vale recordar que las condiciones y gravámenes hacen que más del 50% de los colombianos que trabajan pertenezcan al sector informal y que el libre comercio y la globalización ponen a competir nuestras condiciones de trabajo con las internacionales, sin que ello sea cuestión de gustos o dependa de los gobiernos. Sería efímero y populista, por ejemplo, otorgar aquí prerrogativas o costos que sacaran al trabajo colombiano del mercado, considerando el agravante de la falta de competitividad en infraestructura y costos de transporte. Por eso parecen, en este caso, por lo menos realistas las sugerencias del FMI.
Partiendo del principio según el cual ninguna reforma tributaria encuentra respaldo popular, lo que seguramente no han tenido en cuenta los funcionarios del Fondo, sin embargo, son los costos políticos que deberá pagar el gobierno en el actual escenario nacional que se puede calificar como el destape de la corrupción y en el que lo de Bogotá parece apenas la punta de un iceberg.
¿Estará dispuesta la gente al aumento de la base tributaria en plenas ferias y fiestas de carruseles, en que por donde tocan los organismos de control “sale pus”?
Apenas como ejemplo, conviene recordar algunas de las cifras de las que estamos hablando: los trabajadores que devengan menos de cuatro salarios mínimos recibieron en 2010 subsidios monetarios por un billón de pesos, mientras que los costos pagados y estimados de reparación de las losas de Transmilenio ascienden a 300.000 millones o los gastos no explicados en el túnel de la línea valen 240.000 millones, para hablar de solo dos megaproyectos.
¿Qué pasará con la plata de la futura reforma tributaria? Podría ser una pregunta para el director de la DIAN quien curiosamente era quien recaudaba los impuestos en el Distrito, con los que se pagaron las obras del carrusel. Necesitamos varios tan acuciosos como él para cobrar impuestos, pero para ejecutar los recursos con eficiencia y transparencia.
Posdata: Como era de esperar y se solicitó en esta columna el pasado 28 de enero, la Corte Constitucional declaró inexequible la reducción del censo electoral. Enhorabuena.
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