Ladrones y bufones

Por: Luis Carvajal Basto

La denuncia de Caracol que implica a un congresista y al Contralor de Bogotá, ratifica la función de los medios en las democracias modernas para detener excesos de las ramas del poder. Lo ocurrido obliga a reflexionar sobre la responsabilidad del tribunal que nominó a los dos últimos Contralores. El Liberalismo debe demostrar que no concede patentes a corsarios.

Estamos enterándonos los ciudadanos que el llamado carrusel no comienza con los contratos públicos: en realidad, termina con ellos. Muchas veces se convierte en botín de ladrones, que comienzan su actividad promoviendo candidaturas de quienes disponen de los presupuestos públicos o los controlan para luego “cobrar” el favor.

En el caso del contralor de Bogotá la postulación está a cargo de los tribunales. Los dos últimos han surgido de un proceso de selección del Administrativo de Cundinamarca, ente que postulo para contralor de Luis E. Garzón a quien fuera el gerente de su anterior campaña a la presidencia. Se dirá que no existían impedimentos legales. Éticos y morales, todos. Sobre el desempeño y la gestión de ese contralor, los hechos son conocidos.

La selección de contralor la decide la coalición mayoritaria del concejo.También define quien será personero. Esos concejales, quienes deben ejercer el control político sobre la Administración, tienen una responsabilidad tan grande como la de los Magistrados que postulan inicialmente la terna. La citación en este caso a los implicados, es lo menos que pueden hacer, pero debemos recordar que en el pasado debates similares han terminado poco menos que en nada.

Extraña en este caso que el tribunal no se pronuncie como cuerpo, sobre los delicados hechos que involucran al candidato que seleccionó, como tampoco lo hizo con el Contralor anterior. La ciudadanía espera que lo haga.

Quienes se ven involucrados en escándalos de corrupción generalmente adoptan la estrategia de dilatar y posponer; a que la veeduría que ejercen los medios baje la guardia, a que del asunto no se ocupe la opinión para “manejarlo”, a que los robos contra el patrimonio de todos queden impunes.

Vale recordar lo que ocurrió la semana que pasó cuando un tribunal del Partido Liberal citó a los comprometidos para "escucharlos” (al parecer la grabación no es suficiente).Ninguno asistió. No han sido suspendidos ni sancionados.

En contrario, llama la atención que el señor Molano acudió por cuenta propia a la Corte Suprema para solicitar que se le investigara. Como si no existiera la denuncia pública de la cadena Caracol. Como si millones de colombianos no hubiésemos escuchado la grabación que le compromete y que se podría asimilar a una involuntaria confesión o una cátedra de presiones y trampas. Más parece una burla y desafío a la ciudadanía y a la Corte.

¿Se convertirá esta denuncia en un “periódico de ayer”? La Corte Suprema, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el concejo y el tribunal del Partido Liberal tienen ahora la responsabilidad y la palabra.