¿Cuándo almorzamos?

Por: Luis Carvajal Basto

Los funcionarios deben cuidarse de las invitaciones, pero el debate público sobre el llamado “cartel de la contratación” en Bogotá, nos coloca ante una discusión sobre los límites del lobby frente a la Ley. Existen unos parámetros éticos y morales, pero también legales.

Persuadir a otros acerca de las bondades o ventajas de un producto o proyecto que representa un interés, parece una gestión apenas natural e indispensable en la sociedad contemporánea. Está en los fundamentos de la publicidad, por ejemplo. Promover o promoverse se considera un acto legítimo.

Durante muchos años, empresarios, gremios y ciudadanos del común, se han pronunciado frente al Congreso o los gobiernos para proteger o promover sus intereses en el proceso de formación de las Leyes. En Colombia, se recuerdan casos notables, como el de Javier Hoyos, el famoso “Senador 103”, quien por años defendió los intereses de Bavaria y de los consumidores de cerveza con éxito, no permitiendo el alza de sus impuestos.

Las diferencias entre un “lobista” que defiende un interés particular y de quienes pretenden defender el general, funcionarios públicos y entes de control, son del cielo a la tierra. El primero pertenece a la esfera privada, los otros son funcionarios con un desempeño reglado: la Ley explica lo que pueden y no pueden hacer. Ese mismo hecho, hace inútil la excusa de la insuficiente reglamentación del lobby o cabildeo, para explicar algunas conductas.

¿Es un delito o un atentado a la moral y a la ética que un funcionario de control asista a un desayuno? Pues en principio no parece, pero el asunto se complica si tiene carácter privado, si quien lo convoca es un concejal que participó en el proceso de selección del funcionario y si el tercer participante es un contratista cuestionado por el incumplimiento de sus obras.

De acuerdo a lo que se conoce eso es lo que ha ocurrido en el caso del contralor de Bogotá con uno de los señores Nule. La diferencia, otra vez, es que se trata de servidores públicos con impedimentos y obligaciones de Ley. La discusión de si el contralor conocía que iba a encontrarse con uno de sus “controlados” o si se trató de una encerrona de la concejal que invitó, resulta irrelevante luego de conocerse la grabación que implica al congresista Molano y a él mismo.

En todo esto, salvo por la veeduría que ejercen los medios, estas conductas pasarían desapercibidas para una ciudadanía que, como la de Bogotá, paga puntualmente sus impuestos, pero no vigila lo que se hace con ellos. La transparencia es uno de los fundamentos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Antes del auto avalúo y la recuperación de las finanzas de la ciudad, en la Administración de Jaime Castro, la gente no pagaba impuestos, entre otras razones porque dudaba del destino que se les daba.

Por eso llama la atención el silencio de la Alcaldía frente a este asunto, de la veeduría Distrital y del secretario de hacienda, quien debería ocuparse, también, de lo que hacen con la plata que recauda.

La culpa no es del lobby, sino de los corruptos .Las normas y leyes de que disponemos son suficientes para castigarlos. Entre otras, “Cuando almorzamos” es una expresión muy bogotana que se usa para hacerle el quite a un compromiso jarto. No tengamos temor de utilizarla para sacarle el cuerpo a especímenes de cuello blanco que viven como estrato 25 y hacen invitaciones, por cuenta de los impuestos que pagamos.