El rompecabezas de las regalías

Por: Luis Carvajal Basto

No va a estar fácil, para el gobierno, explicar cómo se desarrolla la descentralización recortando la administración de recursos a departamentos y municipios productores, pero tampoco a estos justificar la dilapidación que el país ha observado.

El gobierno Santos ha presentado un proyecto para reformar el régimen actual de regalías, bajo un principio según el cual esos recursos son de todos los colombianos y a todos deben beneficiar. La creación del fondo de compensación regional, la destinación del 10% de esos recursos a ciencia y tecnología y el manejo por parte del Banco de la República de otra porción importante, no han sido suficientes argumentos para convencer a alcaldes y gobernadores que ya comenzaron a ofrecer “pelea”.

Su argumento más sólido consiste en que el impacto ecológico se genera en las zonas productoras y debe ser compensado. Pero este, en realidad, es un problema de administración de recursos y de gestión. ¿Quien administra mejor: la Nación o las alcaldías y gobernaciones? Si nos atenemos al pasado resulta difícil encontrar un ganador. Los escándalos de corrupción que hemos conocido, aquí y allá, no conceden opciones, pero el derroche tampoco: reconocidas modelos y orquestas se han paseado, recibiendo cuantiosos honorarios, por municipios en que los niños no conocen un computador, sus calles están sin pavimentar y el agua es de mala calidad.

El principio de redistribución, como tarea del gobierno nacional, parecería otorgarle la razón. Debe atender las necesidades de todos, equitativamente y no concediendo privilegios a las zonas productoras. Pero podría ofrecer garantías de participación de la ciudadanía en la veeduría y ejecución de los recursos, cumpliendo otro mandato Constitucional. Existen muchos proyectos, comenzando por las obras públicas, que pueden ser ejecutados por asociaciones de ciudadanos. A ver si salimos de las exclusividades que dan lugar a los carruseles de contratación.

El debate que comenzamos a observar en el congreso, como parte de la ambiciosa agenda legislativa, nos ha mostrado la posición de los interesados, pero no claramente la de los partidos, asociaciones científicas y de profesionales, gremios y la academia que tendrían mucho para decir, recogiendo experiencias internacionales.

Lo que no se puede promover, en este caso, es la reducción de la discusión a quienes litigan en causa propia, permitiéndonos escuchar argumentos como el expresado por el gobernador de Santander, doctor Horacio Serpa, vocero natural de los gobernadores y para quien el manejo de las regalías en los últimos años ha sido “transparente”, lo cual puede ser cierto en su departamento pero, como generalización, inadmisible.

Una ley que cambiará a Colombia

Por: Luis Carvajal Basto

La presentación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial cumple con un mandato de la Constitución, pero no es la panacea para resolver los problemas de costeños, paisas, llaneros.etc. Es una oportunidad para mejorar la gobernabilidad, la gestión pública y la participación ciudadana, pero tengamos cuidado con la politiquería que puede terminar afectando la unidad Nacional.

El proyecto de Ley es completo y bien intencionado. El gobierno, por la vía del traslado de competencias y recursos, quiere reorganizar el territorio, utilizando herramientas modernas de gestión como la prospectiva y la planeación que se basa en participación.

Comenzando apenas el debate, de los departamentos de la costa ya llegan voces de insatisfacción, que se consideran respaldadas por el voto Caribe, reclamando desde ahora un supuesto “conejo”. Se ha dicho que “Los gobernadores del Caribe, aspiran a la creación de una región como entidad territorial, con autonomía política y administrativa, con un gobernador regional, una asamblea legislativa y presupuesto propio."

Presentado así, podría ser más burocracia, si se considera que el estimado de esos gastos es superior a los 100.000 millones adicionales para una sola región, en un periodo de vacas flacas en las finanzas públicas y de necesidades fundamentales crecientes en Salud, educación, agua, vivienda etc. ¿Serán la pobreza, el desempleo etc. problemas regionales y será verdad que se superaran con una Ley, por importante que ella sea?

Pero el meollo del asunto no esta ahí. Tiene que ver con el sentido de oportunidad de la Ley y sus desarrollos en un País que aún sufre el impacto del narcotráfico y la violencia a unos niveles que hasta hace poco hacían dudar a muchos sobre nuestra viabilidad como Nación. Hemos conocido las diferentes formas en que los recursos públicos han sido utilizados como botín de caza de los violentos, asociados con politiqueros corruptos, en muchas entidades territoriales, sirviendo de combustible a la violencia. ¿Cómo haremos para que el problema no prosiga, ahora a escala regional?

El debate de la Ley pondrá sobre la mesa, naturalmente, actores y presiones políticas: Gobernadores, Alcaldes y Congresistas. Estos últimos, como lo dijo hace poco el presidente del congreso, sienten que han perdido protagonismo y su capacidad de gestión es mínima para responder a sus electores. Alguno más se quejaba de gobernadores que una vez posesionados se convierten en rivales políticos de los congresistas, sus competidores. ¿Cómo garantizaremos que la ciudadanía participará y ejercerá veeduría en la ejecución de recursos?

Pero lo que debe desterrarse de tajo en el debate es la utilización de la bandera de la autonomía regional como sustituto de respuestas efectivas en la gestión pública; la politiquería camuflada en aires folclóricos y cantos de sirena. Ya desde Bogotá se ha respondido que el centralismo “maluco”, del que se quejan muchos, hace que la capital tribute mucho más de lo que recibe, por ejemplo.

El gobierno nacional está armando un rompecabezas del que son piezas maestras la LOOT y la ley de regalías. Esperemos que quede bien, porque va a cambiar hasta el mapa.

¿Y la unidad en la política exterior?

Por: Luis Carvajal Basto

Puede ser que el Gobierno logre convertir el fallo de la Corte Constitucional, que deja en un punto muerto el convenio firmado con los Estados Unidos, en una oportunidad para superar, de nuestra parte y por ahora, sin menoscabo de nuestra soberanía y seguridad, las diferencias con Venezuela. Pero el objetivo es articular una política exterior que privilegie los asuntos de Estado con sentido estratégico. Por otra parte no es bueno el precedente creado para que el ejecutivo afronte situaciones excepcionales.

www.worldoffice.com.co

El mundo cambió desde don Marco Fidel Suarez, pasando primero a uno bipolar y luego a uno multipolar. Los problemas no son los mismos. Hoy la agenda reemplazó las guerras frías por las comerciales y la discusión sobre dogmas ha cedido paso al pragmatismo frente a asuntos globales como cambio climático, drogas, terrorismo, proliferación de armas nucleares y propiedad intelectual.

No parece que estuviese en discusión si el principal aliado internacional de Colombia ha sido y son los Estados Unidos. Sigue siendo, además de nuestro principal socio comercial la “estrella resplandeciente” en el horizonte americano; el mercado más grande del mundo, la primera potencia económica y militar. Nuestras afinidades históricas van más allá y se relacionan con el sistema político: la democracia norteamericana como modelo y ejemplo de Libertad.

Vale recordar, sin embargo, que la Corte cumple la función de resolver controversias políticas mediante sentencias jurídicas. Es un organismo que, a diferencia de otros, tiene facultades, conocimiento y sentido político. La motivación de sus fallos recoge esos elementos y crea jurisprudencia para tratar eventos futuros.

El convenio firmado con los Estados Unidos es consistente con razones arriba mencionadas, pero no se puede negar que coincidió con un momento excepcional en que nuestro país se encontraba ante una seria amenaza. Inconcebible e indeseable pero no por ello menos cierta. Nos preguntábamos todos a qué horas el gobierno de nuestro hermano país pasaría de las amenazas verbales a las militares. No se puede olvidar la ostentación del exagerado armamentismo, la inexplicable invitación a la marina rusa a patrullar el Caribe y la voladura de puentes en la zona de frontera, todo eso al vaivén de los asuntos internos de Venezuela.

En un escenario global, con unos medios y tecnologías que también lo son, los asuntos de política interna y exterior se encuentran ligados como nunca antes. Pero Constituciones y Leyes no se actualizan tan rápido como las circunstancias reales. Menos en las democracias en que los cambios deben ser consensuados. Entretanto, respecto de temas fundamentales que exigen continuidad, el sentido de los asuntos de Estado debería sobreponerse a los avatares de política interna, sin prescindir de lo que ocurre con ella y con la de nuestros vecinos. Esa función la ha cumplido históricamente la comisión asesora de relaciones exteriores, que debería recuperar su importante papel.

Del réspice polum, de don Marco Fidel, que inspiraba nuestra política exterior en la luminosidad de la estrella del norte, pasando por el réspice similia, del ex Presidente López, que quiso dar preeminencia a países semejantes como los no alineados, hemos llegado al pragmatismo actual ;un momento en que las circunstancias políticas han colocado al ejecutivo en una perspectiva y a la Corte Constitucional en otra, tratando asuntos que no pueden prestarse a confusión y en que la unidad nacional es indispensable.

• Luis Carvajal Basto

Bomba y política

Por: Luis Carvajal Basto

El atentado a Caracol es también contra el gobierno Santos y el bien más preciado por todos los colombianos: nuestro derecho a ser Libres. Al igual que en el pasado, es hora de rodear al gobierno y las Instituciones, sin olvidar que quienes pusieron la bomba quieren que el país mire para otro lado.

En la Colombia reciente, la opinión ha votado consecutivamente por una forma de gobierno que le garantizó una respuesta a la imposición de los violentos. Al secuestro. Al caos. En 1998, el candidato Uribe necesitó poco más que la consigna de “Libertad y Orden” para conseguir el favor popular. Para muchos fue el momento en que Colombia se “derechizó”. Para otros ha sido la forma en que se garantizaron las Libertades para las mayorías. El rescate de la autoridad no perfecta, sí legítima.

¿El atentado quiere decirnos que estamos en el mismo lugar luego de ocho años de Uribe? Esa es una lectura adicional, aparte de la mordaza implícita que significa el objetivo escogido. Pero en democracia el terror no es un arma política, contrario a lo expresado por el vocero del departamento de Estado de los Estados Unidos. Lo es de intereses y expresiones minoritarias que pretenden doblegar a la sociedad sin contar siquiera con un mínimo respaldo popular.

Encontrar a los responsables del atentado es un asunto urgente de policía. En otra esfera funciona nuestra realidad política. El mensaje que trae la bomba significa que algunos se sienten excluidos del acuerdo promovido por Santos y tampoco se acomodan al rol de opositores. Su regla es que no acatan reglas, dejando una sola respuesta posible por parte de la sociedad y el gobierno: el uso de la autoridad para preservar los derechos de todos.

Pero ¿es eso lo que pretenden los promotores del atentado como lo expresan algunos? Puede ser, pero el asunto no es, tan sencillo. La pregunta de fondo es si nuestras Instituciones se encuentran preparadas para afrontar un nuevo embate terrorista, sin Uribe y la respuesta es, indudablemente, que como nunca antes, a pesar de lunares como el evidente desorden casi caótico de la rama judicial. Si aplicamos regla de tres a lo ocurrido con la elección de fiscal, contralor, nuevos magistrados Y Presidente de la Corte ¿Cuánto tardaremos en encontrar, Juzgar y castigar a los responsables del atentado?

No es un buen momento para discusiones filosóficas, pero tampoco para prescindir de ellas. Al gobierno corresponde actuar contra los responsables y seguir adelante con las reformas política, judicial, etc., en un ambiente plural en que todos opinen. El país no puede detener su marcha.

Retos políticos del nuevo Gobierno

Por: Luis Carvajal Basto

Comienza un gobierno que a invitado participar en él a partidos y movimientos diferentes al que postuló al nuevo Presidente.

Las mayorías en el congreso están por tanto aseguradas y no se observa, de parte de un Polo fragmentado y disminuido en su caudal electoral y unos Verdes que aun no haciendo parte de la coalición coinciden con ella en muchos aspectos e Historia, la manera como se pueda afectar la gobernabilidad.

La unidad Nacional sugiere que debemos estar unidos para afrontar retos que trascienden la mecánica política tradicional: Narcotráfico, violencia e inseguridad, empleo y la reciente amenaza, a veces verbal y a veces no tanto, por parte del gobierno del hermano y vecino país, complementan y, en ocasiones, sustituyen los objetivos de política del actual gobierno.

El nuevo presidente ha asumido en un momento en que, como nunca antes en el pasado, se han revelado nuevos actores políticos. Además del congreso, serán importantes en los próximos cuatro años, para conseguir los objetivos de gobierno, la política exterior y las cortes, cada vez más influyentes en la gobernabilidad.

En el congreso los temas, varios de ellos esgrimidos en campaña por partidos diferentes al suyo, están claros: la reforma judicial, las Leyes de primer empleo, víctimas, regalías, tierras y ordenamiento territorial, ocuparán el tiempo de los congresistas. También el estatuto de la oposición y un nuevo intento, esperamos perdurable, de reforma política.

Más allá, la institucionalización de las relaciones gobierno-congreso, estarán conducidas por el principio de relacionarse más con los partidos y menos con las solicitudes “al detal”, para hacer el ineludible trato, más transparente. Esa tarea hará indispensable, además de propósitos y estilo, una reforma política en profundidad.

El pragmatismo mostrado por el nuevo gobierno en el manejo de la política exterior, encuentra un escenario en que actores externos presionan decisiones de política interna, como en el caso de Chávez, al punto de provocar un dilema en los gremios entre comercio y dignidad, en el reciente pasado. El reto consiste en recuperar las relaciones comerciales manteniendo el respeto por los sistemas políticos de los países.

¿Será suficiente la reforma del sector judicial para armonizar entre y con unas cortes que ahora se expresan políticamente? Así debería ocurrir y el agua retornar a sus cauces entre poderes luego del episodio de la reelección.

Pero la agenda gubernamental en lo político incorpora dos Leyes que constituyen un verdadero desafío y una inmensa oportunidad: ordenamiento territorial y regalías. Alcaldes y Gobernadores son significativos actores con influencia también en el congreso y no solo en decisiones sobre una parte importante de los recursos públicos.

Si se tiene en cuenta que la descentralización, proclamada en la Constitución, se encuentra poco más que a mitad de camino y su desarrollo se ha convertido en un objetivo del gobierno entrante, el verdadero reto no consistirá tanto en redistribuir recursos como en armonizar competencias, facilitando el flujo de políticas, decisiones y gobernabilidad.

La modernización de la gestión pública, proclamada por el nuevo gobierno, hace indispensable que esta se extienda a ciudades y regiones. Difícil encontrar una ocasión mejor que la brindada por el debate y promulgación de estas dos leyes. Quizá sea este el mayor reto político del gobierno Santos en lo interno.

• Luis Carvajal Basto

¿Cuándo almorzamos?

Por: Luis Carvajal Basto

Los funcionarios deben cuidarse de las invitaciones, pero el debate público sobre el llamado “cartel de la contratación” en Bogotá, nos coloca ante una discusión sobre los límites del lobby frente a la Ley. Existen unos parámetros éticos y morales, pero también legales.

Persuadir a otros acerca de las bondades o ventajas de un producto o proyecto que representa un interés, parece una gestión apenas natural e indispensable en la sociedad contemporánea. Está en los fundamentos de la publicidad, por ejemplo. Promover o promoverse se considera un acto legítimo.

Durante muchos años, empresarios, gremios y ciudadanos del común, se han pronunciado frente al Congreso o los gobiernos para proteger o promover sus intereses en el proceso de formación de las Leyes. En Colombia, se recuerdan casos notables, como el de Javier Hoyos, el famoso “Senador 103”, quien por años defendió los intereses de Bavaria y de los consumidores de cerveza con éxito, no permitiendo el alza de sus impuestos.

Las diferencias entre un “lobista” que defiende un interés particular y de quienes pretenden defender el general, funcionarios públicos y entes de control, son del cielo a la tierra. El primero pertenece a la esfera privada, los otros son funcionarios con un desempeño reglado: la Ley explica lo que pueden y no pueden hacer. Ese mismo hecho, hace inútil la excusa de la insuficiente reglamentación del lobby o cabildeo, para explicar algunas conductas.

¿Es un delito o un atentado a la moral y a la ética que un funcionario de control asista a un desayuno? Pues en principio no parece, pero el asunto se complica si tiene carácter privado, si quien lo convoca es un concejal que participó en el proceso de selección del funcionario y si el tercer participante es un contratista cuestionado por el incumplimiento de sus obras.

De acuerdo a lo que se conoce eso es lo que ha ocurrido en el caso del contralor de Bogotá con uno de los señores Nule. La diferencia, otra vez, es que se trata de servidores públicos con impedimentos y obligaciones de Ley. La discusión de si el contralor conocía que iba a encontrarse con uno de sus “controlados” o si se trató de una encerrona de la concejal que invitó, resulta irrelevante luego de conocerse la grabación que implica al congresista Molano y a él mismo.

En todo esto, salvo por la veeduría que ejercen los medios, estas conductas pasarían desapercibidas para una ciudadanía que, como la de Bogotá, paga puntualmente sus impuestos, pero no vigila lo que se hace con ellos. La transparencia es uno de los fundamentos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Antes del auto avalúo y la recuperación de las finanzas de la ciudad, en la Administración de Jaime Castro, la gente no pagaba impuestos, entre otras razones porque dudaba del destino que se les daba.

Por eso llama la atención el silencio de la Alcaldía frente a este asunto, de la veeduría Distrital y del secretario de hacienda, quien debería ocuparse, también, de lo que hacen con la plata que recauda.

La culpa no es del lobby, sino de los corruptos .Las normas y leyes de que disponemos son suficientes para castigarlos. Entre otras, “Cuando almorzamos” es una expresión muy bogotana que se usa para hacerle el quite a un compromiso jarto. No tengamos temor de utilizarla para sacarle el cuerpo a especímenes de cuello blanco que viven como estrato 25 y hacen invitaciones, por cuenta de los impuestos que pagamos.

Ladrones y bufones

Por: Luis Carvajal Basto

La denuncia de Caracol que implica a un congresista y al Contralor de Bogotá, ratifica la función de los medios en las democracias modernas para detener excesos de las ramas del poder. Lo ocurrido obliga a reflexionar sobre la responsabilidad del tribunal que nominó a los dos últimos Contralores. El Liberalismo debe demostrar que no concede patentes a corsarios.

Estamos enterándonos los ciudadanos que el llamado carrusel no comienza con los contratos públicos: en realidad, termina con ellos. Muchas veces se convierte en botín de ladrones, que comienzan su actividad promoviendo candidaturas de quienes disponen de los presupuestos públicos o los controlan para luego “cobrar” el favor.

En el caso del contralor de Bogotá la postulación está a cargo de los tribunales. Los dos últimos han surgido de un proceso de selección del Administrativo de Cundinamarca, ente que postulo para contralor de Luis E. Garzón a quien fuera el gerente de su anterior campaña a la presidencia. Se dirá que no existían impedimentos legales. Éticos y morales, todos. Sobre el desempeño y la gestión de ese contralor, los hechos son conocidos.

La selección de contralor la decide la coalición mayoritaria del concejo.También define quien será personero. Esos concejales, quienes deben ejercer el control político sobre la Administración, tienen una responsabilidad tan grande como la de los Magistrados que postulan inicialmente la terna. La citación en este caso a los implicados, es lo menos que pueden hacer, pero debemos recordar que en el pasado debates similares han terminado poco menos que en nada.

Extraña en este caso que el tribunal no se pronuncie como cuerpo, sobre los delicados hechos que involucran al candidato que seleccionó, como tampoco lo hizo con el Contralor anterior. La ciudadanía espera que lo haga.

Quienes se ven involucrados en escándalos de corrupción generalmente adoptan la estrategia de dilatar y posponer; a que la veeduría que ejercen los medios baje la guardia, a que del asunto no se ocupe la opinión para “manejarlo”, a que los robos contra el patrimonio de todos queden impunes.

Vale recordar lo que ocurrió la semana que pasó cuando un tribunal del Partido Liberal citó a los comprometidos para "escucharlos” (al parecer la grabación no es suficiente).Ninguno asistió. No han sido suspendidos ni sancionados.

En contrario, llama la atención que el señor Molano acudió por cuenta propia a la Corte Suprema para solicitar que se le investigara. Como si no existiera la denuncia pública de la cadena Caracol. Como si millones de colombianos no hubiésemos escuchado la grabación que le compromete y que se podría asimilar a una involuntaria confesión o una cátedra de presiones y trampas. Más parece una burla y desafío a la ciudadanía y a la Corte.

¿Se convertirá esta denuncia en un “periódico de ayer”? La Corte Suprema, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el concejo y el tribunal del Partido Liberal tienen ahora la responsabilidad y la palabra.