Los colombianos, proclives a la memoria de corto plazo, asistimos en el proceso de elección de procurador a la presentación de una película que ya vimos, con los mismos actores y, apenas, un leve cambio de roles. Esta vez, el procurador no fue ternado ante el Senado por el concejo de Estado si no por la Corte. Por demás, igual que hace cuatro años, con bastante anticipación a quienes serán sus competidores lo que le otorgó una ventaja decisiva que culminó en su elección. ¿Tendremos ahora el mismo final?
La elección es, de cualquier manera, una prueba para ratificar las mayorías del gobierno en el congreso, en un escenario en que la oposición sigue siendo minoritaria, a pesar de los vientos de “rebelión” que se anunciaron después de la fracasada reforma a la justicia. En realidad, nada ha cambiado tanto como se observó en la elección de las directivas del congreso. La coalición de gobierno está vigente y la pregunta que queda es si el hoy procurador en trance de reelegirse ofrece garantías a un gobierno con una agenda de paz duramente cuestionada por quienes respaldaron a Ordoñez en 2008 y, muy seguramente, camino también a la reelección.
Desde su primera postulación el nombre del actual procurador fue objeto de muchos “ruidos” por sus posturas “extremas” frente a temas sensibles como los derechos de las minorías y por su activo catolicismo, el cual, dicho sea de paso, practican la mayoría de los colombianos. Esto debe observarse solamente como argumento propio de los debates políticos, en cuanto resulta imposible pretender que quien aspira a un cargo como ese no mantenga un fuero individual , unas creencias y que, como debe ser, las defienda públicamente aunque no estén de acuerdo con las de los demás. No es propio del talante democrático cuestionar a las personas por lo que piensan aunque aspiren al cargo de procurador. Es, de alguna manera, como decir “mi fundamentalismo es mejor que el suyo”. Otra cosa es su desempeño en un cargo que tiene por objeto garantizar el cumplimiento de la Constitución y supervisar la función pública, el cual debe ejercerse sin prejuicios que le afecten.
Para ilustrar esta situación, vale la pena recordar que el procurador Ordoñez fue acusado, en el pasado, de actos como retirar una imagen del general Santander para colocar un crucifijo. ¿Tendrá tanta diferencia con el hoy alcalde Petro quien retiró una imagen del fundador de Bogotá, Don Gonzalo Jiménez de Quesada, para colocar una del Libertador? Por cierto, el alcalde, en su época de senador, fue uno de los promotores de la primera candidatura de Ordoñez.
Algunas organizaciones civiles se han pronunciado, con razón, en contra de la forma como ha transcurrido el proceso de la actual elección lo cual es un asunto completamente diferente. El procurador, al igual que hace cuatro años, ha tomado ventaja sobre sus competidores que no han iniciado campaña y ni siquiera se conocen. Es la influencia real de lo que se califica como “los tiempos” de la política. El ministro de justicia ha anunciado la postulación por parte del gobierno de un “jurista de peso”, quien, en todo caso, arrancará en desventaja si se evalúan las declaraciones de los dirigentes políticos que, en muchos casos, ya definieron su postura y su voto. Las postulaciones, por reglamentación pendiente de la Ley, tendrían que ser simultáneas.
Sin embargo, tampoco es esa la principal objeción al sistema de elección de procurador. No se entienden las razones por las que la constitución reduce al ámbito del senado el proceso de elección, excluyendo la cámara, pero mucho menos que quienes son objeto de investigaciones sean sus mismos electores planteando un enorme dilema ético y moral, algo que nos recuerda la necesidad de esta y otras reformas constitucionales que se consideraron en el intento de reforma a la justicia.
¿Está elegido el procurador? Todo parece indicarlo, pero, con realismo político debemos esperar, mientras el sistema de elección cambia, lo que no ocurrirá ahora, a que el presidente exprese su “última palabra” que, en este caso, será la primera.
@herejesyluis
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