Punto de quiebre

Por: Luis Carvajal Basto
El fracaso de la reforma a la justicia ha puesto en evidencia que la distancia existente entre el país político y el real es "cada día más grande". ¿Se adelantó el debate presidencial de 2014?


En medio del desbarajuste ocasionado por el devenir del proyecto de acto legislativo, destacan varios fenómenos que resulta imposible dejar de registrar. El más importante seguramente sea la incapacidad del sistema político para procesar los problemas de la sociedad, que es lo ocurrido con una ley que a ojos de todos los colombianos resultaba indispensable. Dos encuestas realizadas la semana anterior ratificaron que más del 70% de los ciudadanos no confían en el sistema judicial y sin embargo, luego de dos años de ir y venir, tira y afloje entre las diferentes ramas del poder, quedamos en lo mismo. Eso es muy grave.
Qué en el proceso siguen perdiendo las instituciones deja de ser un precepto teórico y se convierte en una realidad que ha podido ser palpada y medida mediante el mecanismo de encuestas: el congreso y la rama judicial con un desprestigio superior al 70%.La caída de los partidos políticos, a través de los años, merece una consideración aparte: superaron, entre todos, la barrera del 70% de opinión desfavorable, cifra similar a la de los ciudadanos que manifiestan no pertenecer a ninguno. En estas cifras están incluidos los movimientos que han aparecido más recientemente en la política colombiana, como el Polo y los llamados Verdes.
Para atenuar estas reveladoras cifras puede decirse que existe una crisis global de la política y los gobiernos, lo cual es verdad, pero el alcance del nivel de desaprobación de las instituciones en Colombia lo que muestra es una delicadísima pérdida de confianza en ellas, aun en un escenario en que los niveles de participación electoral, cercanos al 50% históricamente, resultan “aceptables” si se comparan con otras democracias, revelándose que la gente no está conforme pero tampoco participa de maneras diferentes al voto. Conclusión: la constitución de 1991 se ha quedado, en cuanto a los derechos políticos, en un discurso.
En el episodio de la reforma, la opinión se ha expresado a través de los medios ejerciendo un punto inusitado de presión que no tiene precedentes y confirmando que nos estamos acercando a un punto de quiebre, entre la sociedad y las instituciones, del cual no podemos salir buscando oportunidades políticas tendientes a establecer mayorías electorales, en vista de la cercanía de las próximas elecciones presidenciales, que es como se observa a quienes han salido a promover el referendo revocatorio. ¿Alguien puede garantizar que, con su llegada al gobierno, las cosas cambiaran para mejor? Para no ir más lejos, Antonio Navarro gobernó en Nariño hasta diciembre y en Bogotá hasta hace unos días, sin mucho para mostrar: en las mismas encuestas el gobierno de Bogotá es el peor evaluado entre las capitales del país, luego de tres alcaldías del Polo-Progresistas.
La política de oficio no tiene en su mira los problemas institucionales o el divorcio entre ella y la opinión pública, tanto como los resultados electorales. Los congresistas, obviamente, se ocupan de sus electores regionales a fin de mantenerse y reelegirse, pero ¿Quién promueve los vínculos más convenientes entre esos intereses y el interés general? Deberían ser, en principio, los Partidos, que a través de los años, por no cumplir su función, han venido perdiendo credibilidad, legitimidad y votos.
De la manera en que está diseñado el sistema político, la función de los partidos consiste en tramitar las demandas y el interés ciudadano, por medio de la regla de mayorías, con las instituciones del Estado. Por defecto y complemento de ellos, existen en la Constitución otras formas de participación, que no se ejercen, trayendo como consecuencia sobreviniente la fractura entre ciudadanos e instituciones. Esa es la raíz de nuestras crisis que nos ha traído, peligrosamente, hasta el actual punto de quiebre.
@herejesyluis