Por: Luis Carvajal Basto
Un retrato realista del momento que viven nuestras Instituciones reafirma, cada día con más fuerza, que la Constitución y nuestras Leyes no estaban preparadas para el conflicto que hemos vivido. Entre tanto, la rama judicial se ha transformado de cenicienta en un poder activo que ha adquirido como costumbre tomar decisiones políticas sin considerar los problemas que le afectan, las circunstancias del país, ni el entorno.
Hace apenas unos pocos años la situación de nuestro sistema judicial era tan deplorable que se llegó a calificar como la cenicienta entre los tres poderes. Esta situación se consideraba “natural” en razón del carácter presidencialista y centralista de la constitución del 86.La información de que hoy disponemos y la opinión pública, no tenían la importancia que hoy tienen y que nos hace evaluar el criterio del cuarto poder. Teníamos una rama judicial sin recursos y tan mal remunerada que resultaban impensables los actuales carruseles pensiónales.
Pero las cosas han cambiado y lo que ocurre por estos días en nuestro país con el sector judicial, que en sus comienzos llamamos “choques de trenes”, parece alejarse cada vez más del concepto del equilibrio e interdependencia de poderes, propio de una democracia, pareciéndose, mejor, a uno entre los trenes y la realidad que vivimos.
Si nuestra sociedad fuera estática seguramente no necesitaríamos replantearnos, tan frecuentemente, la actualidad de nuestro sistema legal pero no siendo así, estamos obligados a centrar la atención en identificar sus desajustes incluyendo a todos los actores en el diagnostico, sin olvidar que es el propio Congreso, representante de la soberanía popular en ausencia, circunstancial, del poder Constituyente, quien cataliza las diferentes expresiones e intereses transformándolas en Leyes. Es lo que ocurre con la proyectada e indispensable reforma a la Justicia.
Vale considerar que nunca antes el estado estuvo tan sitiado, por el poder corruptor y desestabilizador del narcotráfico, como cuando dejamos de tener la figura del estado de sitio; aun así, se nos apareció una guerra para la que nadie estaba listo. Desarrollamos, por ejemplo, nuestro modelo de descentralización sin participación ciudadana, en el peor momento para hacerlo, convirtiendo a alcaldes y concejales en rehenes o víctimas de los actores armados que ejercen presión sobre los presupuestos regionales, como lo denunció la semana anterior la conferencia de obispos. Esos presupuestos han sido, en gran parte, combustible del conflicto y no se apagan incendios con gasolina.
Nuestras normas han sido, en muchas ocasiones, intemporales, correspondiendo a todos, en especial a las altas cortes, permanecer atentos a las circunstancias cambiantes. El caso del coronel Plazas Vega es otro ejemplo que vale. No puede indultarse solamente a uno de los actores en un conflicto para que este pueda ser superado. Por demás, se trata de un mal precedente para futuros acuerdos de paz y la moral de la fuerza pública, lo cual es diferente a cohonestar delitos de lesa humanidad que deben ser, en cualquier circunstancia, castigados.
A muchos les parece que la rama judicial asume cada vez una mayor actitud política pero su renuencia a consensuar un proyecto de reforma a la Justicia, convirtiéndolo en un asunto de principios, no parece un choque con el gobierno sino con la realidad: la obsolescencia del sector se puede medir, fácilmente, en los millones de procesos sin resolver, los que al ciudadano y la convivencia resultan insoportables.
La politización del sector judicial es otro asunto. El veto tácito, y a veces no tanto, a los ministros del interior y Justicia se puede ver como un intento de coadministrar, olvidando que solo la Corte Constitucional tiene la facultad de traducir conflictos políticos o de intereses en decisiones judiciales. Con los problemas que tiene la rama judicial, difícilmente se entiende que persistan en mantener, por ejemplo, el poder nominador para la selección de contralores, lo que les convierte en participes en la elección de funcionarios que luego deben juzgar, como ha ocurrido con los dos últimos responsables del control fiscal en Bogotá.
Mientras el conflicto se mantiene y la delincuencia se transforma, nuestra Justicia no puede permanecer estática. El nombramiento de nuevos presidentes en las altas cortes es una oportunidad para restablecer los diálogos con el gobierno y el país. Nadie entendería que quienes están llamados a interpretar nuestras leyes y defenderlas, se nieguen a participar en un proceso que debe obrar y culminar en el escenario en que estas se elaboran. Si nuestra rama judicial se mira hoy en el espejo, debe reconocer, como en el cuento de los hermanos Grimm, que los problemas que afronta dan una imagen que poco se parece a la cenicienta que alguna vez fue y se puede transformar en un poder omnímodo al que solo le caben calificativos como intocable y estático en un mundo en que todo, veloz y permanentemente, cambia.
Pero las cosas han cambiado y lo que ocurre por estos días en nuestro país con el sector judicial, que en sus comienzos llamamos “choques de trenes”, parece alejarse cada vez más del concepto del equilibrio e interdependencia de poderes, propio de una democracia, pareciéndose, mejor, a uno entre los trenes y la realidad que vivimos.
Si nuestra sociedad fuera estática seguramente no necesitaríamos replantearnos, tan frecuentemente, la actualidad de nuestro sistema legal pero no siendo así, estamos obligados a centrar la atención en identificar sus desajustes incluyendo a todos los actores en el diagnostico, sin olvidar que es el propio Congreso, representante de la soberanía popular en ausencia, circunstancial, del poder Constituyente, quien cataliza las diferentes expresiones e intereses transformándolas en Leyes. Es lo que ocurre con la proyectada e indispensable reforma a la Justicia.
Vale considerar que nunca antes el estado estuvo tan sitiado, por el poder corruptor y desestabilizador del narcotráfico, como cuando dejamos de tener la figura del estado de sitio; aun así, se nos apareció una guerra para la que nadie estaba listo. Desarrollamos, por ejemplo, nuestro modelo de descentralización sin participación ciudadana, en el peor momento para hacerlo, convirtiendo a alcaldes y concejales en rehenes o víctimas de los actores armados que ejercen presión sobre los presupuestos regionales, como lo denunció la semana anterior la conferencia de obispos. Esos presupuestos han sido, en gran parte, combustible del conflicto y no se apagan incendios con gasolina.
Nuestras normas han sido, en muchas ocasiones, intemporales, correspondiendo a todos, en especial a las altas cortes, permanecer atentos a las circunstancias cambiantes. El caso del coronel Plazas Vega es otro ejemplo que vale. No puede indultarse solamente a uno de los actores en un conflicto para que este pueda ser superado. Por demás, se trata de un mal precedente para futuros acuerdos de paz y la moral de la fuerza pública, lo cual es diferente a cohonestar delitos de lesa humanidad que deben ser, en cualquier circunstancia, castigados.
A muchos les parece que la rama judicial asume cada vez una mayor actitud política pero su renuencia a consensuar un proyecto de reforma a la Justicia, convirtiéndolo en un asunto de principios, no parece un choque con el gobierno sino con la realidad: la obsolescencia del sector se puede medir, fácilmente, en los millones de procesos sin resolver, los que al ciudadano y la convivencia resultan insoportables.
La politización del sector judicial es otro asunto. El veto tácito, y a veces no tanto, a los ministros del interior y Justicia se puede ver como un intento de coadministrar, olvidando que solo la Corte Constitucional tiene la facultad de traducir conflictos políticos o de intereses en decisiones judiciales. Con los problemas que tiene la rama judicial, difícilmente se entiende que persistan en mantener, por ejemplo, el poder nominador para la selección de contralores, lo que les convierte en participes en la elección de funcionarios que luego deben juzgar, como ha ocurrido con los dos últimos responsables del control fiscal en Bogotá.
Mientras el conflicto se mantiene y la delincuencia se transforma, nuestra Justicia no puede permanecer estática. El nombramiento de nuevos presidentes en las altas cortes es una oportunidad para restablecer los diálogos con el gobierno y el país. Nadie entendería que quienes están llamados a interpretar nuestras leyes y defenderlas, se nieguen a participar en un proceso que debe obrar y culminar en el escenario en que estas se elaboran. Si nuestra rama judicial se mira hoy en el espejo, debe reconocer, como en el cuento de los hermanos Grimm, que los problemas que afronta dan una imagen que poco se parece a la cenicienta que alguna vez fue y se puede transformar en un poder omnímodo al que solo le caben calificativos como intocable y estático en un mundo en que todo, veloz y permanentemente, cambia.
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