Por: Luis Carvajal Basto
Aun cuando el Ministerio de Minas es inexplicablemente reticente y algunos congresistas demasiado optimistas, no son solo razones económicas las que se deben considerar.
Con el galón de gasolina corriente acercándose a $9.000, el debate sobre ese precio llegó a las calles de Bogotá en forma de marchas y al Congreso de la República. El de la gasolina es un precio de referencia importante que no solo toca los bolsillos de quienes poseen vehículos. Tiene que ver con los salarios y las utilidades. En Colombia, de manera absurda, es frecuente afirmar que el Estado no puede financiar a esos propietarios, cuando en realidad ocurre lo contrario.
Una cifra cercana al 30% del precio son impuestos mientras las utilidades de Ecopetrol son superiores al 100% de los costos de producción. A este punto se despeja una primera incógnita acerca de quién financia a quien. La sobretasa que cobran los municipios atempera las responsabilidades de la Nación y mejora el flujo de caja de entidades con insuficiente control, al punto que un tercio de los Gobernadores en los últimos años han sido sancionados. ¿Quién controla los millonarios recursos de la sobretasa?
Mientras que compramos solo el 40% del crudo que utilizamos, el precio interno se fija con base en el internacional. Así, las luchas por la democracia en el norte de África han afectado nuestras tanqueadas. Debe tenerse en cuenta, para cualquier análisis, que en Colombia estamos llegando a una producción de 900.000 barriles por día, un 80% de incremento si tomamos como base la producción de comienzos de 2007 la cual pronto duplicaremos.
Si bien es cierto que una reducción del precio interno de la gasolina afectaría las cuentas del Ministerio de Hacienda y los dividendos de Ecopetrol, también lo es que mantenerlos artificialmente altos, como ocurre ahora, con relación a los costos de producción, podría desencadenar graves problemas, como ocurrió recientemente con el paro camionero. Una de las premisas del buen gobierno consiste en ser siempre proactivo y anticiparse.
Así que podrían considerarse elementos de política pero no solo de precios sino la que se refiere al interés del Estado. Resultaría populista, como dicen algunos funcionarios, bajar los precios artificialmente pero es injusto y peligroso mantenerlos, de manera irreal, altos como está ocurriendo ahora, si se tienen en cuenta los niveles y costos de la producción interna.
La idea de cambiar la fórmula hace ver esta como una discusión de tipo técnico cuando en sentido estricto no lo es. Para consideraciones económicas puede tomarse en cuenta, como ejemplo, que el precio en los Estados Unidos es de cuatro dólares, inferior al nuestro, y ha comenzado a bajar mientras aquí solo hablamos de tratar de moderar las alzas. Ese precio de referencia, en un país con unos niveles de ingresos muy superiores a los nuestros, demuestra la debilidad del discurso del Ministro de minas según el cual hemos subido “poquito” desde que comenzó la crisis en África. Así mismo, resulta inexplicable que si el precio favorece nuestras exportaciones esto solo beneficie a Ecopetrol, como también lo es que el único producto de importación cuyo precio no ha bajado con la devaluación del dólar sean los combustibles.
El Gobierno debe considerar que si bien le resulta difícil desprenderse de una parte de los ingresos que recibe por impuestos y dividendos, ese costo es inferior al que resultaría del impacto político que ha comenzado a tener un problema en ascenso que, entre otras cosas, toca la imagen del Presidente y el gobierno. Nadie entendería que el precio interno aumente tanto a medida que nos vamos convirtiendo en un importante productor, como viene ocurriendo desde 2007, en que se ha incrementado más de un 33 % pasando de $6.200 a $8.400.
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