Por: Luis Carvajal Basto
Nada más fácil que hacer promesas a los ciudadanos e incluso convertirlas en leyes. Pero después ¿de dónde salen los recursos? ¿cómo se utilizan?
Gobierno y Congreso debieron resolver la semana anterior un dilema frecuente en la administración pública: continuar haciendo leyes que traducen las garantías de la Constitución confrontadas con la realidad de los ingresos del Estado.
Las Leyes implican compromisos que luego los gobiernos deben cumplir. También la de sostenibilidad fiscal que parte del principio de la realidad de sus ingresos y gastos. Las opciones para mejorar los ingresos no son muchas y seguramente las más importantes sean aumentar las tasas de impuestos mediante reformas a la tributación; los volúmenes recaudados, por un aumento en la actividad económica, o la reducción del gasto público, haciéndolo más eficiente o reduciendo los niveles de corrupción.
Los parlamentarios expresan el interés de las regiones y, como es natural, demandan obras y recursos. Pocas veces ellos o las gobernaciones y municipios presentan propuestas para mejorar los recaudos. Estiman que son medidas inconvenientes, políticamente. Parece peor y más desgastante para sus propios intereses, sin embargo, hacer promesas que no se pueden cumplir.
Para los Partidos con asiento en el congreso el dilema es mayor y muchas veces se relaciona con sus principios, como es el caso del Liberalismo Colombiano ahora que hace parte de la coalición de gobierno. El papel del Estado como garante de derechos y redistribuidor de ingresos en la perspectiva del bienestar general y el de los ciudadanos, choca con la realidad de las finanzas públicas. Una cosa son los discursos y otra las posibilidades reales. En el camino de aterrizar las ideologías no queda más remedio que un poco de pragmatismo, sobre todo si se trata de administrar recursos escasos.
En este escenario, sin embargo, existe un espacio inmenso para mejorar nuestras finanzas: la eficiencia en los recursos que se gastan y la reducción de los niveles de corrupción.
Un caso para observar con cuidado y como ejemplo es el de la salud, sector que maneja millonarios recursos. La semana anterior la superintendencia de industria y comercio presentó un informe según el cual catorce EPS, seguramente las más importante del país, aumentaron sus ingresos de manera irregular mediante el procedimiento de cobrar servicios que no prestaron y que negaron “de manera concertada y sistemática” a la gente. Con un agravante: derechos negados se convierten en demandas que aumentan los gastos del sector judicial. Estamos hablando de cifras billonarias comparables con cualquier reforma tributaria.
De nada sirven, como en este caso, las Leyes de salud o las reformas que desarrollan la Constitución, si en el camino los recursos se “refunden “o no se utilizan de manera debida.
Otro caso para analizar, esta vez desde el punto de vista de la eficiencia, es el del Fondo para la atención de emergencias, que ha debido asumir el reto inesperado del invierno, el cual está en manos de un ejecutivo eficiente y probado en el sector privado que a pesar de su buena voluntad y de contar con un esquema que en teoría debería funcionar, se ha encontrado con la paquidermia y las particularidades del sector público afectado, como es natural aunque no deseable, por intereses y presiones políticas. Aquí también tenemos Constitución, Leyes, decretos y buena voluntad del gobierno, pero la cosa no anda.
En los dos casos se puede observar la participación de “operadores” del sector privado lo cual nos invita a reflexionar sobre la utilidad de la privatización como fórmula mágica. Además nos explican que no solo aumentando impuestos o haciendo leyes viviremos mejor.
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