Lo que no dice la Corte ni la Comisión de Acusaciones

Por: Luis Carvajal Basto

La negativa de la Corte Suprema a explicar las razones para mantener la fiscalía en interinidad, se parece a la de la comisión de acusaciones de la cámara, al renunciar. En los dos casos se niegan a cumplir, sin explicación válida, un mandato Constitucional.

La intervención del Presidente en televisión revelando detalles de sus conversaciones con los directivos de la Corte Suprema, al preguntarles de manera directa si lo que cuestionan es la legitimidad de su gobierno y a lo que responden que no, nos deja sin explicación frente a la actuación del alto tribunal.

Ha sido difícil y meritorio el trabajo de la Corte, develando y castigando la para política, pero no le otorga credenciales para negarse a cumplir un mandato expreso de la Constitución al no dar trámite al nombramiento de Fiscal. Los ternados cumplen los requisitos de Ley y no se conoce de un reglamento o norma que requiera calidades diferentes a las acreditadas por estos.

Es delicado cuestionar las aptitudes profesionales de los ternados y peor aún dejar en el aire dudas sobre sus calidades éticas y morales. En reiteradas entrevistas ,que se repiten casi diariamente por las cadenas radiales, el Presidente de la corte dice no pero no explica por qué no, lo cual nos deja en un escenario de sombras, “verdades” sabidas sin buena fe guardada, no reveladas y especulaciones.( ¿Qué quiere decir “inviable”?).

La más fuerte de todas es que se trata de obstaculizar la reelección Presidencial y dar vida a los contrapesos que se han perdido por cuenta de la inédita reelección. En este caso, se estaría utilizando un argumento parlamentario, dilación, y entrando en el terreno de la Corte Constitucional, responsable de dirimir estos asuntos y que actualmente analiza la solicitud de referendo. Es una postura política que afecta el andamiaje institucional tanto o más que la pérdida de contrapesos, lo cual haría indispensable una reforma a los organismos de Justicia, de acuerdo con sectores de opinión.

Pero si en la Corte llueve, en el Congreso no escampa. Está en el ambiente la renuncia de los miembros de la comisión de acusaciones de la Cámara, responsable de acusar ante el Senado a los altos dignatarios, incluida la Corte Suprema, sin que se conozca, a ciencia cierta, la razón.

“Falta de garantías”, argumentan, pero se dice que la renuncia obedecería al temor de ser investigados por la Corte Suprema (¿Juez y parte?), porque nadie cree que se deba a falta de lápices, secretarias y papel, lo cual tampoco justifica que tengan alrededor de 2000 procesos sin resolver.

En cualquier caso la renuncia de la comisión dejaría sin contrapesos a la Corte y la utilización, ahora extendida, de su fuero. De más está recordar que esta Comisión tiene más responsabilidades Constitucionales que recursos logísticos y académicos (¿Deben ser fiscales especializados sus miembros para acusar con competencia o Jueces los Senadores que deciden?), lo cual no argumenta su renuncia. ¿Cuál será la razón?

En los dos casos, queda la impresión de que no se conoce toda la verdad, lo cual abre el camino a que en el imaginario de la opinión se construya una que en cualquier caso es real y tendrá consecuencias incluso electorales. Al final de cuentas no se puede obstruir la Constitución ni siquiera invocando el “buen” propósito de defenderla. Tendría que “terciar” la Ciudadanía con la regla de oro de la Democracia: la consulta de las mayorías. ¿A alguien se le ocurre otra salida de seguir las cosas como van?

• Luis Carvajal Basto