¿Defensa de la Constitución o politiquería?

Por: Luis Carvajal Basto

Cada vez se utiliza más una pretendida defensa de la Constitución para descalificar a quienes tienen una concepción diferente de sus preferencias políticas. ¿Es una visión estática o inmovilista de nuestra carta o su utilización como argumento politiquero en un año preelectoral?

Las Constituciones son actos fundacionales, pactos entre diferentes sectores de la sociedad que la proveen de reglas para su convivencia, progreso y desarrollo. Desde esa óptica debe ser vista y evaluada la de 1991.

La primera pregunta que surge es si logró el consenso de los diferentes sectores de la sociedad. Y la respuesta contundente es no. Además de los sectores políticos tradicionales participaron en ella movimientos que habían empuñado las armas contra el Estado pero, debe decirse, francamente minoritarios, aunque pusieron de moda el terrorismo y los secuestros “políticos”(atentado a Jaime Castro, secuestro de Álvaro Gómez Hurtado etc).

¿Podían sustraerse de un pacto fundacional una acción y unas normas definidas y claras contra el narcotráfico, facultando para ello a las instituciones y dotándolas de herramientas para combatir el principal factor generador de violencia? Claro que se pudo, pero el país ha lamentado las consecuencias. La violencia no se terminó con la expedición de la Constitución ni con la muerte de Escobar. El verdadero auge y la consolidación del narcotráfico, el Paramilitarismo y las FARC (recordar el caguan) se ha producido después de 1991, aunque duela decirlo.

La Constitución recogió los conceptos académicos por entonces de moda en universidades Europeas y bastante del proceso Español luego de la dictadura. Descentralización y participación son manifestaciones de la democracia contemporánea que en Colombia, luego de 18 años, no han encontrado, lamentablemente, los resultados esperados. La participación electoral se ha mantenido en los niveles tradicionales y las asociaciones de vecinos y otras formas de expresión ciudadana, no influyen activamente en las decisiones y la gestión pública.

Por su parte la descentralización redujo competencias y recursos al ejecutivo pero no se los transfirió a los ciudadanos sino a una nueva clase política, muchas veces emparentada con organizaciones criminales, que se apoderó de los presupuestos regionales. Justicia y Paz nos ha permitido saber mucho de la verdad y acerca de quiénes y cómo manejaban los recursos públicos en las entidades territoriales.

No parecía razonable que en el periodo de mayor amenaza para las instituciones en la Historia, se desfragmentara la capacidad del ejecutivo. En ese sentido se orientaron las primeras críticas del ex Presidente López a la nueva Constitución. De más está recordar sus comentarios acerca de las zonas grises de la carta que han permitido los choques de trenes entre las diferentes ramas del poder, observadas inicialmente entre las cortes Constitucional y Suprema, y ahora entre esta el ejecutivo y el legislativo.

La reflexión acerca de que la Constitución es perfectible y sus reformas nos deben dotar de herramientas que permitan a la sociedad y las Instituciones afrontar tantos desafíos, es tan inútil como su evolución conveniente .Pero lo que definitivamente no está bien es su invocación para argumentar posiciones políticas como se viene haciendo.

La defensa de la Constitución quiere colocarse como argumento último para oponerse al referendo. Pero la verdad es que este ha surtido todos los trámites establecidos hasta hoy, con las naturales equivocaciones y traspiés de un proceso inédito que permitiría una segunda reelección del Presidente.

Sin embargo, quienes argumentan defender la Constitución para negarlo, están impidiendo una expresión, tal vez la más importante desde 1991, de participación ciudadana. En la práctica, es negarla con el argumento de defenderla. ¿Qué tal?