¿CONSTITUYENTE? SI, PERO NO ASÍ

Constituyente? Sí, pero no así
Por: Luis Carvajal Basto
Son innegables los logros de 1991, pero también que el Mundo y nuestro país han tenido cambios fundamentales.
Entre otros, que el narcotráfico y la violencia, contrario a lo que estimaron los Constituyentes y era de esperar, encontraron en la carta un punto de partida y no un punto final.
Si de normas trataran los problemas de Colombia, hay que decir que la de 1991 fue una Constitución progresista y ejemplar. Los derechos no son un discurso y la tutela, la casi universalización de la salud (en 1990 el 68% de la población no tenía acceso) y la educación básica (en 1990 más del 45% estaba por fuera del sistema escolar), así lo demuestran.
Las reformas en otras áreas, sin embargo, trataron no de recoger la realidad sino de superarla por cuenta de la norma. Se creó un sistema de pesos y contrapesos que tratando de sustraer poder al ejecutivo, dejó abiertas las puertas para los “choques de trenes” entre las cortes, a pesar del progreso que han significado Instituciones como la Fiscalía y la reorganización del sistema judicial.
La reforma del Congreso no ha dado los resultados esperados y ha sido inoperante la circunscripción Nacional en el Senado. El control político y herramientas como la moción de censura, inútiles. Desde entonces, venimos de reforma en reforma política sin que los niveles de participación aumenten significativamente y sin unos partidos no “fuertes” burocráticamente, como algunos pretenden, sino carentes de una base popular a la que de verdad interpreten y representen.
Los cambios al régimen económico, también apuntaron a restarle capacidad al ejecutivo. La autonomía del Banco de la república que se consagra, correspondía a la necesaria apertura y a las “reaganomics”, entonces de moda. Las restricciones a los gobiernos en la emisión de papel moneda y la financiación de sus propios gastos, ayudaron a reducir la inflación pero los dejaron con pocas herramientas para afrontar periodos de receso, como el actual, en el cual disminuyen también los ingresos corrientes de la Nación.
En cuanto a garantizar el derecho al trabajo de los ciudadanos, la Constitución se quedó en deseos. En un mundo globalizado no hay norma Nacional capaz de garantizarlo, en ninguna parte. La única vía posible es la de competitividad del trabajo y los demás factores, pero de esto la norma dice bien poco y menos de las formas de alcanzarla.
La descentralización, por su parte, cumplió con el anhelo de acercar los órganos de gobierno a los ciudadanos, otorgando a departamentos y municipios competencias y recursos que no han sido suficientes para aumentar la participación en política y asuntos de gobierno. La corrupción en las entidades territoriales, por el contrario, convirtió a muchas en feudo de los violentos, generalmente vinculados con el narcotráfico.
Nuestra Constitución recogió muchas cosas positivas de la española de 1978 y otras europeas.Pero tal vez menos de nuestra realidad, signada por el impacto del narcotráfico, que ha creado retos inmensos para cualquier gobierno y puesto en grave peligro el Estado de Derecho. Y en esas circunstancias vale la pena abrir un debate acerca de si conviene otorgar más o menos capacidad de gobierno al ejecutivo. Esa discusión nos la debemos los colombianos y pondría en entredicho, por lo menos, mucho de lo “logrado” en 1991, normas justas pero extemporáneas o útiles, pero en otras latitudes.
Capítulo aparte deben tener en una Constitución actual el tema energético, el acceso a la tecnología y el conocimiento hoy, y las nuevas realidades que recogen conceptos como el de subjetividad jurídica.
Por eso la necesidad de cambios Constitucionales profundos que se comienza a plantear, va bastante más allá de la necesidad política que generaría un eventual fracaso del referendo, pero no por ello son menos imperiosos y vigentes.
Luis Carvajal Basto