¿Y nada ha pasado de Marquetalia a La Julia?

Por: Luis Carvajal Basto

En 50 años muchas cosas cambian. Pero en los últimos 50 las transformaciones políticas y tecnológicas en Colombia y el mundo muestran realidades y saltos cualitativos sin precedentes, que las Farc se empeñan en no ver.

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De los movimientos campesinos de entonces, poco queda. De la revolución Rusa y los Partidos Comunistas en Europa y el mundo, menos. Las dictaduras ideologizadas o no, han casi desaparecido y solo el fanatismo religioso, afortunadamente ausente en nuestro país, se mantiene como “justificación” del terror.

En muchas latitudes, en cambio, quienes fracasaron en sus pretensiones violentas accedieron al manejo del Estado utilizando las herramientas de la democracia. Desde la revolución de los claveles en Portugal y los gobiernos socialistas en España, hasta más recientemente el Presidente de Uruguay, la social democracia de Lula y el mismo Chávez demostraron que para redistribuir los ingresos nacionales no se necesita secuestrar ni matar a nadie. Es el centro de la propuesta socialdemócrata y Liberal, que se expandió y lo sigue haciendo por el mundo, destacando la función del Estado en la reducción de los desequilibrios sociales, independientemente de sus aciertos o equivocaciones.

La falta de sincronismo con la Historia nos muestra, 50 años después, una guerrilla bien diferente a la de sus orígenes, pero que curiosamente mantiene el mismo discurso y a la que no le ha servido ningún gobierno, ningún cambio en el régimen político (recordemos la lucha contra el continuismo del frente Nacional), lo cual determinó primero su aislamiento y derrota política, al compás de los secuestros , extorsiones y actos terroristas, como el del club el nogal, que incorporó a sus prácticas consiguiendo movilizar a la opinión, pero en su contra.

Por el contrario y como desafortunadamente ha ocurrido a muchos partidos e Instituciones, el impacto del narcotráfico ha mantenido vivas las finanzas de la guerra y generando que el País gaste tiempo y recursos valiosísimos en un conflicto inútil que nadie quiere perpetuar.

La descentralización y elección popular de alcaldes y gobernadores, por ejemplo, han hecho posible que en estas décadas, diferentes expresiones regionales y políticas accedan al gobierno. En Bogotá, ciudad cuya población y presupuesto es superior a la de muchos países, hace dos periodos gobierna la oposición y en Nariño un ex guerrillero es su gobernador, luego de pasar por la Alcaldía de su capital. La oposición ha perdido y ganado, siguiendo las reglas de la democracia. Que hagan o no buena gestión es otra cosa.

La innegable crisis de las Farc convierte este momento en su mayor oportunidad para despertar de un letargo de más de 50 años y reconocer que el mundo cambió, que en Colombia existen pobres, como en muchos países, pero que los gobiernos no hacen rico ni pobre a nadie y que solo educación, competitividad y posibilidades de trabajo permiten a las sociedades mejores niveles de bienestar.

Mucha agua ha corrido por debajo de los puentes desde los inicios de las Farc, como diría un poeta chileno, para seguir pensando que nada ha pasado.”Quien no reconoce los cambios es un imbécil”, expresó alguna vez certeramente el Presidente Santos y este es un buen momento para registrar tantas transformaciones. Al gobierno corresponde mantener el pulso firme sin olvidar que la mano tendida es otro pilar de la seguridad democrática y la Paz y prosperidad que todos deseamos.

¿Seremos víctimas de la ley?

Por: Luis Carvajal Basto

El acuerdo político para promover la ley de víctimas es un importante logro, pero el gobierno, que tiene la responsabilidad de consultar la capacidad fiscal antes de firmar, debe ahora conseguir consensos sobre la manera en que no se convertirá en un manual de buenas intenciones o desangre de las finanzas públicas.

Solo así esta Ley, que se tramitará de manera simultánea con la de tierras, cumplirá sus objetivos que son legales morales, económicos y de sostenibilidad del sistema político.

La Ley atiende un mandato Constitucional que confiere al Estado la responsabilidad de otorgar protección adecuada a todos los ciudadanos y debe excluir alguna responsabilidad particular o la concesión de nuevos derechos a los victimarios. En contrario, debe definir los mecanismos prácticos mediante los que estos contribuirán a resarcir a las víctimas.

El debate político podría escapar a la demagogia practicada por quienes se consideran a sí mismos representantes de los afectados que, en alguna medida, hemos sido todos los colombianos. En ese caso, considerar que las sanciones políticas se han surtido, por parte de la sociedad, por la vía electoral y resultará difícil, para los derrotados, convertir una sanción política en argumento de "reencauche", aunque será inevitable que, una vez más, sea utilizada para recuperar protagonismo mediático.

Por otra parte, el congreso no puede promocionar Leyes impagables. Un estimativo en la pasada legislatura, en el frustrado proceso de la Ley, señalaba que su costo fiscal ascendería a 39 mil millones de dólares, más de un año del total de exportaciones del país. ¿De dónde saldrán?

También debe considerarse que la ausencia de una Ley tiene costos que termina pagando el Estado, es decir todos los ciudadanos, por la vía de demandas individuales. En el pasado, los comités de defensa judicial y conciliación de las entidades públicas, permitieron en alguna medida atender circunstancias similares, racionalizando costos aun cuando las acciones de repetición contra funcionarios corruptos o displicentes, no tengan la magnitud que deberían.

Pero a nadie conviene una respuesta dispersa del Estado y la Ley es una buena oportunidad para crear una oficina que coordine la afectación del patrimonio público de manera unificada. Un defensor. Con seguridad, esa oficina se financiará a sí misma con su gestión y no significará erogación de mayores recursos.

Esperamos que sea aprobada por el congreso una Ley que diferencie entre víctimas y victimarios, con responsabilidad fiscal y mecanismos prácticos, para que el ciudadano de la calle se beneficie y no se convierta, por la vía de impuestos y recursos mal manejados, esta vez en víctima del fallo que se pretende corregir.

En mes de Santos

Por: Luis Carvajal Basto

Con los mismos votos y consignas que Uribe, el Presidente ha revelado un estilo diferente, que ha incluido una recomposición de la coalición.

Con los mismos votos y consignas que Uribe, el Presidente ha revelado un estilo diferente, que ha incluido una recomposición de la coalición, generando roces que a ratos parecen fisuras entre el Uribismo puro y los "nuevos" aliados. Cabe destacar el esfuerzo legislativo, pero debe cuidarse de promover leyes inútiles.

El nuevo gobierno marcó territorio desde su conformación, llamando a sectores como Cambio Radical a jugar un importante papel. Ha obtenido resultados más pronto de lo esperado en las relaciones con Venezuela y las Cortes.

La frustrada e inédita moción de observación en el congreso a tres Ministros, apenas a un mes de su posesión, podría hacer pensar que existen fisuras en la coalición. En realidad es el proceso de su "asentamiento" normal y, por otra parte, parece más bien una forma de presión parlamentaria que reclama protagonismo, recursos para las regiones y cuotas, por parte de un congreso en alto porcentaje renovado que no parece satisfecho con el anuncio, por parte del gobierno, de buscar como interlocutor solamente a los líderes de los partidos.

En lo que parece existir una divergencia de fondo es en la terna para fiscal. Para el partido de la U y el Conservador debería mantenerse la presentada por el gobierno anterior, para el resto de la coalición el asunto no es tan claro, convirtiéndose esto en un argumento adicional para una Corte inexplicable y dilatadamente indecisa.

La profusión e importancia de Leyes presentadas y por presentarse, han hecho pensar en un trancón legislativo, que en este caso podría ser excepcionalmente "saludable". Si bien existen consensos sobre asuntos como la eliminación de la comisión nacional de televisión, otros como regalías , ordenamiento territorial y reforma política, ameritan una pausa y un debate mucho más profundo que el que se puede conseguir en lo que falta de legislatura.

La reforma política, por ejemplo, estará influenciada con lo que pase con la reelección de alcaldes y gobernadores y a las listas cerradas parece, por fin, haberles llegado su hora, como el país y el sistema político reclaman. Lo mismo ocurre con la financiación de las campañas al legislativo. Pero el gobierno debe, desde ahora, hacer todo para evitar la lógica del pupitrazo, con la que en el pasado se han zanjado las diferencias conceptuales en el congreso.

A un mes de asumir su mandato, el gobierno mantiene y mejora sus niveles de aprobación, como lo han señalado las encuestas. Pero las mayorías en el congreso a la vez que facilitan la gobernabilidad, podrían dar lugar a que se sigan expidiendo leyes inútiles ¿Cuántas reformas políticas llevamos? Buenas y perdurables mejor que muchas, debería ser la consigna de gobierno.

El rompecabezas de las regalías

Por: Luis Carvajal Basto

No va a estar fácil, para el gobierno, explicar cómo se desarrolla la descentralización recortando la administración de recursos a departamentos y municipios productores, pero tampoco a estos justificar la dilapidación que el país ha observado.

El gobierno Santos ha presentado un proyecto para reformar el régimen actual de regalías, bajo un principio según el cual esos recursos son de todos los colombianos y a todos deben beneficiar. La creación del fondo de compensación regional, la destinación del 10% de esos recursos a ciencia y tecnología y el manejo por parte del Banco de la República de otra porción importante, no han sido suficientes argumentos para convencer a alcaldes y gobernadores que ya comenzaron a ofrecer “pelea”.

Su argumento más sólido consiste en que el impacto ecológico se genera en las zonas productoras y debe ser compensado. Pero este, en realidad, es un problema de administración de recursos y de gestión. ¿Quien administra mejor: la Nación o las alcaldías y gobernaciones? Si nos atenemos al pasado resulta difícil encontrar un ganador. Los escándalos de corrupción que hemos conocido, aquí y allá, no conceden opciones, pero el derroche tampoco: reconocidas modelos y orquestas se han paseado, recibiendo cuantiosos honorarios, por municipios en que los niños no conocen un computador, sus calles están sin pavimentar y el agua es de mala calidad.

El principio de redistribución, como tarea del gobierno nacional, parecería otorgarle la razón. Debe atender las necesidades de todos, equitativamente y no concediendo privilegios a las zonas productoras. Pero podría ofrecer garantías de participación de la ciudadanía en la veeduría y ejecución de los recursos, cumpliendo otro mandato Constitucional. Existen muchos proyectos, comenzando por las obras públicas, que pueden ser ejecutados por asociaciones de ciudadanos. A ver si salimos de las exclusividades que dan lugar a los carruseles de contratación.

El debate que comenzamos a observar en el congreso, como parte de la ambiciosa agenda legislativa, nos ha mostrado la posición de los interesados, pero no claramente la de los partidos, asociaciones científicas y de profesionales, gremios y la academia que tendrían mucho para decir, recogiendo experiencias internacionales.

Lo que no se puede promover, en este caso, es la reducción de la discusión a quienes litigan en causa propia, permitiéndonos escuchar argumentos como el expresado por el gobernador de Santander, doctor Horacio Serpa, vocero natural de los gobernadores y para quien el manejo de las regalías en los últimos años ha sido “transparente”, lo cual puede ser cierto en su departamento pero, como generalización, inadmisible.

Una ley que cambiará a Colombia

Por: Luis Carvajal Basto

La presentación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial cumple con un mandato de la Constitución, pero no es la panacea para resolver los problemas de costeños, paisas, llaneros.etc. Es una oportunidad para mejorar la gobernabilidad, la gestión pública y la participación ciudadana, pero tengamos cuidado con la politiquería que puede terminar afectando la unidad Nacional.

El proyecto de Ley es completo y bien intencionado. El gobierno, por la vía del traslado de competencias y recursos, quiere reorganizar el territorio, utilizando herramientas modernas de gestión como la prospectiva y la planeación que se basa en participación.

Comenzando apenas el debate, de los departamentos de la costa ya llegan voces de insatisfacción, que se consideran respaldadas por el voto Caribe, reclamando desde ahora un supuesto “conejo”. Se ha dicho que “Los gobernadores del Caribe, aspiran a la creación de una región como entidad territorial, con autonomía política y administrativa, con un gobernador regional, una asamblea legislativa y presupuesto propio."

Presentado así, podría ser más burocracia, si se considera que el estimado de esos gastos es superior a los 100.000 millones adicionales para una sola región, en un periodo de vacas flacas en las finanzas públicas y de necesidades fundamentales crecientes en Salud, educación, agua, vivienda etc. ¿Serán la pobreza, el desempleo etc. problemas regionales y será verdad que se superaran con una Ley, por importante que ella sea?

Pero el meollo del asunto no esta ahí. Tiene que ver con el sentido de oportunidad de la Ley y sus desarrollos en un País que aún sufre el impacto del narcotráfico y la violencia a unos niveles que hasta hace poco hacían dudar a muchos sobre nuestra viabilidad como Nación. Hemos conocido las diferentes formas en que los recursos públicos han sido utilizados como botín de caza de los violentos, asociados con politiqueros corruptos, en muchas entidades territoriales, sirviendo de combustible a la violencia. ¿Cómo haremos para que el problema no prosiga, ahora a escala regional?

El debate de la Ley pondrá sobre la mesa, naturalmente, actores y presiones políticas: Gobernadores, Alcaldes y Congresistas. Estos últimos, como lo dijo hace poco el presidente del congreso, sienten que han perdido protagonismo y su capacidad de gestión es mínima para responder a sus electores. Alguno más se quejaba de gobernadores que una vez posesionados se convierten en rivales políticos de los congresistas, sus competidores. ¿Cómo garantizaremos que la ciudadanía participará y ejercerá veeduría en la ejecución de recursos?

Pero lo que debe desterrarse de tajo en el debate es la utilización de la bandera de la autonomía regional como sustituto de respuestas efectivas en la gestión pública; la politiquería camuflada en aires folclóricos y cantos de sirena. Ya desde Bogotá se ha respondido que el centralismo “maluco”, del que se quejan muchos, hace que la capital tribute mucho más de lo que recibe, por ejemplo.

El gobierno nacional está armando un rompecabezas del que son piezas maestras la LOOT y la ley de regalías. Esperemos que quede bien, porque va a cambiar hasta el mapa.

¿Y la unidad en la política exterior?

Por: Luis Carvajal Basto

Puede ser que el Gobierno logre convertir el fallo de la Corte Constitucional, que deja en un punto muerto el convenio firmado con los Estados Unidos, en una oportunidad para superar, de nuestra parte y por ahora, sin menoscabo de nuestra soberanía y seguridad, las diferencias con Venezuela. Pero el objetivo es articular una política exterior que privilegie los asuntos de Estado con sentido estratégico. Por otra parte no es bueno el precedente creado para que el ejecutivo afronte situaciones excepcionales.

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El mundo cambió desde don Marco Fidel Suarez, pasando primero a uno bipolar y luego a uno multipolar. Los problemas no son los mismos. Hoy la agenda reemplazó las guerras frías por las comerciales y la discusión sobre dogmas ha cedido paso al pragmatismo frente a asuntos globales como cambio climático, drogas, terrorismo, proliferación de armas nucleares y propiedad intelectual.

No parece que estuviese en discusión si el principal aliado internacional de Colombia ha sido y son los Estados Unidos. Sigue siendo, además de nuestro principal socio comercial la “estrella resplandeciente” en el horizonte americano; el mercado más grande del mundo, la primera potencia económica y militar. Nuestras afinidades históricas van más allá y se relacionan con el sistema político: la democracia norteamericana como modelo y ejemplo de Libertad.

Vale recordar, sin embargo, que la Corte cumple la función de resolver controversias políticas mediante sentencias jurídicas. Es un organismo que, a diferencia de otros, tiene facultades, conocimiento y sentido político. La motivación de sus fallos recoge esos elementos y crea jurisprudencia para tratar eventos futuros.

El convenio firmado con los Estados Unidos es consistente con razones arriba mencionadas, pero no se puede negar que coincidió con un momento excepcional en que nuestro país se encontraba ante una seria amenaza. Inconcebible e indeseable pero no por ello menos cierta. Nos preguntábamos todos a qué horas el gobierno de nuestro hermano país pasaría de las amenazas verbales a las militares. No se puede olvidar la ostentación del exagerado armamentismo, la inexplicable invitación a la marina rusa a patrullar el Caribe y la voladura de puentes en la zona de frontera, todo eso al vaivén de los asuntos internos de Venezuela.

En un escenario global, con unos medios y tecnologías que también lo son, los asuntos de política interna y exterior se encuentran ligados como nunca antes. Pero Constituciones y Leyes no se actualizan tan rápido como las circunstancias reales. Menos en las democracias en que los cambios deben ser consensuados. Entretanto, respecto de temas fundamentales que exigen continuidad, el sentido de los asuntos de Estado debería sobreponerse a los avatares de política interna, sin prescindir de lo que ocurre con ella y con la de nuestros vecinos. Esa función la ha cumplido históricamente la comisión asesora de relaciones exteriores, que debería recuperar su importante papel.

Del réspice polum, de don Marco Fidel, que inspiraba nuestra política exterior en la luminosidad de la estrella del norte, pasando por el réspice similia, del ex Presidente López, que quiso dar preeminencia a países semejantes como los no alineados, hemos llegado al pragmatismo actual ;un momento en que las circunstancias políticas han colocado al ejecutivo en una perspectiva y a la Corte Constitucional en otra, tratando asuntos que no pueden prestarse a confusión y en que la unidad nacional es indispensable.

• Luis Carvajal Basto

Bomba y política

Por: Luis Carvajal Basto

El atentado a Caracol es también contra el gobierno Santos y el bien más preciado por todos los colombianos: nuestro derecho a ser Libres. Al igual que en el pasado, es hora de rodear al gobierno y las Instituciones, sin olvidar que quienes pusieron la bomba quieren que el país mire para otro lado.

En la Colombia reciente, la opinión ha votado consecutivamente por una forma de gobierno que le garantizó una respuesta a la imposición de los violentos. Al secuestro. Al caos. En 1998, el candidato Uribe necesitó poco más que la consigna de “Libertad y Orden” para conseguir el favor popular. Para muchos fue el momento en que Colombia se “derechizó”. Para otros ha sido la forma en que se garantizaron las Libertades para las mayorías. El rescate de la autoridad no perfecta, sí legítima.

¿El atentado quiere decirnos que estamos en el mismo lugar luego de ocho años de Uribe? Esa es una lectura adicional, aparte de la mordaza implícita que significa el objetivo escogido. Pero en democracia el terror no es un arma política, contrario a lo expresado por el vocero del departamento de Estado de los Estados Unidos. Lo es de intereses y expresiones minoritarias que pretenden doblegar a la sociedad sin contar siquiera con un mínimo respaldo popular.

Encontrar a los responsables del atentado es un asunto urgente de policía. En otra esfera funciona nuestra realidad política. El mensaje que trae la bomba significa que algunos se sienten excluidos del acuerdo promovido por Santos y tampoco se acomodan al rol de opositores. Su regla es que no acatan reglas, dejando una sola respuesta posible por parte de la sociedad y el gobierno: el uso de la autoridad para preservar los derechos de todos.

Pero ¿es eso lo que pretenden los promotores del atentado como lo expresan algunos? Puede ser, pero el asunto no es, tan sencillo. La pregunta de fondo es si nuestras Instituciones se encuentran preparadas para afrontar un nuevo embate terrorista, sin Uribe y la respuesta es, indudablemente, que como nunca antes, a pesar de lunares como el evidente desorden casi caótico de la rama judicial. Si aplicamos regla de tres a lo ocurrido con la elección de fiscal, contralor, nuevos magistrados Y Presidente de la Corte ¿Cuánto tardaremos en encontrar, Juzgar y castigar a los responsables del atentado?

No es un buen momento para discusiones filosóficas, pero tampoco para prescindir de ellas. Al gobierno corresponde actuar contra los responsables y seguir adelante con las reformas política, judicial, etc., en un ambiente plural en que todos opinen. El país no puede detener su marcha.