Por: Luis Carvajal Basto
Resulta muy inocente pensar que la corrupción en departamentos y municipios viaja por rutas diferentes a las que utiliza nuestro sistema de elección.
La denuncia del presidente Santos, sobre lo ocurrido en el proceso para elegir Alcalde en Cali, abrió una caja de pandora en nuestro sistema electoral. En un foro realizado la semana anterior, procurador y contralora echaron su “cuarto de espadas” al debate, al señalar que el sistema requiere actualización, por encontrarse divorciado de nuestra actual realidad en la que, entre otras cosas, a la política la está financiando el Estado, pero a través de corrupción en los contratos públicos.
En cuanto a la obsolescencia del sistema debemos tener en cuenta que la elección popular de alcaldes y gobernadores, emblema de la democracia local, se diseñó con anterioridad a nuestra Constitución, como un acápite de la descentralización, la cual fue, y es, entendida por muchos como un asunto puramente administrativo.
Pero eso fue antes de que los mandatarios locales quedaran en medio del fuego cruzado de los actores del conflicto, antes de la parapolítica y el asesinato de decenas de Concejales de pequeños municipios. Pudimos constatar allí un ejemplo claro de falta de autoridad del Estado y no de sus excesos, como algunos parecen pensar.
A falta de normas y recursos que la impulsaran, la participación ciudadana estuvo ausente del proceso, quedando cojo. La descentralización, además de autonomía en elección, competencias y recursos, requería y requiere de participación y veeduría ciudadanas. En ausencia de ellas, muchos mandatarios locales se han convertido en reyezuelos, ruedas sueltas del sistema político. No le falta razón a nuestro godo procurador.
De la mano con tal desbarajuste, marcha la corrupción. Los contratos públicos están financiando la política, ha dicho la contralora, lo cual es una verdad tan sabida como callada por todos, debiendo adicionarse que ha financiado, también, el conflicto, si es que este puede entenderse sin lo que ha ocurrido con la política.
Tenemos, entonces, que ante los ojos de todos ha funcionado, de manera tan impecable como “invisible”, este carrusel, el cual opera adjudicando contratos que permiten financiar la elección de mandatarios que adjudican nuevos contratos. ¿En verdad nadie lo sabía hasta que lo dijo la Contralora?
La pregunta que sigue es, después de lo visto en el caso de Cali, hasta dónde la corrupción ha permeado nuestro sistema electoral y lo que se pudiera hacer para detenerla, en lo que sea posible, a escasos dos meses de las elecciones, cuando muchas de sus cartas ya están jugadas y el engranaje del carrusel aceitado y operando.
Resulta tan cándido pensar que todo esto es responsabilidad del registrador como que nada lo es. Ante lo ocurrido se esperan decisiones más de fondo que remover un funcionario, entre otras cosas, para salvar el propio pellejo de la organización electoral sobre la cual ha quedado un manto, insostenible, de duda. Después de las elecciones, como es costumbre, se esperan demandas de los perdedores, solo que, esta vez, estará en la mira la propia institución electoral.
Mientras el país avanza en la lucha contra la corrupción, también electoral, y maduramos una verdadera y actualizada reforma política, en manos del registrador y de nadie más, se encuentra una medida de precaución elemental y sencilla, pero indispensable, luego de lo conocido: intercambiar los funcionarios de las registradurías departamentales y municipales en que exista la más mínima queja o duda.
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