Por: Luis Carvajal Basto
Más allá de indispensables ajustes en temas como pensiones, salud, tributación y la anunciada reforma a la Justicia, se espera que este Congreso resuelva estas controversias con sentido de Estado y no de interés partidista o particular. El mapa político que resulte de las elecciones regionales puede afectar, favorablemente, la coalición mayoritaria que lidera el gobierno Santos en el Congreso.
El periodo legislativo que comienza encuentra a un gobierno que mantiene altos sus niveles de aprobación popular, los cuales parece dispuesto a seguir “gastando” proponiendo nuevas reformas. Aunque esa popularidad no necesariamente se traduce en leyes que impulsen las políticas públicas que se propone, sin duda avalará su liderazgo en los procesos de expedición de nuevas normas.
La agenda prioritaria de temas indispensables para que el país funcione, puede modelarse en tres grandes áreas: la que afecta directamente ingresos y gastos del Estado, tributación y pensiones; la del sector de la salud, luego de destapar la olla, y la reforma de la Justicia.
Una vez establecida la responsabilidad fiscal, el principio según el cual un aumento en los niveles de impuestos desestimularía la inversión y la generación de empleo, no deja otro camino para fortalecer las finanzas públicas, en el corto plazo, que la ampliación de la base tributaria y la reducción de los niveles de gasto asociados con corrupción. Lo que se ha encontrado en la DIAN y lo que falta, comparable a una o varias reformas tributarias, es un estímulo claro para que el Congreso continúe en la senda de dotar de herramientas al ejecutivo y los organismos de control ,de tal forma que una eventual reforma tributaria complemente, optimizado, el recién expedido estatuto anti corrupción.
Los malos manejos en las EPS han puesto sobre la mesa una eventual reforma al régimen de salud. El Congreso deberá debatir si se trata del modelo o de la corrupción asociada. Por lo que se ha visto y si recordamos el caos existente antes de la Ley 100, pareciera que la pregunta para responder se refiere a la manera como se pueden administrar mejor recursos públicos que ejecutan privados. Algún senador ha propuesto suspender la intermediación de las EPS, pero también puede pensarse en complementar los sistemas de control reglamentando la intervención de firmas privadas de auditoría. El debate está abierto.
Pese a la complejidad de los mencionados, el tema de temas que abordará la próxima legislatura será el de la reforma a la Justicia. El gobierno ha buscado consensuar cualquier proyecto con las altas cortes, hasta ahora sin éxito. Pero el problema no consiste solamente en reducir, hasta donde sea posible, las fricciones entre las cortes o entre estas y el gobierno, buscando una salida política. El Congreso debe encontrar la manera de reducir los tiempos de los procesos y descongestionar los despachos judiciales, entendiendo que desarrollar la Justicia oral, el nombramiento pro témpore de auxiliares de la Justicia y la dotación de recursos tecnológicos, serán herramientas de gran utilidad. Pareciera un asunto administrativo más que uno teórico, jurídico o político.
Para afrontar los debates que se vienen, el Congreso ha recuperado algo su alicaído prestigio, luego del primer periodo legislativo. Deberá demostrar ahora que, pese a los naturales intereses y sucesos políticos, es capaz de supeditarlos al interés supremo del Estado, para lo cual se encuentra con un gobierno que no tendrá dificultad en mantener las mayorías de la coalición. Todo hace prever, incluida la catástrofe del Polo, que en las elecciones regionales la coalición se verá más fortalecida que debilitada, generando un escenario más que propicio para estas y otras reformas.
Elespectador.com| Elespectador.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario