El “partido” de la Corte

Por: Luis Carvajal Basto

La devolución de la terna es un veto y otro “desafío” al fuero Presidencial. La Corte ha tomado una clara postura política, afectando la gobernabilidad y no solo la Justicia. Es una acción reservada a los partidos.

Si llamáramos en Colombia las cosas por su nombre, hace rato la Corte Suprema ha debido reconocer que un roce normal entre las ramas del poder se ha convertido en una posición de principios, con solidaridad de cuerpo incluida, en el ejercicio de la oposición.

La conducta del gobierno, la del Congreso y la de la misma Corte, es diferente a la de sus funcionarios si se trata de mantener o simplemente evaluar el desempeño de las Instituciones. Nadie objeta la acción de la corporación para juzgar y condenar personas que infringen la Ley, con ropaje de congresistas, funcionarios etc.

La devolución de la terna mantiene la interinidad en la Fiscalía y coloca el punto más alto en esta pugna en que ha elegido como contradictores al Gobierno y al Congreso. Debe tenerse en cuenta que el sistema que se cuestiona, sin decirlo, es el mismo que ha permitido elegir todas las altas cortes, incluida la Suprema; el que establece la Constitución. Para este caso, el artículo249 instituye que la elaboración de la terna es una función restringida al Presidente.

¿Qué quiere decir la Corte al devolverla? ¿Está descalificando a los candidatos o entrometiéndose en una esfera reservada al ejecutivo? O, dilatando el proceso al que está obligada expresamente? En términos reales es así y la de dilatar también es una actitud más propia de políticos que de jueces. Es, por cierto, la misma estrategia que la oposición ha asumido en el congreso frente al referendo.

La postulación por parte del ejecutivo que establece la Constitución no es caprichosa y tiene que ver con la armonía que debe existir entre los poderes ejecutivo y judicial, para que la capacidad de acusar y juzgar no dé lugar a exclusivos monopolios ni se distorsione el necesario equilibrio que muchas veces se invoca.

Probablemente sin proponérselo, la Corte Suprema está dando la razón a las voces que se escuchan desde el congreso solicitando otra instancia para el juzgamiento de sus miembros. Se está deslegitimando a sí misma. La interferencia en la elección de fiscal, sin que existan impedimentos legales observables, es intervención política.

Y ese no es el espíritu de la Constitución, ni siquiera el de una versión exegética de esta, lo cual nos llevará por el camino de buscar la conciliación de este tipo de interpretaciones, cargadas de ideologías e intereses, es decir políticas, en la Corte Constitucional que tendrá más trabajo añadido al de resolver la Constitucionalidad del referendo ¿y mientras tanto?

Esta “movida” deja en evidencia que algunos miembros de las altas cortes “coquetean” con el mundo político. Es el caso de ex magistrados como Carlos Gaviria o José Gregorio Hernández que han dejado esa huella en su ejercicio como jueces. Es de esperar que la Corte Suprema reflexione, que conductas o aspiraciones individuales no alteren el desempeño de un cuerpo que además de honorable, que lo es, debe ser imparcial y apolítico y no solo serlo sino parecerlo. Lo contrario ratificaría que la política ha cambiado tanto que ahora se ejerce desde “el partido de la Corte”.