Ortega quiere más

Por: Luis Carvajal Basto

Las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, según las cuales San Andrés y Providencia también pertenecen a ese país, confirman que el fallo de La Haya es inaplicable.

Las palabras de Ortega son una amenaza pero también una advertencia: algo como decir que si Colombia no lo aplica inmediatamente nos puede ir peor. Ya sabemos que lo mismo ocurriría si lo hiciéramos, lo cual confirma que sus pretensiones pasan por una plataforma continental extendida con 200 millas de mar.
La respuesta de Colombia, hasta ahora, no ha excedido la formalidad de los canales diplomáticos y el derecho, sin descuidar un natural ingrediente político: se trata de obtener tiempo para actuar y restarle presión a lo que, evidentemente, es un fallo incomprensible que además se ha producido en un año preelectoral. Colombia, en verdad, no ha expresado la manera en que el fallo se acatará pero tampoco que no lo va a hacer, lo cual es perfectamente posible.
Este caso es un ejemplo, uno más, de la “desactualización” de un orden jurídico internacional establecido en la posguerra, confrontado con las realidades de la globalización. Sin que implique tomar partido frente a la intervención en Siria, la misma semana anterior, para recordar un evento cercano, el presidente Obama debió consultar a los gobiernos europeos acerca de la necesidad de una respuesta a presuntas atrocidades del régimen Sirio, ante la imposibilidad de hacerlo en el consejo de seguridad de Naciones Unidas, lugar donde los intereses de Rusia y China bloquean cualquier iniciativa. La renuencia de los gobiernos y la opinión pública en Europa y algunos tropiezos en el parlamento norteamericano han impedido, hasta ahora, los bombardeos, pero no el consejo de seguridad.

La realidad política internacional suele superar, ahora muy de seguido, lo que sugieren unos preceptos teóricos e Instituciones construidos en la década de 1940 que, muchas veces, ya no resultan suficientes. Con ello no se trata de incitar a la barbarie siendo, apenas, un reconocimiento de sus limitaciones. Los Estados Nacionales, por estos días, deben recurrir, con frecuencia, a respuestas de corte pragmático, teniendo en cuenta su evidente debilidad que tiene origen en la pérdida de credibilidad en la política y en las dificultades presupuestales. En casi todas partes los ciudadanos no quieren pagar impuestos pero requieren todo tipo de soluciones por parte de un Estado debilitado.

Si asumimos la situación con realismo debemos reconocer que, salvo por el fallo, para Colombia las circunstancias externas no son tan complejas como las internas: El gobierno de Nicaragua tiene un bien ganado prestigio de expansionista y pendenciero que, por ahora, le da réditos en la situación política interna, pero ha motivado también reclamos de Costa Rica y Panamá, sus habitualmente tranquilos vecinos.

Las expectativas de Ortega deben estar fundadas en la solidaridad de los países del Alba con los cuales se puede llevar sorpresas, dados los vínculos históricos, económicos, comerciales etc. de Colombia con Venezuela y Bolivia. En un hecho de diplomacia positiva, la semana anterior, por ejemplo, Colombia negoció con Venezuela exportaciones por más de 600 millones de dólares, a pesar de sus dificultades cambiarias y de pagos. No parece tampoco que la misma Cuba esté dispuesta a “entrometerse” a fondo en unas diferencias entre terceros.

Pero Ortega conoce de las diferencias políticas internas en Colombia, que han ocasionado desidia en la política exterior, y se aprovecha de ellas. Existen, sin duda, “responsables” del fallo, pero no parece el momento indicado para iniciar un juicio de irresponsabilidades. Si Ortega aprovecha nuestra circunstancia preelectoral y el momento de las negociaciones de Paz, no podemos “ayudarle”. Nuestra respuesta no puede ser más que una de Estado y resultaría incomprensible que actores políticos, en otro acto de canibalismo electoral, siguieran usando el fallo para ganar protagonismo o abrirse camino en las próximas elecciones.

Herejesyluis
Posdata: La noticia según la cual la asamblea de San Andrés sugiere reclamar la costa de mosquitos, perteneciente a Colombia hasta 1830 y lugar en que, por cierto, sus habitantes viven, lamentablemente, en peores condiciones que nuestros compatriotas, es una consecuencia de la actitud desaforada del presidente Ortega.

Santos: todo por la Paz

Por: Luis Carvajal Basto

Luego de los paros y una mala encuesta, el presidente, con el revolcón ministerial, reafirma su rumbo social hacia la Paz. Pero el nuevo gabinete no es, y no podía ser, una respuesta a esa encuesta.

De acuerdo con lo que ocurre en Colombia por estos días, medido por la última encuesta, podría parecer que reelección y proceso de Paz son incompatibles. El ambiente de pesimismo que van dejando los paros se  ha notado; también la tardía reacción de los ministros que fueron cambiados y la percepción de la gente, dejando en el aire la pregunta de si será su propia reelección el precio a pagar por el presidente para conseguir la Paz.

La mala situación de nuestro campo está fuera de discusión, así como la falta de respuesta del Estado, un acumulado histórico que compromete varios gobiernos, a los problemas del agro. Si bien los campesinos no han logrado constituirse en un interlocutor unificado y no es factible pactar acuerdos con cada grupo que realiza bloqueos, también lo es que no tenemos una idea cierta de la magnitud de esos problemas porque no hemos podido realizar un censo agropecuario, la primera herramienta de utilidad en este caso. No disponemos de una medición reciente de la realidad  que valide y sugiera políticas.

Lo que ha llamado la atención es la “gavilla” que, dada su uniformidad, todos a una, se ha armado, en la práctica, contra el gobierno y el proceso de Paz, lo que haría parecer  Paz y reelección como objetivos incompatibles. La respuesta de Santos fue un gabinete regional, capaz y con experiencia, sintonizado con la Paz, dejando en el ambiente que  la antepone a la misma reelección. Pero eso sería una lectura equivocada, partiendo, como se hace, de un presupuesto falso, según el cual las circunstancias actuales se mantendrán hasta las elecciones.

La respuesta presidencial parece fuera de cálculos electorales, pero ni los más enconados opositores anticipan la reacción de la opinión a los resultados de un proceso en que el presidente se ha jugado del todo, mientras recibe varapalos, por encima y por debajo de la mesa, de sectores que han compartido gobierno tanto como de sus detractores  políticos y de las FARC, que también bloquean las vías, dejando al gobierno como un emparedado. Para el presidente es el peor de los mundos, pero eso será hasta que se firmen los acuerdos o el proceso se cancele y  sustituya, como quieren muchos, por la opción puramente militar. En los dos casos las agujas de las encuestas girarían.

El  renovado  equipo de gobierno tiene muy poco tiempo para conseguir sus dos principales objetivos: reelección y éxito en el proceso de Paz. Las elecciones se acercan y vale recordar que, en política electoral, pasado y futuro son, apenas, insumos del presente. De nada vale denunciar la gavilla que trata de poner de acuerdo a quienes le culpan de todos los problemas  acumulados del país en todos los tiempos (San Andrés, situación del campo, empleo, inseguridad etc.). Aquí lo que cuenta  es la verdad que la opinión, que votará y refrendará los acuerdos, si los hay, considera. Para ello, el gobierno debe pasar de “padecer” la agenda, de la que la opinión se ocupa, a proponerla, situarse a la ofensiva y no solo como atajador de paros y ataques que, por estos días, le llueven.

El  reto inmediato que debe afrontar  es la respuesta a los pequeños campesinos garantizando precios de sustentación a sus cosechas (¿Un IDEMA público-privado?) como cuota inicial de una nueva política agraria y atender de manera competente las  reclamaciones de los Maestros, enfatizando el talante social de sus políticas. El segundo es comprender que  aunque la Paz tenga sus más inmediatos efectos en las regiones, el escenario electoral de 2014 lo definirán las grandes mayorías urbanas, incluidas las que no encuentran representación en el Congreso. Es a ellas a quienes debe explicarse (porque no la han padecido tanto como nuestros compatriotas del campo) que esta guerra, narco, absurda y fratricida, no puede durar para siempre y que eso está por encima de egos, intereses personales y otras  consideraciones.

@herejesyluis

Otro si: Sabemos que el futbol tiene sus propias reglas, pero el penalti que se inventó el árbitro en el último minuto del partido Millos-Chicó fue un “asalto” del que pudimos ser testigos, en vivo y en directo, millones de televidentes.

Papas explosivas

Por: Luis Carvajal Basto

¿El campo colombiano era diferente antes de los TLC? El “limbo” político a meses de elecciones.

Colombia ya no es un país predominantemente rural salvo por la extensión (94%) de sus campos sub utilizados (23% de la tierra laborable). En ellos sobreviven  menos del 20% de nuestros compatriotas (en 1938 era el 70% y en 1993 el 31%) que generan el 12% de lo que producimos. Ese campo, por décadas, ha sentido, en primera persona, el impacto de narcotráfico y violencia que han propiciado, en muchas regiones del país, una reforma agraria invertida con el desplazamiento  forzado de millones de compatriotas y la concentración violenta de gran parte de la tierra.

Pero, históricamente, la mala situación  de los pequeños campesinos no puede imputarse a los TLC. “El paro agrario no lleva doce días sino cincuenta años” dijo, con razón, Aurelio Iragorri, el funcionario del gobierno que le ha puesto la cara. Esa mala situación, vale recordar, sirvió como argumento para el nacimiento de las FARC y el E.L.N en los 50s y 60s y, más tarde, de los paramilitares. Por otra parte, aunque durante ese periodo el nivel de vida de nuestros campesinos ha mejorado, indiscutiblemente, ya era pobre en las épocas del peso devaluado, lo cual impide endosarla a su revaluación.

Desde un punto de vista práctico ¿Podrá competir esa pequeña producción campesina, detonante de los paros, con importaciones de productos más competitivos y/ o subsidiados? Sin TLC no lo hacía y ahora depende más de su capacidad, la del gobierno y empresarios del campo para adaptarse a nuevas tecnologías, productividad, vías, insumos etc. No se trata solo de normas para limitar importaciones que solo incrementarían el contrabando en ausencia de competitividad.

¿Podemos dar marcha atrás a los TLC? Difícilmente. Pero claro que se pueden aplicar salvaguardas, garantizar la compra de la pequeña producción campesina (¿Resucitar al IDEMA?) y aplicar su letra menuda hasta donde sea posible. ¿Es deseable? No parece, porque la globalización no es una opción sino un hecho tecnológico, económico y político aunque los coreanos del norte digan lo contrario. Otra cosa es la necesidad de estructurar, desde el gobierno y con la gente, un nuevo modelo agrario que nos haga más competitivos. De nada sirve añorar una  estructura agraria pre capitalista.

Por otra parte, atentos a la amenaza de enfermedad holandesa, vale la pena intentar sumas y restas. La importación de alimentos y otros bienes beneficia, aunque no sea en pleno paro popular decirlo, por la vía de la reducción de costos, a la población en general. Permite controlar la inflación y reducir los precios de la producción interna. Debemos tener en cuenta que Estados Unidos y Europa están apenas saliendo de una recesión que no durará para siempre.

No se trata de un discurso político o una propuesta ideológica. Hace más de doscientos años en el parlamento inglés se produjeron los primeros debates sobre el tema hasta que David Ricardo lo resolvió, a favor del comercio, con la demostración matemática de su teoría de las ventajas comparativas que hasta hoy se mantiene, científicamente, imperturbable. Otra cosa es la necesaria  intervención del Estado y  la particularidad de nuestros tratados: aunque el equipo negociador ahora  guarde silencio, muchos piensan que los TLC significan Todo Lo Cedimos. ¿Será?

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Como era de esperar y lo anticipamos desde esta columna  el pasado 14 de julio, la proximidad de las elecciones comienza a generar reacciones en los sectores económicos y políticos. Muchos quieren valorizar sus acciones por encima de “su precio de mercado”. Aprovechando la coyuntura del paro agrario, sectores políticos; camioneros; Concejales y hasta el alcalde Petro, quien anunció ruptura de relaciones con el gobierno luego de la reacción del ministro de vivienda ante el POT por decreto y ahora usa ruana, tratan de sacar su parte.

Mucho de lo que ocurre, incluido el paro, tiene que ver con la indecisión del gobierno frente a la reelección que le ha colocado, y con él al país, en un limbo político que, difícilmente, puede esperar hasta noviembre. Para empezar, un gabinete que está en mora de ejecutar, de acuerdo con la contraloría, gran parte de su presupuesto  y  ha dejado escalar un paro de la manera en que este lo ha hecho, no parece el más indicado para una reelección de unas políticas o del mismo presidente. Parece llegada la hora de anunciar la reelección o de no hacerlo. Lo ocurrido con el paro da una idea de las cartas que se van a jugar en las presidenciales, papas explosivas incorporadas.

@herejesyluis

Otro sí: en Democracia nadie debe asustarse por la expresión de sectores que históricamente no lo han hecho o no han podido hacerlo por la amenaza de narcos y violentos. Son formas de participación  que no excluyen el ejercicio de la autoridad, cuando se desbordan tratando de pasar por encima de los derechos de todos. El mismo presidente Obama, en el homenaje a Luther King la semana pasada, recordó que “debido a que marchaban, América llegó a ser más justa". Otra cosa es el oportunismo que financia vándalos a “$30.000 por lanzar pedradas” como dijo un alcalde.

Los TLC, la política y los paros

Por: Luis Carvajal Basto

Los bloqueos son la expresión de sectores fuertemente golpeados. ¿Son, también, un argumento electoral?

Las cifras muestran que es apresurado  afirmar que la economía perdió con los TLC aunque sean preocupantes los incrementos en las importaciones de lácteos (200% en el primer año).Pero si al agro no le va bien y a la manufactura tampoco, mucho de nuestro futuro queda en manos de la producción petrolera y la exportación de materias primas. El modelo económico está cambiando y eso se siente.

La geografía de los paros deja ver que en ellos hay de todo. Desde  reclamos de sectores cafeteros, tradicionalmente importantes y “consentidos” por el Estado, y los transportadores, con clara influencia de quienes antes promovieron los TLC y ahora los condenan, pasando por los reclamos justos de  pequeños productores campesinos de leche y papa en el altiplano cundiboyacense, Nariño y el Cauca, hasta las expresiones politizadas de zonas con clara influencia de las FARC que deben considerar “obligatorio” participar en las protestas, a pesar(o como complemento) de que sus jefes negocian en La Habana.

Los efectos positivos de los TLC existen, pero no salen a desbloquear las vías: a estas horas nadie destaca el impacto de las importaciones  en el control de la inflación, cosa que beneficia a la mayoría de colombianos; el “bajo” costo de maquinarias, vehículos y otros componentes importados etc.

Por defecto atribuible a la escasa respuesta de sectores llamados a aprovechar la ampliación de mercados para promover exportaciones, nuestras ventas al exterior no salen tan bien libradas, hasta ahora, y la balanza comercial, con los países con que tenemos tratado, no se puede calificar positivamente. Mientras en Colombia el TLC es motivo, aún, de debate filosófico, las importaciones “baratas”, de producciones más competitivas y a veces subsidiadas, llegaron y con ellas sus efectos que  empiezan a generar distorsiones en el mercado interno.

Las cifras son contradictorias: La siembra de Arroz aumento 13.4% en el primer semestre de 2013, mientras los sectores  afectados  denuncian los efectos de sus importaciones; las exportaciones a Estados Unidos cayeron en un 13% y la manufactura  un 3.4%.Son cifras para preocuparse pero no todas son responsabilidad de los TLC. Existen otros factores, como la revaluación del peso, y la caída en el mercado mundial de materias primas, como consecuencia de la desaceleración en China y la crisis de occidente, que han afectado las exportaciones.

¿Estamos cortos en competitividad? Pues claro. Por ejemplo, los fletes internos siguen siendo más costosos que los internacionales por una confluencia de gasolina y peajes caros con vías deplorables. En la estructura productiva del país no conseguimos remplazar los empleos que perdemos con los productores chinos, aunque no tengamos tratado .La competitividad, en este nuevo modelo, parece reducida a la ventaja natural que el país tiene en los sectores petrolero y minero sin que la reacción de gobiernos y empresarios se note, todavía.

Existen razones válidas para la protesta de sectores que resienten alto costo de insumos y bajos precios en sus productos. La pequeña producción campesina a la cual el Estado debe responder con prontitud. Otros, como los cafeteros, están vinculados, históricamente, con la política tradicional.  Es cuestión de tiempo y las respuestas deben ofrecerse rápidamente: el gobierno debe conocer que muchos de los palos que bloquean las carreteras tienen como objetivo prioritario meterse en las ruedas del  carro de su reelección.

 @herejesyluis

Tendremos segunda vuelta

Por: Luis Carvajal Basto

Esta parece la conclusión más importante de la última encuesta. Pero hay otras novedades.

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En la superficie, la encuesta  de Ipsos- Napoleón Franco, publicada el fin de semana, se parece a las anteriores: Pese a que 62% considera que el país va por mal camino y 60% está en desacuerdo con la reelección, ninguno de los demás candidatos habilitados tiene los votos para ganarle al presidente Santos. Una leve mejora en su imagen (2%) respecto de la encuesta anterior haría pensar que el Santismo es una realidad política que se decantó. Después de su ruptura con Uribe; del fallo sobre San Andrés y varios etcéteras, a 10 meses de las elecciones mantiene una imagen favorable del 49%. De acuerdo con la encuesta de Ipsos el presidente Santos sigue siendo el mejor candidato disponible.

En el juego de la reelección el presidente cuenta con  las reglas a su favor: su principal opositor, el ex presidente Uribe, no puede ser candidato y no endosa su favorabilidad (63%) a los precandidatos Uribistas. Eso es apenas natural si se tiene en cuenta que la voz cantante de la oposición, quien lleva la batuta y las propuestas, sigue siendo el mismo Uribe. Los demás son observados como seguidores, no destacan.

En la encuesta se puede medir el  costo del “corte de cuentas” del Santismo con el Uribismo: el 39% de quienes votaron por el presidente en la segunda vuelta no respalda hoy su gestión de gobierno. Si ello es así ¿de dónde sale su actual favorabilidad? La respuesta está, claramente, en el Liberalismo como corriente  histórica de opinión y no solo en la estructura oficial y parlamentaria que, pese a su acceso al gobierno, pierde dos puntos, hasta 36%, con relación a septiembre de 2012, en pleno “renacer Liberal”.

En el escenario actual, en que el presidente  mantiene el control de la mayoría del voto parlamentario, luego de la reciente “realineación” de los conservadores, las dificultades  para la reelección podrían venir de los votos de opinión que se expresaron en la ola verde(diferente a sus divididos y eventuales dirigentes) y antes en la candidatura de Carlos Gaviria: el 56% de quienes votaron por Mockus en la segunda vuelta “castigan” la gestión del gobierno, abriendo paso, por ejemplo, a las candidaturas de Navarro y Clara López que se sitúan, en la intención de voto , por encima de los candidatos Uribistas. En la pugna entre estos sectores de Izquierda, a pesar de sus dificultades, el alcalde Petro será “gran” elector.

Los acuerdos de Paz seguirán siendo el eje de la campaña presidencial (59% de favorabilidad), pese a que la encuesta identifica desempleo (39%) e inseguridad ciudadana (31%) como los principales problemas del país. Si ello es así los eventuales acuerdos, en lo que falta, menos el desgaste del gobierno, en lo que falta, inclinarán la balanza de la reelección y la decisión final del presidente. Sobre este punto llama la atención y genera expectativas la posición de sectores conservadores, como el expresidente Pastrana y la ex canciller Sanín, frente a temas como el de San Andrés que podría convertirse en un asunto de política electoral.

Sabiendo que los acuerdos serán un factor decisivo, las FARC deshojan una margarita en que se confunde participación, aspiración apenas normal, con cogobierno, el cual se alcanza en las democracias con votos. El resultado del pulso será definitivo como argumento que podría disminuir o aumentar el impacto de los acuerdos en unas presidenciales en que, hasta ahora, tendremos segunda vuelta con las dificultades de anticipar tendencias y resultados que ello implica.

@herejesyluis

Otro si: Esta nota intenta analizar una encuesta correctamente diseñada y ejecutada que escruta a la opinión en un momento determinado y no compromete, necesariamente, las preferencias personales de su autor.

Dificultades de la Paz

Por: Luis Carvajal Basto

Un enfoque político revela que siempre serán muchas y siempre deben ser superadas. Pero los consensos podrían buscarse antes y no después de unos acuerdos que se van a encontrar a un país dividido.

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Mientras el  país se pregunta cosas como cuanto de Justicia debe sacrificarse para conseguir la Paz o cuanto de Constitución debe modificarse, y no al contrario, o la efectividad y aplicabilidad de Leyes como la de víctimas o Justicia y Paz etc., las respuestas de los dirigentes políticos están y estarán, inevitablemente, condicionadas por el próximo debate presidencial. El verdadero desafío que tenemos  los colombianos consiste en evitar que la paz sea reducida a un insumo de las elecciones aunque no se pueda lograr sin ellas. ¿Es eso posible?

Resulta tan difícil como inútil establecer en que momento la discusión sobre la Paz se “politizó”. ¿Es la advertencia de impunidad un principio de justicia o un argumento de política electoral? Quienes lo afirman, olvidan que el anuncio de los diálogos, por sí mismo, dio otra cara a un gobierno que venía de fracasar en la reforma educativa y de Justicia y perdía, aceleradamente, popularidad. Desde ese punto de vista fue una jugada maestra que transformó el escenario político, aunque, nadie puede dudarlo, recogía y recoge el sentir de la inmensa mayoría de los colombianos.

El  marco legal para la paz es una herramienta para conseguirla. Parece extraño que, a estas alturas, se pregunten cosas como si la Paz debe adaptarse a la Constitución o esta debe ser reformada para lograrla. La Ley condiciona el funcionamiento de las sociedades pero su sola existencia es una consecuencia de los hechos que producen los hombres. No es rígida y tampoco puede ser ajena a las circunstancias históricas.

Para el Congreso el trámite del acto legislativo fue correcto siendo ese un argumento indispensable pero no suficiente como para pensar que debe pasar “derecho”, tal como salió de allí, por la Corte. No se trata de los aspectos formales sino de los de fondo, incluida política, politiquería y los puntos de vista de organismos internacionales que son jugadores de considerable peso, en la perspectiva de la justicia transicional o excepcional. Los criterios expresados la semana anterior confirman que la discusión no se agotó en el congreso y sobrevive un mar de ambigüedad e intereses encontrados que se puede, fácilmente, observar en los foros y las discusiones mediáticas. El país sigue dividido y no se trata de la conveniencia de la Paz sino de un hecho real.

El debate  abierto en la Corte Constitucional  es una discusión política y no, esencialmente, jurídica, como lo será la decisión de la Corte que, sin embargo, debe incorporar en ella y otorgarle un sentido de Estado, más allá de los intereses sectoriales o partidistas. Mejor dicho:  debe buscar los consensos que de otra manera no se han logrado, en armonía con  los intereses de todos , incluidos los que no participan en política electoral o no están suficientemente representados en el Congreso pero tienen una voz que debe ser escuchada. Entre otras cosas, porque de eso se trata la Paz. No solo de las victimas sino de la parte importante de colombianos que manifiestan su desacuerdo, hasta ahora, con unos arreglos que, como es natural, desconocemos todos, por la sencilla razón de que no existen.

A la Corte no ha llegado el asunto tan “procesado” como debiera como para que su actuación se reduzca al estudio de formalidades. Seguramente la razón más importante sea que las diferentes fuerzas políticas no han estado adecuadamente representadas en el congreso, observándose fácilmente que son, o pueden ser, un factor de distorsión en contrario. Si ello ha sido resultado de las vicisitudes de la política poco importa ahora y lo verdaderamente trascendente son las consecuencias futuras, con acuerdos o sin ellos. El respeto a lo que se acuerde y su perdurabilidad.

A estas alturas no sabemos si el presidente se postulará a su reelección, en cuyo caso tiene altas probabilidades de triunfar, dicen hasta ahora las encuestas. El proceso de Paz, sin embargo, debe situarse por encima de esa “posibilidad” tratándose de un tema de Estado y sobre el que deberían existir unos consensos mínimos, al menos entre las fuerzas políticas. Hoy por hoy, sin conocerse acuerdos concretos, es cuestionado desde sectores de lo que se ha llamado “izquierda”  hasta una “derecha”, que tendrán votaciones importantes en 2014.La refrendación popular de los eventuales acuerdos va a coincidir con las elecciones presidenciales y las de congreso, otorgándoles su “contenido”.

Por eso es tan importante la decisión de la Corte en la dirección de superar la división que hoy existe entre los colombianos. Encontrar la verdadera Paz y mantenerla no es, “solamente”, un asunto de política electoral. ¿Después de la Paz con las FARC, necesitaremos otra con quienes hoy la vetan? ¿Un plebiscito será suficiente para superar la polarización?¿En verdad todo se juega en La Habana?

@herejesyluis

Buenos muchachos (La reacción del gobierno)

Por: Luis Carvajal Basto

El último tramo de los gobiernos, en todas partes, es siempre el más difícil. Estamos viendo en Colombia que con reelección en el horizonte, puede serlo más. ¿Han respondido los ministros al desafío?

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La convergencia de paros, como el del Catatumbo, y el anuncio de otros, coinciden con el periodo preelectoral, la eventual reelección del Presidente y  los diálogos en la Habana. También, con las manifestaciones, lamentablemente violentas, de sectores que no han encontrado otra forma de expresarse dentro del sistema político.

Alguien dijo que hombres y gobiernos no existimos en el periodo que escogemos si no en el que nos corresponde vivir. No vale quejarse. El gobierno parece sorprendido por los paros en desarrollo y los que se anuncian. Por sectores que reclaman. ¿Es suficiente denunciar que son reductos de las FARC, políticos en campaña, oportunistas o criminales? Pareciera que las respuestas del gobierno no son estructuradas e institucionales si no esperanzadas en personas de quienes esperamos capacidades excepcionales o mágicas, un poco  extrañas en este periodo de gran impacto tecnológico, también para la ciencia de gobernar.

El Catatumbo  puso a prueba a  los Garzón que debieron regresar por donde fueron. Ni hablar del papelón que en todo esto ha hecho el  ministro del interior quien considera que su trabajo, en circunstancias como estas, es recordarnos la Constitución a través de los medios o hacer denuncias en lugar de anticiparse, consensuar y, en últimas, liderar el ejercicio de la autoridad. ¿Será que el ministro de la política considera que esta solo se reduce al congreso, lugar donde, por cierto, no ha sido puesto a prueba?

No es  sorpresiva la explosión de tantos intereses que encuentran este momento como el mejor para sus actividades de “pesca”: presión a los diálogos; mayor tajada en los subsidios del Estado; oposición política; obtención de licencias ambientales y, faltaba más, justos reclamos de comunidades que, a pesar de los titulares, no tienen vías, ni servicios básicos, ni trabajo formal, ni prestaciones sociales haciendo, otra vez, evidente la existencia de dos países: el formal y el real.

¿Sorpresa?: los partidos, encargados de relacionar las demandas de la sociedad con el Estado, se han convertido en fortines casi exclusivamente parlamentarios. La política entendida así deja por fuera del sistema a sectores que buscan maneras de expresarse. Es una de las deudas que los colombianos y, sobretodo, los políticos tienen con la participación consagrada en la Constitución.

Lo que  sorprende es la actuación “inocente” y muchas veces descoordinada  de algunos miembros del equipo de gobierno, comenzando por el de Hacienda quien  ante los primeros anuncios de más paros dijo que el gobierno tenía “listos los recursos que se necesiten”. Cualquiera podría interpretar eso como una señal de debilidad o una  oportunidad ante la cual conviene extender la red. Viene subienda, dirían los pescadores del Magdalena.

El ministro de comercio, en un momento en que diferentes sectores, como el de calzado, sienten la presión de  competencia desleal que genera cierre de pequeñas y medianas empresas y el despido de trabajadores, declara  que todavía le faltan tres tratados comerciales, uno de ellos con Japón. Los autopartistas deben estar pensando su reacción. El ministro, orgulloso de cumplir las propuestas fijadas hace tres años, periodo en que han pasado tantas cosas en Colombia y el mundo, no parece  “conectado” con las circunstancias del país ni interesado en los problemas que en este momento  atienden sus compañeros de gabinete.

No hace falta experiencia y un curso de alto gobierno para saber que cerca de las avispas no convienen alborotos. Por verse los resultados de la reforma a la salud resulta extraña como innecesaria  la polémica abierta por el ministro de salud con Juan Gossain por su justificada denuncia según la cual muchos medicamentos son más costosos en Colombia que en cualquier lugar del mundo, incluidos países de más altos niveles de ingreso. Mucho menos, su respuesta según la cual ese ministerio “ya había expedido una resolución”. Podría añadirse, una Constitución e incontables Leyes que, desafortunadamente, no se cumplen y sirven para ilustrar las diferencias entre un país formal, al que parece representar el ministro, y otro real al que pertenecemos todos, sintiéndonos  bien representados por Juan, a pesar de su “ignorancia”.

Tanto como la competencia técnica es importante en el desempeño del gobierno la experticia política y el sentido común: anticiparse y prever escenarios es siempre mejor que hacer el papel de bombero perezoso, apenas reaccionando. Para el gobierno, el proceso de Paz no sirve como disculpa. Debería ser, por el contrario, el mejor motivo para mantener encendidas las alarmas. Lo que a nadie le cabe en la cabeza es que se promuevan, desde el mismo cuartel de bomberos, más incendios, aunque sea de manera involuntaria, falta de experiencia o  “descuido”.