martes, 27 de marzo de 2012

El Espectador, entrevista Simon Gaviria


'Quieren regresarnos a la oposición': Simón Gaviria

Por: Diana Calderón / Directora Servicio Informativo de Caracol Radio

El director del Partido Liberal puso sobre la mesa la necesidad reformular la distribución de las regalías en la ley que está pendiente de conciliación en el Congreso.

El presidente de la Cámara, Simón Gaviria, afirma que es necesario modificar la fórmula bajo la cual se hace el recaudo por concepto de regalías. / Gabriel AponteEl presidente de la Cámara, Simón Gaviria, afirma que es necesario modificar la fórmula bajo la cual se hace el recaudo por concepto de regalías. / Gabriel Aponte
El Partido Liberal izó su bandera de batalla política: el incremento en el recaudo por concepto de regalías de explotación minera y de combustibles. Pero las críticas no se han hecho esperar y ya en la mesa de Unidad Nacional hay quienes consideran que el aumento de los tributos para estas empresas afectaría la confianza inversionista. Por otro lado, está la posición crítica que han asumido frente a la redistribución del presupuesto de las regalías. Estos son temas que han ubicado el liberalismo como un actor crítico dentro de la coalición de gobierno, lo que ya está levantando ampollas. Su presidente, Simón Gaviria, explica en qué consisten esos planteamientos y asegura que formar parte de la Unidad Nacional no excluye el sentido crítico y propositivo de la colectividad.
¿Qué no ha sido exitoso en la reforma a las regalías que ustedes mismos votaron?
Nosotros hemos venido haciendo cuestionamientos frente al decreto de implementación que sacó el Gobierno a finales de diciembre. La ley todavía no ha sido aprobada, hace falta su conciliación y es importante utilizar la experiencia de estos meses para hacer los correctivos del caso. Ya hemos visto decisiones muy positivas por parte del Gobierno. Por ejemplo, lo de Uribia, donde están los indígenas wayuus, sus niños comúnmente son de muy bajos recursos, se alimentaban en los colegios y tenían el transporte escolar. El recorte de las regalías puso en jaque esos principios y ahora estamos viendo una gran deserción escolar por falta de alimento y transporte escolar. El Gobierno ya tomó decisiones y va a asignar $30 mil millones para estos programas, y también anunció un incremento de $900 mil millones para ayudar a que la mermelada llegue a todos los rincones de Colombia. Nuestra preocupación no es propiamente un tema de ley, es que se está diseñando un esquema tan complejo, tan difícil, con tanto requisito y petición por parte de Planeación Nacional, que nuestro temor es que pase lo que pasó con el Plan Departamental de Aguas, en el que se hizo también un esquema perfecto, un diseño ideal, pero se creó un esquema con tanto trámite, tanto permiso, tantas comisiones, que desafortunadamente la plata no se ejecutó.
Vayamos un poco atrás. ¿Hubo o no hubo engaño del Gobierno, del ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, cuando planteó la reforma de regalías?
Creo que son los retos de la implementación, estamos empezando a ver cómo la altura del debate de la iniciativa no está a la altura de la implementación.
¿Sería necesario demandar el acto legislativo o se puede solucionar en la conciliación?
Vía conciliación se pueden hacer algunas mejoras. Recordemos que la conciliación permite adoptar el mejor texto de Cámara o de Senado y eso da un margen, no el más amplio, para tratar de resolver algunos temas. El segundo es que Planeación Nacional, que es la encargada de viabilizar y hacer seguimiento a los proyectos, tiene que ser mucho más proactiva para la estructuración, ayudarles a esos alcaldes de cuarta, quinta, sexta categoría, para sacar adelante esos proyectos.
¿Son conscientes Planeación y el ministro de Hacienda de esa necesidad?
Yo creo que esto no es un tema únicamente de Simón Gaviria ni del Partido Liberal, es un tema de las federaciones de departamentos y de municipios. Hay un vacío entre la retórica de la ley reglamentaria y su implementación.
¿Entonces sí tienen fundamento las denuncias sobre multinacionales que estarían creando empresas subsidiarias para no pagar lo que les corresponde?
Sí, se vuelven comercializadoras de ellas mismas, cuando forman parte de un mismo grupo empresarial. Frente a eso hay que trabajar mucho, porque hablar de regalías de $12 billones no creo yo sea lejano en el tiempo ni en la realidad. En materia de renovación de concesiones, es más que razonable que los riesgos relacionados con la sísmica, la implementación, las obras, sean superados. La renovación de concesiones debe tener una modalidad diferente a la que representa empezar un proyecto desde ceros. Por ejemplo, una empresa de petróleo paga hoy entre el 8% y el 25% para un proyecto y a la hora de renovar la concesión debe pagar un porcentaje altamente superior porque ya no tiene riesgos. Tercero, tienen que pagar más regalías atados al precio internacional y obviamente sin modificar los contratos actuales. Países con una gran vocación minero-energética, como Perú, Chile, Sudáfrica, Australia, acaban de entrar a renegociar sus contratos actuales. Lo que pedimos nosotros es que los nuevos contratos de concesión tengan en cuenta el precio internacional, si hoy por hoy se paga un 10% con petróleo a 40 y el petróleo sube a 60, que paguen un 12%.
¿Esa inconformidad que hay en el tema de regalías podría estar influyendo en lo que se ha planteado como el trancón legislativo?
La verdad es que al Congreso muchas veces se le mide por volumen de leyes y en ocasiones es necesario pensar en el calado de las leyes. Nosotros venimos de una legislatura histórica, son 77 leyes, 12 actos legislativos, 10 leyes estatutarias, un ritmo de trabajo excepcional, y no leyes de poca monta. En los 23 días que nos quedan, nos toca aprobar reforma a la justicia, marco jurídico para la paz, reforma al fuero penal militar, seis iniciativas del Ministerio de Justicia, se nos vienen dos leyes de cultura y una reforma tributaria de más de 900 artículos.
En esa reforma tributaria está en juego el impuesto del 4x1.000 sobre el cual el ministro de Hacienda volvió a decir que no está de acuerdo con el desmonte total, sino gradual…
Consideramos que podemos hacer una causa común con otras colectividades en ese sentido. El 4x1.000 ha sido, si bien una idónea fuente de recaudo, también una fuente de informalidad muy grande en la economía colombiana y hay que ver cómo reemplazamos esos ingresos con otros.
¿El Partido Liberal apoya la moción de censura al ministro Juan Carlos Echeverry que propone un congresista de su colectividad?
El Partido Liberal no ha tomado esa decisión, sé que gente de regiones productoras viene muy preocupada. Eso no se ha llevado a bancada, no se ha discutido y nuestro partido no está montado en ese bus. Sí hay reflexiones, cuestionamientos y dudas sobre cómo se han hecho las cosas, hemos tenido la oportunidad de ser escuchados y se han tomado los correctivos en muchas de ellas. Vamos a seguir haciendo el control político correspondiente, pero no estamos, como partido, impulsando la moción.
A raíz de un concepto del Consejo de Estado sobre la doble militancia hemos tenido información de que algunos miembros del Partido Verde, John Sudarsky y Ángela Robledo, estarían interesados en pasarse al Partido Liberal. ¿Son ciertos esos acercamientos?
Todavía no es claro el fallo del Consejo de Estado en el sentido de que si bien la gente puede apoyar a otro candidato, se puede inscribir por otro partido estrenando una curul. Entonces, mientras no haya claridad, si bien tengo un gran respeto con el senador Sudarsky y la senadora Ángela María, pues hemos compartido causas, como luchar en contra de la discriminación en Colombia. Yo creo que todavía es prematura una conversación en ese sentido.
¿Qué les responde a Ernesto Samper y Piedad Córdoba, quienes han expresado que quieren recuperar el partido para ellos?
Pues con mucho respeto por lo que son voces que han hecho cuestionamientos frente a la reforma de estatutos, es una reforma de estatutos que votaron 500 personas a favor y 90 en contra. El partido va por un buen camino, sé que hay fuertes críticas porque se ha apoyado al presidente Santos. Hay gente que quiere regresarnos al camino de la oposición, son opiniones que no comparto, pero es normal que haya ese tipo de discusiones en la colectividad.
El juego en la Unidad Nacional
¿Está el Partido de la U poniéndole palos a la rueda?
Como miembro del Partido Liberal lo que puedo decirle es que estamos siendo muy dispendiosos, muy diligentes, haciendo las cosas con mucho esmero para mejorar la agenda legislativa. Nosotros hemos tenido con las bancadas amigas del Partido de la U y del Partido Conservador discrepancias muy respetuosas en diferentes temas, como el del fuero en la reforma, pero esperamos tramitarlas de manera respetuosa y hacer causa común con ellos en otros frentes.
Con las diferencias que se han planteado, ¿Podemos hablar de fracturas en la Mesa de Unidad Nacional?
No creo. Yo creo que la Mesa de Unidad Nacional está basada en el diálogo. Precisamente somos partidos diferentes y por ende tenemos temas diferentes, por eso debemos ser respetuosos con las diferencias, pero todo dentro del marco de un compromiso con el país, y sacar adelante a Colombia en la que yo creo va a ser una década de mucho desarrollo.
Partido Liberal y las regalías
Usted ha propuesto que se suba el valor que pagan las empresas exploradoras de recursos mineros. ¿De cuánto sería ese aumento?
Es una propuesta del Partido Liberal en cuatro fases. En el año 2005 hubo una deducción que se creó por parte de la oficina jurídica de la DIAN para deducir del pago de impuestos el pago de regalías, eso ha llevado a una absurda situación donde hoy por hoy un asalariado paga 5,7% en tributos, mientras que una empresa minera paga sólo el 4%. No tiene sentido que la secretaria del presidente de una empresa minera pague más que la empresa. Pagan mucho, pero no pagan lo suficiente. Estamos pidiendo que se elimine la excepción, o la posibilidad de deducir el pago de regalías del impuesto de renta. Además, hay que sacar un nuevo código para luchar contra el fraude y la evasión en la liquidación de regalías.

lunes, 26 de marzo de 2012

El cuero del tigre



Por: Luis Carvajal Basto

¿Nos estamos asustando con el buen desempeño de la economía? Se empiezan a sentir los afectos de las altas tasas de interés.

La cifra de crecimiento del PIB, 5.9% en el año anterior superó, incluso, expectativas optimistas como las de Fedesarrollo, que en diciembre de 2010  vaticinó un 5.0.Pareciera que, luego de “caer” en 2009 al 1.7%, la economía toma un nuevo respiro y la pregunta que nos hacemos todos es hasta cuándo durará  y qué variables, a manera de políticas, pueden ayudar a que se mantenga y mejore y cuales, definitivamente, no.

El 5.9% es más importante si se considera que 2011 fue un año en que los Estados Unidos y la Unión Europea apenas crecieron un 1.7% y 1.5%, respectivamente y América Latina, en un año bueno, un 4.3%. La dinámica de nuestra economía es alentadora si se considera que en 2011 logramos, aun temporalmente, reducir a un dígito el desempleo, y la Balanza comercial continúa arrojando superávit.

Por otra parte el déficit fiscal en niveles del 4% del PIB, que añorarían países desarrollados quienes por muchos años nos impartieron lecciones de austeridad, tiende a reducirse y la meta de situarlo en niveles del 2% no parece un sueño si se consideran los éxitos conseguidos en materia de recaudos y las expectativas de la próxima reforma tributaria. De otro lado, el país avanza en el control de la inflación, consiguiendo metas que hace una década parecían imposibles.

Con un escenario así resulta razonable el optimismo de diferentes actores, tanto como inexplicable  no aprovechar decididamente las circunstancias internas e internacionales que le han hecho posible. ¿Tendremos temor de nuestro propio éxito?

El control de la inflación y la reducción del déficit fiscal no pueden considerarse una isla en el contexto de una economía internacionalizada, aun siendo determinantes como efectivamente son. El país requiere mantener un nivel de gasto público para garantizar crecimiento y empleo, faltando  bastante para que nos dejemos seducir por dogmas que reducen la capacidad de intervención de los gobiernos, como ocurre ahora en Europa, donde la penalización del déficit fiscal equivale a la renuncia, por parte del Estado y los gobiernos, a una de las herramientas que tienen para dinamizar la economía en épocas de vacas flacas. En Colombia, la inversión en serio, en infraestructura,  sigue siendo una asignatura pendiente.

Las medidas tendientes a controlar la inflación, que ha tomado el Banco de la República al incrementar sucesivamente las tasas de interés, con la excepción del pasado viernes, comienzan a producir efectos negativos en la economía a comienzos de este 2012.La producción industrial, por ejemplo, creció en enero(2.4%), pero menos que en 2011(6%);las ventas del comercio minorista aumentaron 4.9%, bastante  menos que el 12.1% del anterior enero; la producción del sector fabril aumentó 2.4 en tanto había crecido al 6.0%,Pero  la cifra más preocupante, sin duda, es la caída en las licencias de construcción, del orden del 15.0%, que , de mantenerse, tendrá efectos negativos en el empleo a lo largo del año.

Todo esto nos lleva a deliberar acerca de lo que es verdaderamente importante en un contexto francamente favorable. El efecto psicológico y económico del aumento de las tasas de interés, se está convirtiendo en un freno indeseable para el buen desempeño de la economía y sobre ello deberían reflexionar los miembros de la junta directiva del Banco de la República quienes, paralelamente, deben lidiar con el flujo de dólares que ello produce y sus consecuencias en la tasa de cambio.

Luego de décadas de frustrante desesperanza, Colombia comienza a ver luz al final de un largo túnel. No parece apropiado que nosotros mismos coloquemos talanqueras a nuestras posibilidades de crecimiento, ni siquiera por la amenaza, siempre latente, de un recalentamiento por comprobar. Queda la impresión de que una vez muerto el tigre, estamos asustados con su cuero.

lunes, 19 de marzo de 2012

El voto de la gasolina



Por: Luis Carvajal Basto

¿En un periodo de crisis fiscal de los gobiernos, será populista bajar el precio de la gasolina convertido ahora en un termómetro que, de paso, les mide la popularidad?

Con el petróleo por encima de 100 dólares, consecuencia de la inestabilidad política mundial, la ausencia de alternativas energéticas  y un consumo creciente en China, resulta complicado que los gobiernos asuman el impacto de la trepada de precios. A menos que esos altos precios determinen el fin de esos mismos gobiernos por su peso en el voto, como podría suceder en Estados Unidos y en Francia en un año de elecciones. Pero, la situación de Colombia es diferente.

Con el galón por encima de 4 dólares, más barato que en Colombia, los electores  norteamericanos comienzan a olvidar los resultados que el Presidente  empieza a obtener en la recuperación de su economía. Una encuesta realizada la semana anterior muestra que el 65% de ellos desaprueba la gestión del gobierno en los precios de los combustibles, coincidiendo con la caída en la intención de voto por Obama y situándole por debajo de su eventual competidor. Culpa de la gasolina.

En Francia, donde el precio por litro ronda los dos euros, las cosas no son diferentes. En un año electoral le quedará difícil al presidente Sarkozy sustraerse del impacto que la gasolina tendrá en las elecciones en que aspira a su reelección.

En Colombia, el precio del combustible  comienza a colocarse adelante en la agenda pública, convirtiéndose en un factor para evaluar la gestión del gobierno. Por primera vez parece tomar fuerza la iniciativa de cambiar la fórmula para conseguir bajar el precio unos mil pesos. ¿Será esto suficiente?

La situación fiscal de nuestro país es decididamente mejor que la de muchas naciones desarrolladas. Los tributos subieron un 24% con relación a 2010, bastante por encima del crecimiento de la economía, lo cual habla bien de la gestión del gobierno que ha considerado oportuno  aprovechar este buen momento para proponer una reforma estructural del régimen de impuestos y no solo alcabalera. Bienvenida la reforma y el freno a los avivatos. Nadie quiere un estado quebrado  que no pueda cumplir sus funciones. Pero ¿No es también un buen momento para devolver algo a los consumidores cambiando el sistema de precios e impuestos de la gasolina?

Si tenemos en cuenta que los impuestos, incluida la sobretasa, representan más del 30% del precio en la calle,  y bastante de ellos va a las entidades territoriales,  podríamos  hacer más eficientes los recursos públicos allí. La incorporación de un sistema de indicadores de eficiencia y lucha anti corrupción, en alcaldías y departamentos, par y paso con la transferencia de recursos, ayudaría.

La gasolina es un importante precio de referencia que incide en la fijación de otros. Su  impacto económico y psicológico es determinante en el estado de ánimo de la gente pero también en la inflación. Con un parque automotor que supera las cinco millones de unidades, se espera que ese mercado continúe creciendo. Aún tenemos menos vehículos por habitante  que Bolivia y no podemos seguir pensando que reducir el precio de la gasolina se trata de beneficiar a una élite, acomodándole toda clase de  impuestos y considerando, como único factor, la evolución del precio internacional. La gente espera de sus gobiernos el uso de herramientas efectivas que amortigüen esos “golpes”.

Colombia no se encuentra en un año electoral y ello habilita, en lugar de descalificar, al ejecutivo para desmontar un precio  de los combustibles que no se acomoda a las expectativas ni a los ingresos de los ciudadanos y  es francamente antipático, en el sentido político, y no politiquero, de la palabra. Ningún momento más oportuno que este para usar el probado ingenio de nuestro recaudador de impuestos en la búsqueda de fórmulas para colocarlo en un nivel más equitativo y acorde a nuestra realidad.

lunes, 12 de marzo de 2012

Caos en Bogotá



Por: Luis Carvajal Basto

Luego del desgreño con que ha sido administrada la ciudad en los últimos años, no resulta tan sorprendente la asonada del viernes.

A dos meses largos de su posesión Petro parece atrapado en su condición de dirigente opositor y animador de debates, mientras la ciudadanía espera y necesita que gobierne.
La crisis de Transmilenio ha puesto de presente la fragilidad política del gobierno distrital. Las afirmaciones del alcalde según las cuales los responsables del caos serían sus ex compañeros no le salvan ni disminuyen sus responsabilidades. A los ciudadanos que no participaron en las protestas, o sea la mayoría, les queda la sensación cierta de que el asunto se le está saliendo de las manos.
Su teoría según la cual gobiernos anteriores negociaron contratos de manera inadecuada con los transportadores, tampoco le exculpa: se esperaría de un gobernante eficiente una actitud proactiva frente a hechos que se veían venir. A estas alturas no puede andar “descubriendo” que hay intereses encontrados en el transporte público. Si las condiciones no le convienen a la ciudad, para eso están el ejercicio de la autoridad, los tribunales, el manejo político y la denuncia pública. El alcalde parece conforme con la última, seguramente pensando que produce réditos políticos. Mientras la gente esperaba soluciones para transportarse, Petro informaba por Twitter.
Varias actitudes del gobierno produjeron extrañeza: su ausencia notoria, como alcalde electo, durante las inundaciones de fines del 2011; sus vacilaciones y demoras al nombrar gabinete y los efectos de sus declaraciones sobre el futuro de las empresas de servicios. Un ejemplo de que una cosa es ganar elecciones y otra gobernar. La actuación del gobierno en esta crisis ha sido, cuando menos, errática.
Pero las debilidades del gobierno no nos permiten dejar de condenar la barbarie y saña con que atacaron los vándalos el mobiliario público que se paga con los impuestos de la gente. Los responsables deben ser castigados sin excusas. Una diferente mirada de la política, el gobierno o sus intereses económicos no autoriza a nadie para promover, servir de cómplice o aplaudir en silencio lo que ocurrió. Todo indica que sus autores no son tan espontáneos como anónimos.
Transmilenio se había convertido en el símbolo de un modelo exitoso de ciudad que comenzó en la administración Liberal de Jaime Castro, quien recuperó sus finanzas y permitió a los mandatarios posteriores ejercer gobernabilidad política, económica y administrativa. Con los articulados reemplazamos, en gran parte, la guerra del centavo y pudimos transportarnos de manera más rápida. Ha sido el primer hecho serio para promover el servicio público y transformar la cultura del transporte. Por fallas, controversias desajustes o ineficiencia, apenas naturales, la ciudad no puede retroceder.
El alcalde debería recordar que en medio de las crisis surgen oportunidades. Si hay asuntos para replantear ningún escenario será mejor que este, en el cual, sin embargo, no basta con hacer denuncias. Es el momento de establecer las condiciones que permitan dar un paso adelante en la construcción del sistema integrado de transporte y la fórmula no es otra que autoridad y búsqueda de consensos con todos los interesados. La parte que corresponde a uno y otro depende del tino del alcalde.
Las nuevas troncales y la obsolescencia de los buses actualmente en servicio se encuentran en el centro de discusión. Se requiere una inversión en nuevos vehículos que hacen suponer la ratificación de las condiciones negociadas o el establecimiento de unas nuevas. Por supuesto que ello implica un pulso en el que la administración debe proteger el interés ciudadano sin que ello suponga la cesación del sistema.
Las dos administraciones anteriores de Bogotá como la actual, fueron elegidas por una corriente de opinión de la cual han hecho parte quienes, según el alcalde, promovieron la asonada y los actos de vandalismo. A Petro corresponde gobernar y luego resolver las diferencias con sus ex copartidarios y amigos, responsables de lo que ocurre hoy en la ciudad.