Por: Luis Carvajal Basto
En términos prácticos, la caída de la Fiscal demuestra que se mantienen situaciones no resueltas en las relaciones entre los diferentes poderes. Mientras tanto, gobiernos y ciudadanos cargan con los “lastres” que genera este ya prolongado episodio de vacío e interinidad. Pocas veces estuvo tan claro que tenemos graves problemas de desarrollo institucional.
Nadie puede afirmar que lo ocurrido con la señora fiscal depende de lo que ha conocido el país acerca del pasado de su esposo, pero resulta bien difícil imaginar el actual desenlace si no compartiera su vida con él. En algún momento el mismo presidente señaló que desconocía esa realidad en el momento de ternarla.
Aunque la decisión del Consejo de Estado se refiera al incumplimiento de una formalidad, no se conocen muchos señalamientos acerca de que sus actuaciones se sustentaran en factores ajenos a las normas o que no se ajusten a derecho. Sin embargo, las denuncias públicas contra la fiscal encontraron eco en quienes se han visto afectados por ellas, es decir, quienes estuvieron en los gobiernos nacionales y distrital en los últimos años. Andrés Felipe Arias tanto como Samuel Moreno, por ejemplo. Al Uribismo puro y duro le parecía que la fiscalía, a nombre de quien sabe quien, le estaba aplicando el espejo retrovisor.
Un aspecto para tener en cuenta, a estas alturas, es el énfasis que medios y opinión han puesto en las participaciones de Lucio al lado de narcos y paras y los impedimentos éticos que tendría y tiene la fiscal por acompañarle. De parte de los defensores de la teoría del retrovisor, atención similar debería tener, por parte del ente acusador, la participación de muchos en el Caguan, aunque no sean parientes de la Fiscal.
La decisión del Consejo de Estado tiene unas profundas implicaciones políticas. De alguna manera reedita las diferencias entre las altas cortes, reviviendo el momento en que la Suprema devolvió al gobierno las ternas, con una gran diferencia: el gobierno actual al ternar nuevamente, estará fungiendo como “arbitro”, siendo, en realidad, damnificado, por cuenta de las responsabilidades que debe asumir en un escenario de parálisis o, por lo menos, incertidumbre de la debida y pertinente aplicación de Justicia.¿ Estará necesitando una reforma judicial un país en que el ente acusador completa tres años largos, prácticamente, en interinidad? Algo no funciona de manera debida.
A este punto, vale reflexionar en que para una democracia son tan importantes pesos y contrapesos como la coherencia, respeto y estabilidad de sus instituciones. El necesario equilibrio no puede ser sinónimo de anarquía, que es un poco lo que viene ocurriendo entre las diferentes ramas del poder.
Veamos, como ejemplo, las circunstancias en que se produce la selección, ahora anómala, de la fiscal: el reglamento de la corte debe modificarse por la ausencia de varios de sus miembros en un momento en que el país exigía cesar la interinidad; la corte debió elegir entre dos “males”, el menor. Una elección viciada o mantener la interinidad en el ente acusador. Difícil encontrar una prueba mejor de las distancias existentes entre el deber ser y la realidad, en la cual los seres humanos, y también las instituciones, deben existir y funcionar. Aunque la realidad no sea como a cada quien le parece que debería.
Pues eso mismo le está pasando a Colombia, enredada, como está, en los naturales desarrollos de la Constitución de 1991, que no la descalifican pero han dado lugar a desajustes como el que vivimos mientras el sistema, los roles y las diferentes ramas del poder encuentran alguna armonía y estabilidad que nos permita convivir y al Estado funcionar de manera más eficiente.
Porque entre tanto la cruda realidad, con sus necesidades, retos y problemas, existe. No se va de vacaciones ni espera interpretaciones. El Estado, ese que nos representa a todos y defiende los intereses comunes, no puede pasar indiferente como si estuviera aislado de la sociedad. Mientras tanto, los gobiernos tienen que actuar en un escenario en que la infraestructura legal e institucional es incierta, aumentando así el desequilibrio entre las diferentes ramas del poder, uno en que a los gobiernos les quedan responsabilidades y problemas. En situaciones de emergencia, como las que hemos vivido con tanta frecuencia, le resulta difícil animar discusiones sobre la teoría del equilibrio mientras debe responder a ellas. No puede decir “esperen un momentico”.
Lo que ha ocurrido con la señora Fiscal puede entenderse como una anécdota, apenas natural aun cuando indeseable, en medio de tanta incertidumbre y tantas, o más, presiones políticas. ¿Hasta cuándo durará esto? Rabos de paja se encuentran por todas partes, pero eso, al igual que los chismes, no merece ser objeto de un análisis objetivo de nuestro desarrollo institucional, ese lugar al cual, habitualmente, el morbo y los particulares intereses, no nos permiten mirar.
Aunque la decisión del Consejo de Estado se refiera al incumplimiento de una formalidad, no se conocen muchos señalamientos acerca de que sus actuaciones se sustentaran en factores ajenos a las normas o que no se ajusten a derecho. Sin embargo, las denuncias públicas contra la fiscal encontraron eco en quienes se han visto afectados por ellas, es decir, quienes estuvieron en los gobiernos nacionales y distrital en los últimos años. Andrés Felipe Arias tanto como Samuel Moreno, por ejemplo. Al Uribismo puro y duro le parecía que la fiscalía, a nombre de quien sabe quien, le estaba aplicando el espejo retrovisor.
Un aspecto para tener en cuenta, a estas alturas, es el énfasis que medios y opinión han puesto en las participaciones de Lucio al lado de narcos y paras y los impedimentos éticos que tendría y tiene la fiscal por acompañarle. De parte de los defensores de la teoría del retrovisor, atención similar debería tener, por parte del ente acusador, la participación de muchos en el Caguan, aunque no sean parientes de la Fiscal.
La decisión del Consejo de Estado tiene unas profundas implicaciones políticas. De alguna manera reedita las diferencias entre las altas cortes, reviviendo el momento en que la Suprema devolvió al gobierno las ternas, con una gran diferencia: el gobierno actual al ternar nuevamente, estará fungiendo como “arbitro”, siendo, en realidad, damnificado, por cuenta de las responsabilidades que debe asumir en un escenario de parálisis o, por lo menos, incertidumbre de la debida y pertinente aplicación de Justicia.¿ Estará necesitando una reforma judicial un país en que el ente acusador completa tres años largos, prácticamente, en interinidad? Algo no funciona de manera debida.
A este punto, vale reflexionar en que para una democracia son tan importantes pesos y contrapesos como la coherencia, respeto y estabilidad de sus instituciones. El necesario equilibrio no puede ser sinónimo de anarquía, que es un poco lo que viene ocurriendo entre las diferentes ramas del poder.
Veamos, como ejemplo, las circunstancias en que se produce la selección, ahora anómala, de la fiscal: el reglamento de la corte debe modificarse por la ausencia de varios de sus miembros en un momento en que el país exigía cesar la interinidad; la corte debió elegir entre dos “males”, el menor. Una elección viciada o mantener la interinidad en el ente acusador. Difícil encontrar una prueba mejor de las distancias existentes entre el deber ser y la realidad, en la cual los seres humanos, y también las instituciones, deben existir y funcionar. Aunque la realidad no sea como a cada quien le parece que debería.
Pues eso mismo le está pasando a Colombia, enredada, como está, en los naturales desarrollos de la Constitución de 1991, que no la descalifican pero han dado lugar a desajustes como el que vivimos mientras el sistema, los roles y las diferentes ramas del poder encuentran alguna armonía y estabilidad que nos permita convivir y al Estado funcionar de manera más eficiente.
Porque entre tanto la cruda realidad, con sus necesidades, retos y problemas, existe. No se va de vacaciones ni espera interpretaciones. El Estado, ese que nos representa a todos y defiende los intereses comunes, no puede pasar indiferente como si estuviera aislado de la sociedad. Mientras tanto, los gobiernos tienen que actuar en un escenario en que la infraestructura legal e institucional es incierta, aumentando así el desequilibrio entre las diferentes ramas del poder, uno en que a los gobiernos les quedan responsabilidades y problemas. En situaciones de emergencia, como las que hemos vivido con tanta frecuencia, le resulta difícil animar discusiones sobre la teoría del equilibrio mientras debe responder a ellas. No puede decir “esperen un momentico”.
Lo que ha ocurrido con la señora Fiscal puede entenderse como una anécdota, apenas natural aun cuando indeseable, en medio de tanta incertidumbre y tantas, o más, presiones políticas. ¿Hasta cuándo durará esto? Rabos de paja se encuentran por todas partes, pero eso, al igual que los chismes, no merece ser objeto de un análisis objetivo de nuestro desarrollo institucional, ese lugar al cual, habitualmente, el morbo y los particulares intereses, no nos permiten mirar.
Twitter: @herejesyluis
