lunes, 26 de marzo de 2012

El cuero del tigre



Por: Luis Carvajal Basto

¿Nos estamos asustando con el buen desempeño de la economía? Se empiezan a sentir los afectos de las altas tasas de interés.

La cifra de crecimiento del PIB, 5.9% en el año anterior superó, incluso, expectativas optimistas como las de Fedesarrollo, que en diciembre de 2010  vaticinó un 5.0.Pareciera que, luego de “caer” en 2009 al 1.7%, la economía toma un nuevo respiro y la pregunta que nos hacemos todos es hasta cuándo durará  y qué variables, a manera de políticas, pueden ayudar a que se mantenga y mejore y cuales, definitivamente, no.

El 5.9% es más importante si se considera que 2011 fue un año en que los Estados Unidos y la Unión Europea apenas crecieron un 1.7% y 1.5%, respectivamente y América Latina, en un año bueno, un 4.3%. La dinámica de nuestra economía es alentadora si se considera que en 2011 logramos, aun temporalmente, reducir a un dígito el desempleo, y la Balanza comercial continúa arrojando superávit.

Por otra parte el déficit fiscal en niveles del 4% del PIB, que añorarían países desarrollados quienes por muchos años nos impartieron lecciones de austeridad, tiende a reducirse y la meta de situarlo en niveles del 2% no parece un sueño si se consideran los éxitos conseguidos en materia de recaudos y las expectativas de la próxima reforma tributaria. De otro lado, el país avanza en el control de la inflación, consiguiendo metas que hace una década parecían imposibles.

Con un escenario así resulta razonable el optimismo de diferentes actores, tanto como inexplicable  no aprovechar decididamente las circunstancias internas e internacionales que le han hecho posible. ¿Tendremos temor de nuestro propio éxito?

El control de la inflación y la reducción del déficit fiscal no pueden considerarse una isla en el contexto de una economía internacionalizada, aun siendo determinantes como efectivamente son. El país requiere mantener un nivel de gasto público para garantizar crecimiento y empleo, faltando  bastante para que nos dejemos seducir por dogmas que reducen la capacidad de intervención de los gobiernos, como ocurre ahora en Europa, donde la penalización del déficit fiscal equivale a la renuncia, por parte del Estado y los gobiernos, a una de las herramientas que tienen para dinamizar la economía en épocas de vacas flacas. En Colombia, la inversión en serio, en infraestructura,  sigue siendo una asignatura pendiente.

Las medidas tendientes a controlar la inflación, que ha tomado el Banco de la República al incrementar sucesivamente las tasas de interés, con la excepción del pasado viernes, comienzan a producir efectos negativos en la economía a comienzos de este 2012.La producción industrial, por ejemplo, creció en enero(2.4%), pero menos que en 2011(6%);las ventas del comercio minorista aumentaron 4.9%, bastante  menos que el 12.1% del anterior enero; la producción del sector fabril aumentó 2.4 en tanto había crecido al 6.0%,Pero  la cifra más preocupante, sin duda, es la caída en las licencias de construcción, del orden del 15.0%, que , de mantenerse, tendrá efectos negativos en el empleo a lo largo del año.

Todo esto nos lleva a deliberar acerca de lo que es verdaderamente importante en un contexto francamente favorable. El efecto psicológico y económico del aumento de las tasas de interés, se está convirtiendo en un freno indeseable para el buen desempeño de la economía y sobre ello deberían reflexionar los miembros de la junta directiva del Banco de la República quienes, paralelamente, deben lidiar con el flujo de dólares que ello produce y sus consecuencias en la tasa de cambio.

Luego de décadas de frustrante desesperanza, Colombia comienza a ver luz al final de un largo túnel. No parece apropiado que nosotros mismos coloquemos talanqueras a nuestras posibilidades de crecimiento, ni siquiera por la amenaza, siempre latente, de un recalentamiento por comprobar. Queda la impresión de que una vez muerto el tigre, estamos asustados con su cuero.

lunes, 19 de marzo de 2012

El voto de la gasolina



Por: Luis Carvajal Basto

¿En un periodo de crisis fiscal de los gobiernos, será populista bajar el precio de la gasolina convertido ahora en un termómetro que, de paso, les mide la popularidad?

Con el petróleo por encima de 100 dólares, consecuencia de la inestabilidad política mundial, la ausencia de alternativas energéticas  y un consumo creciente en China, resulta complicado que los gobiernos asuman el impacto de la trepada de precios. A menos que esos altos precios determinen el fin de esos mismos gobiernos por su peso en el voto, como podría suceder en Estados Unidos y en Francia en un año de elecciones. Pero, la situación de Colombia es diferente.

Con el galón por encima de 4 dólares, más barato que en Colombia, los electores  norteamericanos comienzan a olvidar los resultados que el Presidente  empieza a obtener en la recuperación de su economía. Una encuesta realizada la semana anterior muestra que el 65% de ellos desaprueba la gestión del gobierno en los precios de los combustibles, coincidiendo con la caída en la intención de voto por Obama y situándole por debajo de su eventual competidor. Culpa de la gasolina.

En Francia, donde el precio por litro ronda los dos euros, las cosas no son diferentes. En un año electoral le quedará difícil al presidente Sarkozy sustraerse del impacto que la gasolina tendrá en las elecciones en que aspira a su reelección.

En Colombia, el precio del combustible  comienza a colocarse adelante en la agenda pública, convirtiéndose en un factor para evaluar la gestión del gobierno. Por primera vez parece tomar fuerza la iniciativa de cambiar la fórmula para conseguir bajar el precio unos mil pesos. ¿Será esto suficiente?

La situación fiscal de nuestro país es decididamente mejor que la de muchas naciones desarrolladas. Los tributos subieron un 24% con relación a 2010, bastante por encima del crecimiento de la economía, lo cual habla bien de la gestión del gobierno que ha considerado oportuno  aprovechar este buen momento para proponer una reforma estructural del régimen de impuestos y no solo alcabalera. Bienvenida la reforma y el freno a los avivatos. Nadie quiere un estado quebrado  que no pueda cumplir sus funciones. Pero ¿No es también un buen momento para devolver algo a los consumidores cambiando el sistema de precios e impuestos de la gasolina?

Si tenemos en cuenta que los impuestos, incluida la sobretasa, representan más del 30% del precio en la calle,  y bastante de ellos va a las entidades territoriales,  podríamos  hacer más eficientes los recursos públicos allí. La incorporación de un sistema de indicadores de eficiencia y lucha anti corrupción, en alcaldías y departamentos, par y paso con la transferencia de recursos, ayudaría.

La gasolina es un importante precio de referencia que incide en la fijación de otros. Su  impacto económico y psicológico es determinante en el estado de ánimo de la gente pero también en la inflación. Con un parque automotor que supera las cinco millones de unidades, se espera que ese mercado continúe creciendo. Aún tenemos menos vehículos por habitante  que Bolivia y no podemos seguir pensando que reducir el precio de la gasolina se trata de beneficiar a una élite, acomodándole toda clase de  impuestos y considerando, como único factor, la evolución del precio internacional. La gente espera de sus gobiernos el uso de herramientas efectivas que amortigüen esos “golpes”.

Colombia no se encuentra en un año electoral y ello habilita, en lugar de descalificar, al ejecutivo para desmontar un precio  de los combustibles que no se acomoda a las expectativas ni a los ingresos de los ciudadanos y  es francamente antipático, en el sentido político, y no politiquero, de la palabra. Ningún momento más oportuno que este para usar el probado ingenio de nuestro recaudador de impuestos en la búsqueda de fórmulas para colocarlo en un nivel más equitativo y acorde a nuestra realidad.

lunes, 12 de marzo de 2012

Caos en Bogotá



Por: Luis Carvajal Basto

Luego del desgreño con que ha sido administrada la ciudad en los últimos años, no resulta tan sorprendente la asonada del viernes.

A dos meses largos de su posesión Petro parece atrapado en su condición de dirigente opositor y animador de debates, mientras la ciudadanía espera y necesita que gobierne.
La crisis de Transmilenio ha puesto de presente la fragilidad política del gobierno distrital. Las afirmaciones del alcalde según las cuales los responsables del caos serían sus ex compañeros no le salvan ni disminuyen sus responsabilidades. A los ciudadanos que no participaron en las protestas, o sea la mayoría, les queda la sensación cierta de que el asunto se le está saliendo de las manos.
Su teoría según la cual gobiernos anteriores negociaron contratos de manera inadecuada con los transportadores, tampoco le exculpa: se esperaría de un gobernante eficiente una actitud proactiva frente a hechos que se veían venir. A estas alturas no puede andar “descubriendo” que hay intereses encontrados en el transporte público. Si las condiciones no le convienen a la ciudad, para eso están el ejercicio de la autoridad, los tribunales, el manejo político y la denuncia pública. El alcalde parece conforme con la última, seguramente pensando que produce réditos políticos. Mientras la gente esperaba soluciones para transportarse, Petro informaba por Twitter.
Varias actitudes del gobierno produjeron extrañeza: su ausencia notoria, como alcalde electo, durante las inundaciones de fines del 2011; sus vacilaciones y demoras al nombrar gabinete y los efectos de sus declaraciones sobre el futuro de las empresas de servicios. Un ejemplo de que una cosa es ganar elecciones y otra gobernar. La actuación del gobierno en esta crisis ha sido, cuando menos, errática.
Pero las debilidades del gobierno no nos permiten dejar de condenar la barbarie y saña con que atacaron los vándalos el mobiliario público que se paga con los impuestos de la gente. Los responsables deben ser castigados sin excusas. Una diferente mirada de la política, el gobierno o sus intereses económicos no autoriza a nadie para promover, servir de cómplice o aplaudir en silencio lo que ocurrió. Todo indica que sus autores no son tan espontáneos como anónimos.
Transmilenio se había convertido en el símbolo de un modelo exitoso de ciudad que comenzó en la administración Liberal de Jaime Castro, quien recuperó sus finanzas y permitió a los mandatarios posteriores ejercer gobernabilidad política, económica y administrativa. Con los articulados reemplazamos, en gran parte, la guerra del centavo y pudimos transportarnos de manera más rápida. Ha sido el primer hecho serio para promover el servicio público y transformar la cultura del transporte. Por fallas, controversias desajustes o ineficiencia, apenas naturales, la ciudad no puede retroceder.
El alcalde debería recordar que en medio de las crisis surgen oportunidades. Si hay asuntos para replantear ningún escenario será mejor que este, en el cual, sin embargo, no basta con hacer denuncias. Es el momento de establecer las condiciones que permitan dar un paso adelante en la construcción del sistema integrado de transporte y la fórmula no es otra que autoridad y búsqueda de consensos con todos los interesados. La parte que corresponde a uno y otro depende del tino del alcalde.
Las nuevas troncales y la obsolescencia de los buses actualmente en servicio se encuentran en el centro de discusión. Se requiere una inversión en nuevos vehículos que hacen suponer la ratificación de las condiciones negociadas o el establecimiento de unas nuevas. Por supuesto que ello implica un pulso en el que la administración debe proteger el interés ciudadano sin que ello suponga la cesación del sistema.
Las dos administraciones anteriores de Bogotá como la actual, fueron elegidas por una corriente de opinión de la cual han hecho parte quienes, según el alcalde, promovieron la asonada y los actos de vandalismo. A Petro corresponde gobernar y luego resolver las diferencias con sus ex copartidarios y amigos, responsables de lo que ocurre hoy en la ciudad.

lunes, 5 de marzo de 2012

¿Desequilibrio entre poderes?



Por: Luis Carvajal Basto

En términos prácticos, la caída de la Fiscal demuestra que se mantienen situaciones no resueltas en las relaciones entre los diferentes poderes. Mientras tanto, gobiernos y ciudadanos cargan con los “lastres” que genera este ya prolongado episodio de vacío e interinidad. Pocas veces estuvo tan claro que tenemos graves problemas de desarrollo institucional.

Nadie puede afirmar que lo ocurrido con la señora fiscal depende de lo que ha conocido el país acerca del pasado de su esposo, pero resulta bien difícil imaginar el actual desenlace si no compartiera su vida con él. En algún momento el mismo presidente señaló que desconocía esa realidad en el momento de ternarla.

Aunque la decisión del Consejo de Estado se refiera al incumplimiento de una formalidad, no se conocen muchos señalamientos  acerca de que sus actuaciones se  sustentaran en factores ajenos a las normas o que no se ajusten a derecho. Sin embargo, las denuncias públicas contra la fiscal encontraron eco en quienes se han visto afectados por ellas, es decir, quienes estuvieron en los gobiernos nacionales y distrital en los últimos años. Andrés Felipe Arias tanto como Samuel Moreno, por ejemplo. Al Uribismo puro y duro le parecía que la fiscalía, a nombre de quien sabe quien, le estaba aplicando el espejo retrovisor.

Un aspecto para tener en cuenta, a estas alturas, es el énfasis que medios y opinión han puesto en las participaciones de Lucio al lado de narcos y paras y los impedimentos éticos que tendría y tiene la fiscal por acompañarle. De parte de los defensores de la teoría del retrovisor, atención similar debería tener, por parte del ente acusador, la participación de muchos en el Caguan, aunque no sean parientes de la Fiscal.

La decisión del Consejo de Estado tiene unas profundas implicaciones políticas. De alguna manera reedita las diferencias entre las altas cortes, reviviendo el momento en que la Suprema  devolvió al gobierno las ternas, con una gran diferencia: el gobierno actual al ternar nuevamente, estará fungiendo como “arbitro”, siendo, en realidad, damnificado, por cuenta de las responsabilidades que debe asumir en un escenario de parálisis o, por lo menos, incertidumbre de la debida y pertinente aplicación de Justicia.¿ Estará necesitando una reforma judicial  un país en que el ente acusador completa tres años largos, prácticamente, en interinidad? Algo no funciona de manera debida.

A este punto, vale reflexionar en que para una democracia son tan importantes pesos y contrapesos como la coherencia, respeto y estabilidad de sus instituciones. El  necesario equilibrio no puede ser sinónimo de anarquía, que es un poco lo que viene ocurriendo entre las diferentes ramas del poder.

Veamos, como ejemplo, las circunstancias en que se produce la selección, ahora anómala, de la fiscal: el reglamento de la corte debe modificarse por la ausencia de varios de sus miembros en un momento en que el país exigía cesar la interinidad; la corte debió elegir entre dos “males”, el menor. Una elección viciada o mantener la interinidad en el ente acusador. Difícil encontrar una prueba mejor de las distancias existentes entre el deber ser y la realidad, en la cual los seres humanos, y también las instituciones, deben existir y funcionar. Aunque la realidad no sea como a cada quien le parece que debería.

Pues eso mismo le está pasando a Colombia, enredada, como está, en los  naturales desarrollos de la Constitución de 1991, que no la descalifican pero han dado lugar a desajustes como el que vivimos mientras el sistema, los roles y las diferentes ramas del poder encuentran alguna armonía y estabilidad que nos permita convivir y al Estado funcionar de manera más eficiente.

Porque entre tanto la  cruda realidad, con sus necesidades, retos y problemas, existe. No se va de vacaciones ni espera interpretaciones. El Estado, ese que nos representa a todos y defiende los intereses comunes, no puede pasar indiferente como si estuviera aislado de la sociedad. Mientras tanto, los gobiernos tienen que actuar en un escenario en que la infraestructura legal e institucional es incierta, aumentando así el desequilibrio entre las diferentes ramas del poder, uno en que a los gobiernos les quedan  responsabilidades y  problemas. En situaciones de emergencia, como las que hemos vivido con tanta frecuencia, le resulta difícil animar discusiones sobre la teoría del equilibrio mientras debe responder a ellas. No puede decir  “esperen un momentico”.

Lo que ha ocurrido con la señora Fiscal puede entenderse como una anécdota, apenas natural aun cuando indeseable, en medio de tanta incertidumbre y tantas, o más, presiones políticas. ¿Hasta cuándo durará esto? Rabos de paja se encuentran por todas partes, pero eso, al igual que los chismes, no merece ser objeto de un análisis objetivo de nuestro desarrollo institucional, ese lugar al cual, habitualmente, el morbo y los particulares intereses, no nos permiten mirar.
Twitter: @herejesyluis