Bogotá y el nuevo alcalde
Por: Luis Carvajal Basto
Podríamos recordar ahora, sin los apasionamientos propios de la competencia electoral, que se trata es de administrar una inmensa ciudad y no de hacer discursos.
Gustavo Petro llega a la alcaldía en un momento crítico de su administración, atribuible no solo a los escándalos de corrupción conocidos y a los que falta por conocer, sino a la obsolescencia de su marco legal y de gestión: el estatuto orgánico, expedido por el presidente Gaviria en la administración de Jaime Castro, está por cumplir 20 años, periodo en que su presupuesto pero también sus problemas se multiplicaron.
Con esa norma, que otorgó rango Constitucional a la administración de la ciudad y definió su especificidad territorial, se hicieron cosas importantes para facilitar su gobierno, estabilizar sus finanzas, reglar sus relaciones con la nación y hasta recoger sus basuras dando un estatus firme a la descentralización y a la participación ciudadana en la gestión pública, a través de veedurías, presupuesto y competencias a las localidades.
Entonces Bogotá era una ciudad que comenzaba a salir de una crisis diferente a la de hoy: recordemos que un número importante de concejales y el mismo alcalde se encontraban en la cárcel y sus finanzas eran un desastre. Estaba arrancando apenas el auto avalúo que partió en dos, para mejorar, la historia de nuestra hacienda pública. Después de ello, la ciudad tuvo recursos y los bogotanos se acostumbraron a pagar impuestos.
Hoy, se puede afirmar que el estatuto orgánico cumplió su cometido para superar ese difícil momento pero se quedó corto ante las necesidades de la ciudad y las nuevas formas de corrupción. También son preocupantes el estancamiento de una descentralización inconclusa y la escasa participación de la ciudadanía en la gestión pública, en forma de muchísimas actividades que pueden desarrollar las comunidades organizadas, y en su control, a manera de efectivas veedurías ciudadanas.
Los anteriores no son asuntos ideológicos sino de administración ¿Alguien cree todavía que la ciudad se puede seguir gobernando, exclusivamente, desde el palacio Lievano? Ni siquiera el IDU está en capacidad de hacer seguimiento a sus obras, de manera eficiente, con el actual esquema. Otro tanto ocurre con inmensos recursos, que podrían potenciarse administrándolos mejor, y con un control independiente y eficiente, luego de dos contralores destituidos y un personero que, en lugar de defender a los ciudadanos, pasa agachado y ha debido buscar quien le defienda.
Pero también tenemos las circunstancias políticas que dicen que Petro ganó con apenas el 32% de los votos, en una ciudad en que la participación estuvo un 8% por debajo del promedio nacional, y sus progresistas serán minoría en un concejo en que el voto en blanco obtuvo el 18% de los sufragios obtenidos por todos los concejales. 300.000 electores no encontraron en el abanico quien les representara. Hereda el alcalde un patrimonio negativo en el balance político de las fuerzas de “izquierda” y no acredita experiencia en asuntos de gobierno, un espacio diferente al legislativo y a ganar elecciones.
La primera tarea del nuevo alcalde es consolidar la legitimidad política de su victoria y la segunda, ocuparse de conformar un equipo con credibilidad y una coalición mayoritaria antes que lo haga una oposición que aun no le aparece. Esos serán sus primeros problemas de gobierno. La elección de personero y contralor serán una prueba en que, además, conoceremos su verdadero talante.
Pero si le queda tiempo, el factor más escaso en los gobiernos democráticos, con termino fijo y conteo regresivo, se esperaría que el nuevo alcalde se ocupe de los asuntos estructurales de administración en la ciudad y lidere, con el apoyo del gobierno nacional, una actualización de su estatuto orgánico que no puede ir sino en la dirección de desarrollar la descentralización y participación de la gente, tal como lo ordena nuestra Constitución, sin que se cumpla. Claro qué, por otra parte, es la única forma de que esta metrópoli funcione.
Entonces Bogotá era una ciudad que comenzaba a salir de una crisis diferente a la de hoy: recordemos que un número importante de concejales y el mismo alcalde se encontraban en la cárcel y sus finanzas eran un desastre. Estaba arrancando apenas el auto avalúo que partió en dos, para mejorar, la historia de nuestra hacienda pública. Después de ello, la ciudad tuvo recursos y los bogotanos se acostumbraron a pagar impuestos.
Hoy, se puede afirmar que el estatuto orgánico cumplió su cometido para superar ese difícil momento pero se quedó corto ante las necesidades de la ciudad y las nuevas formas de corrupción. También son preocupantes el estancamiento de una descentralización inconclusa y la escasa participación de la ciudadanía en la gestión pública, en forma de muchísimas actividades que pueden desarrollar las comunidades organizadas, y en su control, a manera de efectivas veedurías ciudadanas.
Los anteriores no son asuntos ideológicos sino de administración ¿Alguien cree todavía que la ciudad se puede seguir gobernando, exclusivamente, desde el palacio Lievano? Ni siquiera el IDU está en capacidad de hacer seguimiento a sus obras, de manera eficiente, con el actual esquema. Otro tanto ocurre con inmensos recursos, que podrían potenciarse administrándolos mejor, y con un control independiente y eficiente, luego de dos contralores destituidos y un personero que, en lugar de defender a los ciudadanos, pasa agachado y ha debido buscar quien le defienda.
Pero también tenemos las circunstancias políticas que dicen que Petro ganó con apenas el 32% de los votos, en una ciudad en que la participación estuvo un 8% por debajo del promedio nacional, y sus progresistas serán minoría en un concejo en que el voto en blanco obtuvo el 18% de los sufragios obtenidos por todos los concejales. 300.000 electores no encontraron en el abanico quien les representara. Hereda el alcalde un patrimonio negativo en el balance político de las fuerzas de “izquierda” y no acredita experiencia en asuntos de gobierno, un espacio diferente al legislativo y a ganar elecciones.
La primera tarea del nuevo alcalde es consolidar la legitimidad política de su victoria y la segunda, ocuparse de conformar un equipo con credibilidad y una coalición mayoritaria antes que lo haga una oposición que aun no le aparece. Esos serán sus primeros problemas de gobierno. La elección de personero y contralor serán una prueba en que, además, conoceremos su verdadero talante.
Pero si le queda tiempo, el factor más escaso en los gobiernos democráticos, con termino fijo y conteo regresivo, se esperaría que el nuevo alcalde se ocupe de los asuntos estructurales de administración en la ciudad y lidere, con el apoyo del gobierno nacional, una actualización de su estatuto orgánico que no puede ir sino en la dirección de desarrollar la descentralización y participación de la gente, tal como lo ordena nuestra Constitución, sin que se cumpla. Claro qué, por otra parte, es la única forma de que esta metrópoli funcione.
