Por: Luis Carvajal Basto
Luis Eduardo Garzón llegó a la Alcaldía en representación del Polo democrático. El apoyo de un sector del Liberalismo oficial de entonces fue decisivo para que ganara en una reñida elección frente a Juan Lozano, quien aun no estaba en la U y contaba con el respaldo del hoy Ministro de gobierno Germán Vargas.
Se trataba de la primera vez que ese partido llegaba a la Alcaldía de la ciudad más importante del país. Una inmensa responsabilidad para un movimiento, entonces en ascenso, que alcanzó luego con Carlos Gaviria la segunda mayor votación en las Presidenciales, casi dos y medio millones de votos.
Garzón fue acusado de paralizar en su periodo los proyectos de transporte masivo y mantener estático un esquema obsoleto que no convenía a la ciudad ni a los transportadores. Diferentes estudios demostraron que circulaban más de diez mil buses vacios. En algún momento el exmagistrado Carlos Gaviria, entonces su copartidario, reconoció haber recibido apoyos para su campaña presidencial de los mismos transportadores.
Pero fue solo en las últimas horas de su gobierno que el Idu, con una directora nombrada por Garzón quien fue su jefe hasta el último minuto, aprobó los contratos de la fase tres de Transmilenio por un valor de 1.18 billones de pesos. Los mismos que han salido a la luz pública con el escándalo del carrusel de la contratación.
El exalcalde ha dicho que esos contratos no llevan su firma, lo cual no disminuye su responsabilidad. Por el contrario, nos recuerda que muchas entidades del Distrito dejaron contratados millonarios recursos que endosaron a la administración sobreviniente. “Rasparon la olla”, se dijo en su momento. ¿Cada secretario lo haría por su cuenta?¿Reinaba el caos?¿No se convocaban en esa administración consejos de gobierno?¿el Alcalde era solo una figura decorativa o solo lo fue en las últimas horas de su mandato y luego perdió la memoria o , de verdad, no se enteró?
Garzón se ha preocupado de salir en diferentes medios a contar una verdad a medias. La frase “el alcalde no firma”, es diferente a expresar que no sabía de esos contratos, de la falta de estudios etc.
Pero en su caso existe un agravante que exige a los organismos de control y a la opinión emplearse a fondo al escrutar los actos de su gobierno: Quien fuera su contralor y antes de ello gerente de sus campañas políticas fue sancionado por la procuraduría, destituido de su cargo e inhabilitado por quince años para desempeñar cargos públicos por encontrársele un incremento patrimonial que no pudo explicar. Para cualquiera con sentido común, su periodo como contralor y el del gobierno Garzón, su auditado y amigo, quedó en entredicho.
El argumento según el cual no existían impedimentos legales, antes o después de la sanción al entonces contralor, no aplica. Éticos y morales, ante el silencio del exalcalde, todos.
Aun por determinar sus responsabilidades en el carrusel vale preguntarse:¿Sí el incremento patrimonial del contralor de entonces estuvo relacionado con su cargo, por lo cual fue destituido, cómo puede salir indemne el entonces Alcalde?¿Será suficiente su afirmación según la cual los Alcaldes no firman?¿Continuará con que no escuchan ni ven?
