Señor Bastenier: no tan de prisa

Por: Luis Carvajal Basto

La manera light como un analista de la talla de Bastenier mira a Colombia, sólo puede explicarse por el desconocimiento de una realidad compleja.

Pero no le pasa solo a él. Es la misma de sectores de la oposición que piensan con el deseo. Vale la pena ver los resultados electorales que invoca como argumento.

Decimos en Colombia que los médicos también se mueren y que al mejor panadero se le quema el pan. Pues eso parece ocurrirle a este querido y más leído columnista y compatriota, en su análisis de nuestra coyuntura política.

El argumento de fondo en su artículo “Colombia no se mira en el espejo” son las diferencias entre su forma de observar la realidad y la de la opinión, que cada vez que se expresa marcha en sentido contrario. No atiende consejos, autorizados como el suyo o interesados, que los hay.

Pero de allí a comparar, aunque sea de manera subliminal, nuestro sistema político con una dictadura existe un trecho inmenso.

Es cierto que la reelección no se la esperaba ni el mismo Uribe y que el nuestro es un sistema presidencialista, pero los poderes operan con independencia y los medios, como la opinión pública, se expresan Libremente, a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes. Tenemos problemas gravísimos y entre ellos el impacto del narcotráfico y las mafias en la política y en todo puede ser el peor, pero errores de gestión y probable mala fe de funcionarios, como en el caso de los subsidios al agro, chapucerías, como la de los promotores del referendo o baja (¿) participación, no explican un señalamiento tan fuera de lugar y contexto, viniendo de donde viene.

¿Qué hubiera ocurrido si arropado en su popularidad y en delitos cometidos por congresistas, Uribe promueve el cierre del Congreso como muchos lo pidieron, por ejemplo? En cambio, la Justicia pudo actuar y lo hace, creemos los colombianos de manera objetiva, aunque algunas intervenciones de las altas cortes no coincidan con el presidente y parezcan más políticas que jurídicas.

Algo similar ocurre con los medios. Aquí no se cierran ni se revocan licencias como ocurre en Venezuela, por ejemplo. Recientemente se ha abierto la posibilidad de un tercer canal nacional y como es natural existen diferentes intereses que se juegan a fondo para conseguirlo. Piensan diferente procuraduría y concejo de Estado (¿dónde está el unanimismo?) y lo menos que se puede reconocer es que el gobierno ha actuado con transparencia, haciendo públicas y consultando cada una de sus decisiones. Otra cosa es la realidad de un mercado deprimido por la crisis, afectado por la influencia de la televisión por cable y la llegada, no suficientemente reglada, de televisión por internet, generando exceso de oferta.

Pero en lo que se equivoca a fondo don Miguel Ángel, es en el señalamiento de la baja participación electoral como argumento para deslegitimar el régimen político. Sin estímulos al voto y sin que sea obligatorio, no está lejos de la de Estados Unidos (54%) o Suiza (53%) sin que estas se puedan calificar de dictaduras, como no lo son los gobiernos de Cataluña o el País Vasco, porque sus ciudadanos participan menos que la media de los españoles.

El argumento según el cual solo el 15% de la población participa es francamente rebuscado. Si ello es así ¿de dónde saca que su admirado Carlos Gaviria obtuvo en las pasadas Presidenciales “el 22% de los sufragios, … la más alta votación de todos los tiempos” (De la izquierda)?Yo le digo: mide con distinta vara. El cálculo de sus “amigos” lo hace sobre el censo electoral de ese momento, 26.7 millones de votos, mientras el de la participación electoral, sobre el total de la población colombiana, 45 millones.

Por cierto, siguiendo ese cálculo, en las recientes consultas Gaviria y Petro sumados solo alcanzan el 1% de la población, razón más que suficiente para invitar a nuestro buen Bastenier a escribir otra columna y explicarnos las razones de tal suceso, de manera más fundamentada y escrita, ojalá, con menos prisa.

• Luis Carvajal Basto

¿Está verde el nuevo partido?

Por: Luis Carvajal Basto

No resulta convincente afirmar que existe una crisis de los Partidos en todo el mundo o que los actuales en Colombia no resuelven las demandas de la población, para justificar aspiraciones personales de tres ex alcaldes que poco tienen en común.

La aparición de nuevos Partidos debe ser siempre bienvenida .Es una manera de confirmar las reglas que robustecen el sistema político. En este caso, la apuesta es novedosa en cuanto el objetivo electoral a que apuntan es el voto de opinión de las ciudades, utilizando los créditos de imagen que puedan tener Peñalosa, Mockus y Garzón.

Más allá de alcanzar unidos el umbral y una presencia importante en el Congreso, parecen también claras las ambiciones de tres políticos, preocupados por no parecerlo, que no encontraron cabida en otras organizaciones. Peñalosa para repetir alcaldía y sus colegas, candidatura a la presidencia.

Pero, aparte de eso, vale preguntarse si perdurará un Partido con principios programáticos y políticos poco concretos, dada las diferencias en las ejecutorias y trayectorias de los tres.

Para empezar, la gente suele creer que fueron los autores de la transformación de Bogotá, lo cual es una leyenda urbana. En realidad, El “Milagro” en la capital empezó con Jaime Castro y el decreto 1421 que reorganizó administrativa y políticamente la ciudad, sacó a los concejales de las juntas directivas de las empresas y puso fin a esas formas de cogobierno y corrupción. También fue la administración Castro la que reorganizó las finanzas de la ciudad y dejó sentadas las bases de la descentralización.

Por cierto, ninguno de los tres culminó ese proceso que, atendiendo el mandato de la Constitución, quiso acercar la administración a los ciudadanos, generando nuevas formas de participación que incluían la ejecución y el control del presupuesto por parte de organizaciones ciudadanas, de vecinos etc. y las mismas Juntas Administradoras Locales.

Son indudables los logros de Peñalosa en materia de transporte o los de Mockus al identificar aspectos culturales en la transformación de la ciudad, pero no puede decirse lo mismo de Garzón quien como candidato prometió no grabar a los ciudadanos con más impuestos y al final se le contabilizaron ocho nuevos tributos; convirtió la actualización de los avalúos en una pesadilla en que la ciudad perdió millones y en cuya administración la movilidad se inmovilizó por cuenta de los intereses de transportadores que financiaron su campaña, según lo reconoció en su momento el mismo Carlos Gaviria.

En cuanto a principios, cuesta entender las aproximaciones que puedan existir entre un Peñalosa pragmático y amigo de la privatización, un Garzón populista y antes (¿) comunista, y entre los dos y un matemático experto en semiótica e imagen, dedicado a la gestión pública, aquella que se dedica fundamentalmente a resolver problemas no estructurados, es decir, no susceptibles de ser modelados matemáticamente.

Desde el punto de vista político, debemos esperar los resultados de esta coincidencia que ha unido a un Mockus antes aliado de Nohemí Sanín y un Peñalosa que se ha jugado por una independencia que le permite entrar y salir del Liberalismo a conveniencia, con un Garzón que se retiró del Polo para no competir con Carlos Gaviria. Es posible que reclamen en su momento un espacio en una eventual coalición anti Uribista o esperen un poco a ver qué pasa con la reelección, lo que justificaría su actual “centro”. Sus antecedentes permiten esperar cualquier cosa.

La apuesta del Partido Verde trata de representar sectores urbanos que buscan nuevas formas de expresión política. Sin embargo queda la duda de lo que tendrá para proponer a los sectores no urbanos fuertemente impactados por las consecuencias del narcotráfico y necesidades bien diferentes a las de movilidad y cultura en que parecen expertos Peñalosa y Mockus.

Pero la pregunta de fondo es: ¿Hasta dónde aguantaran unidos estos egos tan grandes que no caben en ningún Partido? Y, por otra parte ¿seguirá verde, qué lo está, o madurará hasta pasarse prematuramente? Amanecerá y veremos.

Oposición judicial a la voluntad popular en Colombia?

Por: Luis Carvajal Basto

Los resultados de las consultas del pasado 27, así como los de la encuesta publicada el 2 de Octubre, explican por qué, a falta de votos, quienes quieren reemplazar a Uribe concentran su estrategia en impedimentos e interpretaciones de la Constitución y la Ley. ¿Es una forma de hacer “trampa” a la voluntad popular?

Si la política se hiciera con el deseo y no con la opinión, tendríamos muchos Presidentes simultáneamente. O guerras. En Democracia, los conflictos de intereses se saldan con la decisión de las mayorías: la soberanía popular.

No tenemos antecedentes de una segunda reelección, pero tampoco se había observado tanta pobreza de propuestas e ideas en un debate Presidencial. La razón es más bien simple: sectores de la oposición consideran que su voluntad es suficiente para que Uribe no se Presente, aunque las mayorías piensen otra cosa, sin que medie una propuesta o candidato que les convenzan que van a vivir mejor.

Los resultados de las consultas son abrumadores, sobre todo para quienes argumentan que las encuestas en que pierden son manipuladas. Participó tan solo el 5%del censo electoral. Tratándose de una consulta en que definía intereses solo la oposición, no faltaron quienes solicitaron que a un costo tan alto, 57000 millones, los partidos busquen formas menos costosas de resolver sus diferencias internas.

Al votarse en completa Libertad nadie puede argumentar que lo de Colombia es una dictadura. Ni siquiera Petro, quien descalificó en el pasado nuestra democracia en diferentes foros internacionales y ahora resulta “favorecido” al ganar la disputa en su partido. La moderación de sus cuestionamientos a la Seguridad democrática le concedió votos de opinión que no tenía.

En el Liberalismo oficial, son pocas las cosas que se pueden concluir: Que quienes creían que una votación tan baja como la de Serpa en 2006 no podría empeorar se equivocaron; que el regionalismo paisa es superior al costeño (Aníbal Gaviria obtuvo el 50% de sus votos allí mientras Cecilia López no pudo hacer lo mismo en la costa) y que el partido oficial sigue equivocado en su interpretación del país y peleado con la opinión. Nada nuevo.

Olvidaron los actuales dirigentes Liberales que el uso de la autoridad para garantizar la Libertades es, en su origen, esencialmente democrático y que en los albores del Liberalismo Colombiano fue Bolívar, uno de los fundadores del partido Liberal y no del Conservador como habitualmente se dice, quien enarboló esa bandera. Centró, como el polo, su estrategia en denostar de Uribe y en lugar de “conquistar” el favor de la opinión se dedicó a buscar argumentos jurídicos para impedir otra reelección. Frente al país, nada que mereciera reconocimiento de la ciudadanía.

Como complemento de las consultas la encuesta de Napoleón Franco mantiene la línea de otras: Uribe con un 63% sería el candidato más votado. Las novedades son que ahora le sigue Petro, con un 8%; que empieza a desaparecer el ambivalente Fajardo y que quienes se consideran Liberales apoyan con un 62% el referendo, lo cual explica de paso el fracaso en la consulta y la estrategia del Partido.

El gran ganador de la encuesta y de las consultas es Uribe y debería darse, por fin, en el Liberalismo un debate a fondo sobre lo ocurrido. La política de distanciar y excluir a quienes piensan distinto, iniciada en la dirección de Horacio Serpa, debe dar paso a una en que se exprese el Liberalismo de a pie, el que no votó el 27.

Es de esperar que la Corte Constitucional, al hacer un balance de los asuntos de forma y fondo del referendo que solicitaron millones de colombianos, tenga en cuenta los resultados de estas consultas y encuestas, termómetros insustituibles de la realidad política.

El tamaño de la oposición

Por: Luis Carvajal Basto

Se definirán este domingo la magnitud real de la oposición y la situación interna de dos partidos.

A falta de una encuesta en profundidad, no existen elementos de análisis que permitan prever lo que puede ocurrir este domingo en relación a los candidatos que obtendrían mayorías. Ello no quiere decir que las consultas pierdan importancia.

El Liberalismo y el Polo no han transmitido un discurso programático y han hecho girar sus campañas y cuñas en uno anti reelección. Es decir, por voluntad propia, han convertido las consultas en un termómetro frente a una nueva reelección.

El clima político se va a medir teniendo en cuenta los niveles de participación y las preferencias por candidatos. Para ello son fundamentales los antecedentes que le colocan retos al Partido Liberal y al Polo. Para el movimiento Mira, en cambio, todo va a ser ganancia.

El Liberalismo oficial tiene el reto de superar resultados de anteriores consultas. La que ratificó los estatutos en el 2000, 2500.000 votos y la de las presidenciales anteriores, 2.460.000.Si se tiene en cuenta que el censo electoral es ahora de 29.000.000, una votación “aceptable” debería ser al menos del orden de 2.900.000, sumados los diferentes candidatos.

Debe tenerse en cuenta que el transfuguismo hizo arribar al partido Liberal muchos concejales, que los cuerpos locales se juegan este domingo, que bastantes Conservadores participarán, por la cercanía histórica del candidato Pardo con ese partido, lo que haría prever una votación aún mayor; lo contrario, significaría una derrota que podría ocasionar un relevo en el congreso de final de año.

Ya se escuchan voces que cuestionan y deslegitiman, por anticipado, los resultados si son inferiores a las expectativas, como el pre candidato Alfonso López, quien dijo que si el ganador no saca una ventaja contundente no se le debe entregar la dirección del partido.

El Polo, por su parte, tiene el reto de superar los resultados de 2005 cuando obtuvo 1090000 votos. Está claro que los 2600.000 de Carlos Gaviria en las presidenciales recogieron mucho de sectores tradicionalmente Liberales que consideraron “inútil” votar por Serpa. ¿Se repetirá este domingo? No parece probable.

Por el contrario, parece seguro que en ese partido se definirá el pulso entre la “izquierda” tradicional de Gaviria y la de “opinión”, ahora encarnada por Petro.¿ Apoyará este a Gaviria si pierde? O se irá con los trillizos, adonde su amigo Lucho? Mucho dependerá del volumen de votación y de las diferencias.

Las consultas definirán también quien tiene hoy más votos en la oposición, entre el Liberalismo oficial y el Polo. Esto será importante en la conformación de las alianzas para enfrentar al Presidente Uribe, si es candidato, o al de la actual coalición. Vale decir que la llegada de Nohemí Sanín al Conservatismo, con una clara agenda anti reelección, hace factible una próxima ruptura en ese partido.

Estas consultas se realizan en un ambiente político poco claro, por la incertidumbre en la participación en las presidenciales de quien es sin duda el mayor elector: Álvaro Uribe. A pesar de ello servirán también para establecer, junto con el volumen real de la oposición, si la conducta de los electores se asimila al comportamiento mediático, en el cual el Liberalismo oficial parece sacar ventaja sobre el Polo en los últimos meses.

Posdata: Al tiempo que conservadores participaran en la consulta Liberal, muchos Liberales lo haremos en Blanco o no votaremos. La “abjuración” “anti” que debieron hacer los precandidatos es una forma de poner cortapisas a la Libertad, esencia y razón de ser de nuestro partido.

El “partido” de la Corte

Por: Luis Carvajal Basto

La devolución de la terna es un veto y otro “desafío” al fuero Presidencial. La Corte ha tomado una clara postura política, afectando la gobernabilidad y no solo la Justicia. Es una acción reservada a los partidos.

Si llamáramos en Colombia las cosas por su nombre, hace rato la Corte Suprema ha debido reconocer que un roce normal entre las ramas del poder se ha convertido en una posición de principios, con solidaridad de cuerpo incluida, en el ejercicio de la oposición.

La conducta del gobierno, la del Congreso y la de la misma Corte, es diferente a la de sus funcionarios si se trata de mantener o simplemente evaluar el desempeño de las Instituciones. Nadie objeta la acción de la corporación para juzgar y condenar personas que infringen la Ley, con ropaje de congresistas, funcionarios etc.

La devolución de la terna mantiene la interinidad en la Fiscalía y coloca el punto más alto en esta pugna en que ha elegido como contradictores al Gobierno y al Congreso. Debe tenerse en cuenta que el sistema que se cuestiona, sin decirlo, es el mismo que ha permitido elegir todas las altas cortes, incluida la Suprema; el que establece la Constitución. Para este caso, el artículo249 instituye que la elaboración de la terna es una función restringida al Presidente.

¿Qué quiere decir la Corte al devolverla? ¿Está descalificando a los candidatos o entrometiéndose en una esfera reservada al ejecutivo? O, dilatando el proceso al que está obligada expresamente? En términos reales es así y la de dilatar también es una actitud más propia de políticos que de jueces. Es, por cierto, la misma estrategia que la oposición ha asumido en el congreso frente al referendo.

La postulación por parte del ejecutivo que establece la Constitución no es caprichosa y tiene que ver con la armonía que debe existir entre los poderes ejecutivo y judicial, para que la capacidad de acusar y juzgar no dé lugar a exclusivos monopolios ni se distorsione el necesario equilibrio que muchas veces se invoca.

Probablemente sin proponérselo, la Corte Suprema está dando la razón a las voces que se escuchan desde el congreso solicitando otra instancia para el juzgamiento de sus miembros. Se está deslegitimando a sí misma. La interferencia en la elección de fiscal, sin que existan impedimentos legales observables, es intervención política.

Y ese no es el espíritu de la Constitución, ni siquiera el de una versión exegética de esta, lo cual nos llevará por el camino de buscar la conciliación de este tipo de interpretaciones, cargadas de ideologías e intereses, es decir políticas, en la Corte Constitucional que tendrá más trabajo añadido al de resolver la Constitucionalidad del referendo ¿y mientras tanto?

Esta “movida” deja en evidencia que algunos miembros de las altas cortes “coquetean” con el mundo político. Es el caso de ex magistrados como Carlos Gaviria o José Gregorio Hernández que han dejado esa huella en su ejercicio como jueces. Es de esperar que la Corte Suprema reflexione, que conductas o aspiraciones individuales no alteren el desempeño de un cuerpo que además de honorable, que lo es, debe ser imparcial y apolítico y no solo serlo sino parecerlo. Lo contrario ratificaría que la política ha cambiado tanto que ahora se ejerce desde “el partido de la Corte”.

¿Estado sin opinión?

Por: Luis Carvajal Basto

Es una dicotomía falsa contrastar el concepto de Estado de opinión con el de Estado de Derecho. Tampoco se puede gobernar o acceder al gobierno (hacer política) desconociendo a la opinión pública.

La opinión, producto de una sociedad informada, es el coco de los dictadores en las sociedades contemporáneas. Su proceso de formación, siendo complejo, reconoce a la ciudadanía la capacidad de tener criterios, sentimientos o emociones sobre diferentes asuntos, cosa que no gusta a quienes creen conocer de antemano lo que piensan y quieren las personas.

Sin que la Ciencia Política tenga los niveles de precisión de las exactas, dispone de Herramientas que le van permitiendo aproximarse cada vez mejor a las “verdades” de los sujetos y objetos que estudia. Una muy usada, las encuestas, no para “predecir”, sí para “medir”.

Esto, porque una encuesta bien realizada está desde hace bastante fuera de discusión. No se puede gobernar con base en encuestas, pero tampoco se aconseja hacerlo, aunque se puede, sin ellas.

El Estado de opinión no es una forma de organización de la sociedad diferente al de derecho. Es uno que toma en cuenta el sentir de la ciudadanía como insumo para sus decisiones y “medir” el éxito o fracaso de sus políticas públicas. Todo esto en el marco de las Leyes, pero sin desconocer el sentir ciudadano y su voluntad, a veces cambiante.

Reyes y dictadores gobernaron sin tener en cuenta a la opinión. La democracia, basada en ella, permite que los ciudadanos escojan entre diferentes proyectos de gobierno. Resulta elemental conocer las reglas que determinan su formación para acceder al gobierno.¿ A alguien se le puede ocurrir que para gobernar no?

Los formadores de opinión son fundamentales en democracia, en cuanto expresan diferentes formas de interpretar los asuntos de interés público. Pero eso es diferente a que sus opiniones sean acatadas. Es algo similar a lo que ocurre con los medios.

Estudios realizados en diferentes lugares del mundo (también nuestra Constitución), adjudican a estos (incluida la red) las funciones de formar, informar y recrear, limitando su papel a establecer una agenda de temas que se presenta a la opinión pero que también la interpreta.

Para decirlo de manera sencilla su alcance llega hasta a decir “en que” pero no “que” pensar. Debe tenerse en cuenta que opiniones y medios no son el factor exclusivo ni determinante en las decisiones electorales de las personas. Apenas uno más. La pregunta de la revista Cambio en su última edición, acerca del divorcio entre columnistas (La mayoría contra la reelección) y opinión (64% a favor según última encuesta de invamer y subiendo) es “inocente” y no hace sentido.

Tampoco lo hace, acusar a este gobierno o a cualquiera de tener en cuenta a la opinión pública para gobernar. A menos que se quiera usar tal acusación como insumo político. Sería tan inútil como acusarle por “escuchar a la gente” perdiendo doblemente quien acusa.

¿Lo que yo quiero es lo que quiere la gente? ¿Cómo hacer converger mi propio interés con el de todos o la mayoría? Esta no es una pregunta para Rousseau, quien la respondió, sino para quienes hacen política o la analizan solamente con sus propios deseos. Quien gobierna bien, gana. Quien además lo hace con la opinión, acierta.

Posdata:

La corte Suprema cambia su jurisprudencia el mismo día que se define la reelección en el Congreso; a continuación este discute un proyecto de Ley para que a sus miembros no los juzgue la Corte. Si esto sigue ¿Quién dirá la última palabra?¿Será útil saber quien se deslegitimó primero?

¿Vale todo contra el referendo?

Por: Luis Carvajal Basto

La Corte Constitucional no es el Congreso, pero las presiones para que no atienda la solicitud de millones de colombianos que firmaron por el referendo, apenas comenzaron, como ocurrió allí, y tienen el mismo objetivo: presionar o dilatar una decisión.

Las triquiñuelas para ganar o perder tiempo hacen parte hace siglos de las estrategias parlamentarias. A eso han jugado sectores de la oposición para impedir que sea votado y que las mayorías se expresen. De eso se trata.

Pero han pasado cosas peores, desde la coincidencia entre los cambios de jurisprudencia de la Corte Suprema y las capturas y allanamientos a congresistas el mismo día de la votación del referendo, hasta la deformación de la verdad por parte de medios tradicionalmente objetivos.

¿Se habría perjudicado la Justicia si demoran unas horas esas medidas para no intimidar a los congresistas? ¿No se perjudicó más dejando en el ambiente el mensaje de una clara intervención en política? Porque la Corte debe saber que una cosa es el congreso como Institución y muy otra las conductas de sus miembros.

Quienes por años hemos sido lectores de la revista Semana quedamos desconcertados con lo que viene ocurriendo, desde el editorial que fijó postura frente a la reelección, rompiendo una tradición. La semana anterior tituló, a propósito de Bariloche “Colombia aislada”. Además de la declaración final que se explica en sí misma, millones de Colombianos vieron que Colombia no solo sigue en Unasur, sino que el respeto a sus decisiones soberanas fue explicito por la mayoría de Presidentes, como es apenas natural.

¿Aislada de quien? ¿De los Estados Unidos, con quien se firmó el acuerdo?, De la Unión Europea de Sarkozy, Merckel y Zapatero?¿ De los BRICS, incluido Brasil cuyo congreso condenó recientemente, los excesos de Chávez?¿De China y Japón, con quienes tenemos excelentes relaciones y acuerdos vigentes? ¿ o será de la ciudadanía de los países Andinos, en los que según una encuesta reciente, Uribe es más popular que sus contradictores?

Que políticos y politiqueros usen temas de Estado para conseguir sus intereses no es una práctica saludable en ninguna democracia, pero que hagan lo mismo un medio tan importante y respetado y nuestra Corte Suprema, debe colocarnos en alerta para lo que se viene con el referendo en la Corte Constitucional.

Las reglas con que se deslegitima un derecho ciudadano son agredidas sin pudor, empezando por el respeto a los fueros, el de expresarse y participar de los ciudadanos y el fundamental de las mayorías. Aterran llamados claros a transgredirlas, como el que hace el ex Ministro Hommes, ahora calificado vocero anti- referendo, en su última columna, según el cual “No es el momento para ser complacientes con la democracia a la colombiana, ni con la voluntad de las mayorías, sino que hay que pasar de alerta amarilla a alarma roja”.

¿Cuál será la versión de democracia más acorde con los deseos de personas como el ex Ministro?¿Cuál en la que la soberanía popular la ejerzan minorías o predestinados como él mismo?´ ¿y si no es con las mayorías, cuál es la interpretación “correcta” con la que debemos ser complacientes? ¿La “alerta roja” incluye presionar a la Corte Constitucional, como lo hace, a descalificarla, como lo han hecho ya otros o “apenas” a denostar de ella por anticipado, por si acaso reconoce los derechos de millones de ciudadanos que firmaron?

En medio de tanta turbulencia en el ambiente, la Corte Constitucional debe pronunciarse y lo menos a que podemos aspirar los colombianos, firmantes y no firmantes, es a que se respete, de todas las formas y maneras, su fuero. Quienes no quieren una votación, además de un fallo adverso, se conformarían con que fuese extemporáneo. La Corte y el país lo saben.